¡Que se haga justicia contra la circular 22/23 de ANSES!

Basta mirar un poco hacia atrás para darnos cuenta los tremendos cambios a los que el hombre ha tenido que adaptarse para aprender a vivir y convivir con la complejidad del mundo actual.

Uno de los cambios más complejos a los que hemos tenido que adaptarnos viene de la mano de la IA (inteligencia artificial).

La inteligencia artificial ha sido una de las tecnologías más disruptivas de los últimos años. Desde la automatización de procesos hasta la creación de robots autónomos, la IA ha transformado la forma en que trabajamos y vivimos. Sin embargo, esta tecnología también ha generado preocupaciones sobre el futuro del empleo.

Muchos temen que la IA reemplace a los empleados humanos en una amplia variedad de trabajos.

También está transformando y teniendo un impacto significativo en la seguridad social. La seguridad social es un sistema que proporciona protección financiera y de salud a las personas en momentos de necesidad, como la jubilación, la discapacidad y el desempleo.

La IA está cambiando la forma en que se administran y se financian los programas de seguridad social, y también está afectando a los trabajadores y beneficiarios de estos programas.

Una de las formas en que la IA está impactando en la seguridad social es a través de la administración de los programas.

Los sistemas de inteligencia artificial pueden ayudar a los administradores de la seguridad social a procesar solicitudes y determinar la elegibilidad de los beneficiarios de manera más rápida y eficiente.

Por ejemplo, los sistemas de IA pueden analizar grandes cantidades de datos para determinar si un solicitante cumple con los requisitos de elegibilidad para un programa de seguridad social.

Esto puede ayudar a reducir los errores y el fraude en la administración de los programas de seguridad social.

Argentina viene adecuando los servicios del Estado y mudando esos servicios hacia distintas plataformas que van reemplazando al ser humano.

AFIP y ANSES son el más claro ejemplo de ello.

Basta con cargar un par de datos en las plataformas de cada una de estas entidades para tener el más completo informe de cada uno de los habitantes del país. Incluso basta con operar las plataformas para liquidar impuestos, calcular deudas, iniciar reclamos y expedientes, incluso para tomar un crédito.

Así, automáticamente se acredita el importe de la cuenta del beneficiario, sin necesidad de ningún otro tramite ni requisito, pues todo está en la base de datos, en el caso particular de ANSES.

Pero, ¿qué pasa cuando el reclamo no está previsto en las opciones de la inteligencia artificial? ¿te pasa que cuando llamas a un servicio de telefonía o internet y no se encuentra la opción que tenga que ver con el reclamo a realizar?

¿Te pasa que esperás ansiosamente la opción de comunicarse con un representante?

Queremos escuchar a un ser humano, para explicarle lo que nos pasa y creemos que así tendremos una mejor comprensión y solución a nuestros problemas.

El ser humano sin dudas no puede ser reemplazado por más digitalización que se pretenda, siempre necesitamos a una persona que nos escuche.

De ahí el hecho que la inteligencia artificial podrá hacer de procesos automáticos más rápidos y eficientes, pero nunca debería reemplazar al ser humano.

A la vez que tampoco se debería pretender reemplazar a quién con los conocimientos técnicos y académicos suficientes vaya a representar a un ciudadano en el ejercicio legítimo de sus derechos.

El abogado no podrá ser reemplazado por la inteligencia artificial porque es quien con el conocimiento técnico suficiente y mediante el proceso cognitivo del razonamiento y pensamiento podrá en todo caso adecuar las normas vigentes a los legítimos derechos de los clientes.

Pretender borrar la acción de la abogacía en el ámbito del estado es ante todo la más peligrosa violación de los principios, derechos y garantías constitucionales tanto desde el ciudadano a ser defendido en sus reclamos, como de los profesionales del ejercicio de la profesión.

En esta semana salió una circular en ANSES mediante la cual "no permitirá" el ingreso de los abogados a sus oficinas en todo el país, a iniciar los expedientes de los clientes sin la presencia física de los representados.

Es una circular que sin lugar a dudas deberá ser declarada inconstitucional por ser peligrosamente contraria al orden jurídico vigente, y además por violar derechos no solo de la carta fundamental sino además de las leyes que reglamenten el ejercicio profesional del abogado.

Aquel profesional que se presenta ante las oficinas de la UDAI con un poder suficiente para iniciar el expediente de jubilación de un cliente tiene la potestad por imperio de la ley para representarlo y defenderlo a la hora de iniciar su beneficio previsional.

Ordenar lo contrario es arbitrario, ilegal y contrario a los intereses de los ciudadanos en general y de los profesionales del derecho.

El código civil que en rango tiene mayor jerarquía que la circular que ANSES pretender arbitrariamente hacer cumplir a partir de este mes de mayo, regula específicamente los alcances de los poderes otorgados de acuerdo a las formalidades de la Ley, a quienes los abogados representan.

Esta es una profesión que no puede ser reemplazada por un sistema informático de procesamiento de datos para la obtención del beneficio previsional, porque todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial está a prueba.

Nada garantiza que el mismo sistema de creación humana no tenga errores (que de hecho suceden) que impida a un adulto mayor acceder "injustamente" a un beneficio previsional.

Sin lugar a dudas esta circular, que ya dio pie a innumerables reclamos de los colegios de abogados de todo el país, en los próximos días va a ser objeto de innumerables demandas contra el Estado nacional por el impedimento al ejercicio de la profesión a la vez del impedimento propio a los ciudadanos.

Con el objetivo de ser representados por un abogado a la hora de defender los derechos ante el máximo órgano de la seguridad social, lo que es fundamental temiendo en cuenta que se trata del futuro de la persona en su etapa de la vida de mayor vulnerabilidad.

Esas demandas van a generar mayor costo económico para el Estado, por lo que tamaña pretensión ocasionará, sin lugar a dudas, otro gran impacto económico en su contra.

A su vez, considero que más daño ocasionará a los ciudadanos que se verán impedidos de ser legalmente representados por sus abogados y a los abogados a ejercer, como corresponde, su profesión.

Con el poder, con las formalidades de la ley, el ciudadano no necesita estar presente porque su representante tiene facultades suficientes para, en su nombre, iniciar el beneficio previsional correspondiente, así lo dicen la Constitución nacional y las leyes correspondientes dictadas en consecuencia.

¡Ojalá en pocos días se haga justicia!

(*) Abogada, egresada de la UNNE. Directora de Zarza & Asociados.

(Sigue en la página 23).

Por Silvia Zarza