Aníbal, la lengua larga y la libertad de expresión

Dr. Jorge Buompadre/ Colaboración

Los argentinos -tengo esa impresión- ya estamos cansados de este tipo de personajes (al menos yo lo estoy), pero más allá del agotamiento intelectual que producen las expresiones o discursos, hablados o escritos, de este señor, seguramente muchos se estarán preguntando si aquella delirante frase implica una conducta delictiva o no, vale decir, si encaja o no en lo que se conoce como "discurso de odio", arenga que, en mi opinión, en ciertas y determinadas oportunidades es la antesala del denominado "delito de odio".

Mal que nos pese, las peroratas de este patotero serial, debo reconocer que la frase -aun cuando, claramente, configura un discurso preñado de odio-, no es delito en Argentina, por una sencilla razón, porque tiene la cobertura de la libertad de expresión, sin superar el umbral de lo legalmente permitido.

Toda manifestación crítica o contraria a ideas u opiniones dominantes en una sociedad determinada, aún cuando fueren incómodas o molestas para ciertos sectores o personas individuales, no presupone, por ese solo hecho, que se califique como un discurso de odio respecto del cual deba intervenir el derecho penal, por cuanto ello implicaría una severa cortapisa a la libertad de crítica y de opinión.

El odio en sí mismo, esto es entendido como una actitud interna de un sujeto que alberga desprecio, aversión, antipatía, hostilidad, etc., hacia otra u otras personas -aún deseándoles un daño- sin ninguna manifestación hacia el exterior que se traduzca en un comportamiento material que provoque un resultado dañoso a un bien jurídico o en un peligro de que ese resultado se produzca, no puede ser objeto de castigo por cuanto los pensamientos, las emociones, los sentimientos, no delinquen (cogitationis poenam nemo patitur).

Ninguna norma puede prohibir que una persona odie a otra o que desprecie a las personas en general, o a algún grupo en particular, inclusive tampoco se puede prohibir que una persona ame o quiera a un semejante; toda persona es libre de odiar (y amar) a quien le plazca, siempre que ese odio no escape hacia fuera en la búsqueda de incautos que pongan en ejecución ese odio.

Dicho de otro modo, la Constitución Nacional no prohíbe las ideas, aún las cargadas de odio y discriminación, por más execrables, infames y repugnantes que sean; es más, no solo no las prohíbe, sino que por imperio del artículo 19, las tolera y admite, siempre que no afecten o pongan en peligro derechos de terceros.

Según la legislación vigente en Argentina (especialmente en sentido penal) no es suficiente con el mero discurso del odio, es decir, la palabra hablada, escrita o expresada mediante cualquier signo o gesto (por ejemplo, mediante señas o gestos obscenos o a través de la tecnología de la información), que revele en el sujeto aversión o un ánimo hostil hacia el otro u otros, en forma individual o colectiva, sino que es necesario, además de ciertas consecuencias materiales, la concurrencia subjetiva de un ánimo o motivo discriminatorio.

No existe una normativa que castigue los discursos de odio en forma específica, pese a su reconocimiento en instrumentos internacionales incorporados a la Constitución Nacional (artículo 75.22), como la Convención América de Derechos Humanos, cuyo artículo 13.5 establece: "Estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional" o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo art.20.2 dispone: "Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley".

Esta es la suerte que tiene el señor Fernández. Vive en Argentina, un país democrático en el que debería -no solo como ciudadano, sino también, y mucho más como funcionario público- respetar los principios y valores que impregnan un sistema político institucional inspirado en la democracia y que tienen su fuente en la Constitución Nacional; un país en el que se puede odiar y amar en libertad sin que deba intervenir el Código Penal para educarnos social y culturalmente o indicarnos las pautas que debemos seguir en nuestros propios proyectos de vida.

Es más que notorio que el señor Fernández -sujeto conocido precisamente por sus habituales expresiones injuriosas para los demás- tiene el alma colmada de odio, lo ha puesto en evidencia infinidad de veces. Pero, claramente, es su problema (y, también, ciertamente el nuestro porque es funcionario público del Gobierno nacional), porque el odio daña, especialmente, a la propia persona que lo padece. Lamentablemente la Argentina de hoy está plagada de estos personajes, pero -insisto- aún así debemos mantenernos en el respeto a la ley y en el marco de este respeto está siempre vigente la garantía constitucional de la libertad de expresión, que siempre habrá de ser un paraguas protector de los discursos o la palabra hablada, escrita o difundida por las redes sociales, que tengan el odio o el desprecio hacia los demás como su fuente inspirativa.

El odio, para que configure un "discurso del odio" penalmente relevante debe reunir algo más que una simple expresión hostil hacia otras personas: debe ser -de acuerdo a nuestra legislación- un discurso discriminatorio, vale decir, la expresión del odio basado en la intolerancia con una dirección determinada. Debe tratarse de un odio motivado en algún signo o prejuicio identitario (raza, color, sexo, ideología política o religiosa), en relación con otra persona o un colectivo de personas. Esta es la suerte del señor Fernández: el odio en sí mismo, sin consecuencias exteriores, es inmune al derecho penal; el odio discriminatorio, no.