La mal llamada moratoria que no resulta ser inclusiva

Muchos son los interrogantes de las personas que no pudieron jubilarse con la moratoria que venció el 31 de diciembre de 2022, anticipo que se debe aguardar a la reglamentación que se realizará por ANSES y AFIP. Todavía no hay un mecanismo aprobado para ello, pero de la letra de ley podemos anticipar ciertas críticas al respecto.

Es importante aclarar que no es una moratoria previsional propiamente dicha, dado que no se trata de la regularización de deudas del pasado que corresponda a la historia laboral de la persona, sino que se trata de un plan de pagos de aportes previsionales no ingresados al sistema previsional a lo largo de la vida laboral de la persona.

El futuro jubilado estaría comprando, en el presente, aportes que necesita para jubilarse. Parecería entonces que es irrelevante el hecho que la persona haya trabajado realmente o no, lo relevante es que necesita jubilarse porque llegó a la edad requerida por la ley, pero no completa los años de aportes necesarios, que son 30 años.

Entender esto nos lleva a reflexionar sobre las posibles desventajas del sistema.

En primer lugar, una de las principales desventajas de esta nueva moratoria previsional es que no se trata de un plan de inclusión previsional, sino más bien de un mecanismo que permite a aquellos que no han cumplido con sus obligaciones previsionales acceder a una jubilación o pensión. Esto significa que quienes sí han cumplido con sus obligaciones previsionales y han realizado aportes a lo largo de su vida laboral, no tendrán el mismo beneficio que quienes no lo han hecho.

En segundo lugar, otro de los problemas de esta moratoria previsional es que se trata de una medida que incentiva la informalidad laboral, ya que aquellos que trabajan en la economía informal no están obligados a realizar aportes previsionales. Por lo tanto, esta moratoria puede ser vista como una recompensa para quienes han incumplido con sus obligaciones previsionales y no como una medida que promueva el cumplimiento de las mismas.

Otra de las desventajas de la nueva moratoria previsional es que puede generar una mayor carga financiera para el Estado, ya que al permitir el acceso a la jubilación o pensión de aquellos que no han realizado aportes, el Estado deberá hacerse cargo de los costos correspondientes a dichos beneficios. Esto puede generar una mayor presión sobre las finanzas públicas y reducir los recursos disponibles para otros sectores importantes, como la salud o la educación.

Además, esta moratoria puede generar un efecto negativo en el sistema previsional, ya que puede desalentarse a aquellos que sí han cumplido con sus obligaciones previsionales y han realizado aportes a lo largo de su vida laboral. Esto podría generar una percepción de injusticia y desigualdad en la sociedad y disminuir la confianza en el sistema previsional.

Por último, es importante destacar que la nueva moratoria previsional no soluciona los problemas de fondo del sistema previsional argentino, que necesita reformas estructurales para ser sostenibles en el largo plazo. Por lo tanto, aunque pueda representar una solución temporal para algunas personas, no es una solución a largo plazo.

Incluso en su aplicación, es fundamental que la persona sea asesorada por especialistas en la materia, dado el impacto económico que puede significar para el futuro jubilado, por el compromiso que va a asumir, por los plazos para el pago que puede extenderse hasta diez años y por el valor de las cuotas que puede llegar a significar hasta un 25% del total de sus haberes, a los que habrá que sumar el descuento por obra social.

Bien se dice entonces, y vale insistir en ese concepto, que no se trata de una ley de inclusión previsional como lo fueron las moratorias de la Ley N°24.476, que aún hoy se encuentra vigente y la Ley N°26.970, que perdió su vigencia el 31 de diciembre de 2022.

Lamentablemente, los legisladores tuvieron más de un año para estudiar y evaluar la mejor salida, más justa, razonable, más integral y sustentable para lo que es el sistema previsional argentino. Esta ley tiene más sabor a recaudación que inclusión, más sabor a inconstitucional por contradecir a primera vista principios, declaraciones y derechos de la Constitución Nacional, en la que el Estado nacional se compromete a asegurar a los ciudadanos la jubilación digna para cubrir las contingencias de la vejez. Con esta ley lo que se asegura a simple vista es que muchas personas podrán acceder a un beneficio previsional que podría llegar a ser inferior a una Pensión Por Adulto Mayor, que es uno de los beneficios que otorga uno de los más bajos ingresos para nuestros abuelos.

En conclusión, la nueva moratoria previsional, sancionada en Argentina el 28 de febrero de 2023, posee importantes desventajas que deben tenerse en cuenta. No se trata de un plan de inclusión previsional, incentiva la informalidad laboral, puede generar una mayor carga financiera para el Estado, puede desalentar a aquellos que sí han cumplido con sus obligaciones previsionales y no soluciona los problemas de fondo del sistema previsional. Por lo tanto, es necesario evaluar cuidadosamente sus implicaciones y considerar alternativas que promuevan un sistema previsional más justo, equitativo y sostenible.

Esa ley es la que esperamos con la próxima conformación de los miembros de las cámaras legislativas que se renovarán en este año.

(*) Abogada. Egresada de la UNNE. Directora en Zarza y Asociados.

Por Silvia Zarza