El abrazo al Congreso por la ley de moratoria previsional

El famoso grito popular, con el tiempo quedó arraigado a la cultura chamamecera y dando identidad a una de las principales comparsas, ganadora de los carnavales edición 2023 de la ciudad de Corrientes, Capital Nacional del Carnaval.

Pero terminada la fiesta, en el fondo sigue la preocupación por los veintiún mil correntinos que este año no van a poder jubilarse de no aprobarse la nueva ley de moratoria previsional, a los que podemos agregar los veintidós mil trabajadores de Chaco, veintidós mil de Misiones, diecisiete mil de Formosa.

Serán 82.000 personas de todo el Nordeste que quedarían afuera del sistema previsional argentino, que se destaca por ser un sistema basado en el principio de solidaridad.

El miércoles pasado, las organizaciones de jubilados con representación en la ciudad de Buenos Aires realizaron una manifestación frente al Congreso Nacional, en solidaridad por los ochocientos mil trabajadores que este año no van a poder ingresar al sistema jubilatorio por no poder completar sus aportes, que según la Ley 24.241 deben ser por 30 años, pidiendo expresamente se sancione la ley de moratorias, en esa manifestación que seguramente tuvo repercusión en todo el país, seguro no faltó el grito de sapukái de los correntinos abrazando también el Congreso para que sea ley.

A lo largo de los últimos meses del año 2022, cuando se acercaba el fin de la moratoria vigente para mujeres prevista en la Ley 26.970, los abogados previsionalistas de todo el país manifestamos nuestra preocupación por la cantidad de hombres y mujeres trabajadores que a lo largo y ancho de todo el país quedarían sin la posibilidad de acceder a la jubilación.

Se frustraron las últimas reuniones de la Cámara de Diputados de la Nación en la que aspirábamos que se sancione la ley previsional. Finalmente estamos nuevamente con la expectativa de que el próximo martes 28 de febrero ese proyecto, ya aprobado por la Cámara de Senadores, sea aprobado por la Cámara de Diputados y sea ley para que casi un millón de personas puedan acceder a la jubilación.

Es la última chance de que sea aprobada en la convocatoria a sesiones extraordinarias, puesto que el decreto de convocatoria claramente establece un período que terminará el 28/02.

Hoy en día sólo se encuentra vigente la moratoria previsional de la Ley 24.476, y por la que se puede regularizar aportes hasta 1993, de modo que los varones no pueden liquidar más que unos 16 o 17 años y las mujeres entre 12 y 13 años. Esto coloca a una gran masa de trabajadores en situación de vulnerabilidad porque, habiendo trabajado toda la vida, y por distintas razones no se efectuaron los aportes al llegar a la tercera edad, no pueden acceder a los beneficios de la seguridad social que precisamente tiene como principal objetivo cubrir las contingencias de la vejez, etapa de la vida en que las personas se encuentran con mayores dificultades para proveerse las necesidades básicas de alimentos, salud, vivienda, etcétera.

Otro de los obstáculos que debe sortear un trabajador a la hora de jubilarse y precisar utilizar la moratoria vigente es que a partir del año 2017 se debe realizar una evaluación socioeconómica, y si no pasa esa evaluación no puede utilizar la ley para regularizar aportes.

Esto resulta, sin lugar a dudas, inconstitucional e injusto porque además de dejar a la persona sin poder acceder al sistema de la seguridad social, la evaluación se hace por sistema electrónico y sin posibilidad de ejercer adecuadamente el derecho constitucional de defensa. Se trata de una paso previo, arbitrario, establecido por una serie de reglas y sin tener en cuenta un sinnúmero de situaciones por las que debe pasar la persona en un mundo tan complejo como el que nos toca vivir, como para dar un solo ejemplo en infinidad de situaciones, muchas personas realizan compras de medicamentos y alimentos a la vez que los pagos de distintos servicios de sus padres, que no pueden o no saben hacerlo por medios electrónicos, lo que hará que sus movimientos de cuentas y tarjetas no reflejen la realidad de gastos de la persona que después no podrán hacer uso de la moratoria por no pasar satisfactoriamente la mencionada evaluación.

Es injusta e inconstitucional además porque antes de la reforma, la ley originariamente no requería esa evaluación, por lo que muchas personas pudieron acceder a la jubilación superando el tope de la situación de vulnerabilidad que hoy pone esta restricción.

Por movimientos de tarjetas, cuentas bancarias, propiedades o bienes registrables, un empresario dueño de una PYME o un profesional de cualquier actividad no podría jubilarse, cuando el derecho a acceder a una jubilación es universal, así lo establece la Constitución Nacional Argentina. La Carta Magna no discrimina, puesto que la protección de la seguridad social es para todos los habitantes que se encuentran en edad de jubilarse.

El pueblo argentino es solidario por naturaleza, tal vez fue ese valor el que convocó a los ya jubilados a ayudar a los jubilados que vendrán para que los representantes del pueblo en el Congreso Nacional comparezcan a sancionar esa ley de moratoria previsional que no sólo favorecerá a casi 100.000 personas en la región, sino además implicará un valioso movimiento económico en el mercado interno a fin de dar el puntapié inicial en la recuperación económica del país.

El 28 de febrero será el día en el que todos los argentinos deberemos decir presente para que se lleve con éxito la sesión de la Cámara de Diputados, a la vez que esperamos que la ley salga sin restricciones que coloquen a algunos argentinos de un lado y a otros fuera del sistema, que la solución sea para todos aquellos que se encuentren en edad de jubilarse y no tengan los años de aportes suficientes y puedan por medio de este remedio legal regularizar su historia laboral.

(*) Abogada, egresada de la UNNE. Directora de Zarza & Asociados.

Por Silvia Zarza