¿Es válido un DNU prorrogando la ley de jubilación de amas de casa?
El Poder Judicial nos trajo alivio ante la condena de dos personas que asesinaron a un niño. Allí la Justicia se hizo presente, como seguramente se hará presente frente a los reclamos de cada uno de los jubilados o futuros jubilados.
Un decreto de necesidad y urgencia o DNU es una herramienta prevista en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución nacional para casos excepcionales. Si bien el texto constitucional establece que el Poder Ejecutivo Nacional no puede "emitir disposiciones de carácter legislativo" (artículo 76), aclara que "cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios" para la sanción de las leyes, "podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia".
El DNU fue incorporado en la reforma constitucional de 1994. En la práctica tiene carácter de ley, aunque para conservar su vigencia debe ser validado por el Congreso. La Ley N°26.122 estableció que el Parlamento no puede introducir modificaciones al decreto y la única manera de derogarlo es con el rechazo de ambas cámaras. Si el decreto no es rechazado, automáticamente se presume su vigencia.
Los constituyentes de la reforma de 1994, además, establecieron en la reforma que los DNU no pueden ser utilizados para temas penales, fiscales y electorales.
Desde el Gobierno nacional se está estudiando la posibilidad de que en caso de que en las sesiones extraordinarias del Congreso, no se sancione la ley de moratorias previsionales, se pueda dictar un decreto de necesidad y urgencia por parte del poder ejecutivo nacional, cuestión que comenzó a debatirse entre los distintos especialistas del país.
Muchos tributaristas cuestionan un posible decreto de necesidad y urgencia por el carácter impositivo de los mismos, mediante el cual se prorrogaría la Ley N°26.970, moratoria vigente hasta el 31/12/2022, a fin de que las mujeres de 60 años puedan acceder a la jubilación. Incluso algunos legisladores de la oposición al oficialismo habían cuestionado la ley que está en tratamiento en las sesiones extraordinarias por el impacto fiscal de las nuevas jubilaciones.
Vale la pena ver qué dice al respecto la Constitución Nacional, adelantando que no estoy de acuerdo con lo expresado por los especialistas en derecho tributario.
El artículo 75 de la Constitución Nacional comienza diciendo: "Corresponde al Congreso…: 19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.
Continúa en el inciso 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; entre otros.
Inciso 23 del mismo artículo: Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
A su vez el artículo 14 bis, última parte: El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.
Entonces, por el sistema republicano de gobierno y división de poderes, según la constitución nacional, es facultad del Congreso de la Nación legislar en materia de seguridad social. Y esa es una facultad que está expresamente prohibida al Poder Ejecutivo Nacional.
Ahora bien, con la reforma de 1994 se introduce la posibilidad de que el poder ejecutivo pueda dictar decretos de necesidad y urgencia siempre que estos no tengan el carácter penal, fiscal y lectoral.
La pregunta es si un DNU que prorrogue la moratoria 26.970 y permita que en el año en curso casi medio millón de mujeres puedan acceder a la jubilación ¿tiene carácter fiscal o no? Y si lo tuviera, pero tiene un fin muy superior como es asegurar la inclusión de medio millón de mujeres al sistema de seguridad social; en el conflicto de intereses ¿Cuál sería el de mayor impacto?
Respecto al primer cuestionamiento sobre si se trata de un tema fiscal o no, puedo afirmar que los aportes y contribuciones a la seguridad social no tienen ningún componente impositivo, no se paga impuestos cuando se aporta al sistema.
La seguridad social es un sistema al que, por el artículo 14 bis última parte, el Estado se compromete a asegurar a los habitantes de la nación, a fin de que al llegar a la vejez se puedan cubrir con las múltiples contingencias propias de la edad, que tiene que ver con la salud básicamente y con las necesidades básicas, asumiendo que en esa etapa de la vida los seres humanos no tienen las fuerzas necesarias para proveerse por sí mismos de dichas necesidades.
Las "moratorias" vigentes o anteriores y concretamente la que venció el 31/12/2022, no era un régimen de regularización de deudas impositivas. Se trataba de un régimen de regularización de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, como principio básico de sostenimiento del mismo y basado en la solidaridad, a fin de que los activos aporten al sistema para cubrir las jubilaciones de los que iban llegando a la edad de acceder al beneficio.
La historia de las crisis de nuestro país es más que conocida e incluso vivida por muchos argentinos, pero las consecuencias en materia de seguridad social se ven treinta años después, cuando la falta de aportes por falta de registración hace que no alcancen los 30 años para acceder a la jubilación.
Entiendo que son puntos de vista, pero el hecho que hoy sea la AFIP quien recaude los aportes, no le da la naturaleza de impuestos, siguen siendo eso "aportes y contribuciones a la seguridad social", con el objeto claro y especifico de cubrir con la contingencia de la vejez en la etapa de jubilación.
Hecha entonces la aclaración de que en mi opinión un DNU prorrogando la moratoria de la Ley N°26.970 de jubilación para mujeres no tiene un componente fiscal, por lo que lo haría perfectamente factible y válido, queda por desentrañar cuál sería el derecho o bien jurídico que se pretende proteger.
Claramente, el artículo 14 bis de la CN, cuando en su última parte establece que el Estado debe asegurar jubilaciones dignas para todos los habitantes del país, pone en cabeza del Estado la responsabilidad de asegurar que esos derechos se cumplan y si el Congreso Nacional no cumplió en tiempo y forma, tendrán que responder ante el pueblo soberano que delegó esas facultades, a fin de que se legisle, cumpliendo con los tratados internaciones de los derechos humanos y del hombre, asegurando jubilaciones dignas, con justicia social, para cada uno de nosotros. Pero además se trata de una cuestión que debe resolverse con carácter urgente porque una de cada diez mujeres que este año cumplen los 60 años y tres de cada diez hombres, no podrán acceder a una jubilación.
Los integrantes del Congreso seguramente algún día responderán por sus actos, pero la necesidad y la urgencia para cada una de esas mujeres es hoy y es el Estado quien debe acudir a cubrir esas necesidades.
Finalmente, si el Congreso o el Ejecutivo no responden, será la Justicia quien pueda restablecer el orden jurídico subvertido; poder judicial que hoy nos trajo alivio ante la condena de dos personas que asesinaron a un niño inocente, la Justicia se hizo presente, como seguramente se hará presente frente a los reclamos de cada uno de los jubilados o futuros jubilados.