Cómo fue la senda del reclamo correntino por la coparticipación

En medio de la discusión entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la restitución de puntos de coparticipación, algunos distritos provinciales salieron a reclamar los pendientes del reparto federal. Tal fue el caso de Corrientes, cuyo gobernador, Gustavo Valdés, recordó que a la provincia se le quitó un punto en 1987.

El reclamo recae en la discusión política porque Corrientes adoptó compromisos que le impiden ir por la vía judicial. Una posibilidad es acordar un mecanismo de compensación, tal como lo ha logrado La Rioja a través de partidas en el Presupuesto nacional o Buenos Aires mediante el Fondo del Conurbano. Sin embargo para un distrito opositor al espacio político de la Casa Rosada no se ha materializado una salida similar.

"Lo más justo en esta deuda sería que nos devuelvan el punto de coparticipación que anda dando vueltas", dijo Gustavo Valdés en abril del año pasado, a propósito de la demanda que presentó el Gobierno porteño contra el Estado nacional por la restitución de puntos. "En 1987 hubo tres jurisdicciones que retrocedieron respecto a las otras, que son la provincia de Buenos Aires, La Rioja y Corrientes", recordó el Mandatario quien reeditó el reclamo hace unas semanas atrás luego de conocerse el fallo.

Anteriormente, cuando Horacio Rodríguez Larreta visitó la provincia, el radical había apuntado contra la administración nacional al considerarla "centralista". Entonces ambos habían enarbolado un discurso relacionado con la defensa del federalismo.

Similar defensa levantó ayer el chaqueño Jorge Capitanich pero, contrariamente, para atacar la estrategia del Gobierno porteño y respaldar al presidente Alberto Fernández en dar inicio a un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

El máximo tribunal dejó en evidencia en su reciente fallo que queda pendiente una nueva ley de coparticipación. Este fue un punto de exigencia de Misiones que también reclama un punto porque dicha reforma pareciera que quedará lejana en un contexto de polarización política.

Corrientes también había reclamado, al igual que San Luis, Santa Fe y Córdoba. En 2009 durante el gobierno del radical Arturo Colombi, se dio inicio a un reclamo judicial por el reparto. La Provincia planteó a la Corte Suprema que el piso de distribución se eleve al 34%. Eran tiempos en que el entonces Gobernador había abandonado la concertación con el kirchnerismo a favor del cobismo tras el conflicto de Nación con el campo por las retenciones móviles.

Un año después, su primo, Ricardo Colombi, firmó un Programa de Desendeudamiento con Cristina Kirchner y se suspendió la vía judicial. De esta manera se evitó retenciones automáticas a la coparticipación y logró refinanciar el 90% de la deuda correntina con el Estado nacional.

En 2015 la Corte Suprema de Justicia falló a favor San Luis, Córdoba y Santa Fe por las retenciones de la coparticipación. El máximo tribunal ordenó que el Estado nacional debía restituir aproximadamente $80.000 millones por el 15% de quita.

Esto derivó a que el gobierno de Mauricio Macri acordase una devolución con las demás jurisdicciones, entre ellas, Corrientes. Así, en mayo de 2016 las provincias firmaron un histórico acuerdo con Nación. Así, a poco más de un mes de la rúbrica, Corrientes sancionó la ley provincial que homologó el recupero en cuotas de la deuda del reparto federal.

Más adelante, con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, se reeditó el Pacto Fiscal que los Gobernadores habían acordado con Mauricio Macri, al cual adhirió Corrientes. La diferencia es que en lugar de reducir las alícuotas correspondientes a los tributos provinciales, esta vez el Ejecutivo nacional les permitiría aumentar.

En el nuevo Consenso Fiscal se aumenta la masa coparticipacible de las provincias a través de compensaciones. Las jurisdicciones que rubricaron el acuerdo, en la que se incluye Corrientes, se comprometieron a no iniciar demandas contra el Estado nacional, motivo por el cual CABA no adhirió.

Entregaron pedido de juicio político

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se reunió con diputados del Frente de Todos para dar curso a la presentación del pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia. La solicitud cuenta con la adhesión de 11 gobernadores, entre ellos, el chaqueño Jorge Capitanich y el formoseño Gildo Insfrán.

En la tarde de ayer, Fernández citó a Olivos al titular de la bancada del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, y a la presidente de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, para entregarles el escrito oficial con el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y de los demás integrantes Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

El pedido de juicio político que hizo el Gobierno tiene 35 páginas y apunta a los cuatro ministros de la Corte Suprema. En líneas generales, el escrito los cuestiona por haber votado a favor de declarar la inconstitucionalidad de la Ley N° 26.080 - que redujo de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura- y haber restituido la ley anterior; como así por haber restituido los puntos de coparticipación a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el oficialismo no será un trámite sencillo ya que cuenta con escaso margen para obtener dictamen favorable en la comisión de Juicio Político de la Cámara baja nacional. Además durante su discusión en el recinto para la aprobación requerirá de los dos tercios, números que el Frente de Todos no posee. Luego, deberá pasar el pedido al Senado de la Nación, en el que también se necesita de una mayoría calificada para que el juicio político por presunto mal desempeño prospere.