Sin regalos para los jubilados

Todos en la familia, chicos y grandes, esperamos a las 12 de la noche para ese abrazo que nos renueva, que es como si fuera aquella fuerza que necesitamos para encarar con renovadas energías el año que una semana después va a iniciar.

Después de la algarabía del abrazo inmediatamente corremos al arbolito para descubrir los presentes, que Papá Noel dejó para los niños y a veces también para los grandes.

Niños y abuelos son los privilegiados en estas fiestas y reuniones familiares donde parece que la paz y el amor reina en nuestros corazones dejando de lado toda disputa, diferencia o grieta entre nosotros. Este año especialmente esperábamos dos regalos para los abuelos.

Uno de los regalos esperados era la sanción de una nueva ley de moratorias para que más de un millón de personas que, por cuestiones ajenas a su voluntad, no pudieron completar sus aportes para acceder a la jubilación. En ese millón de personas se encuentran una gran cantidad de mujeres, para quienes a partir del 31/12/2022 dejará de estar vigente la moratoria a la que pueden acceder para completar los años de aportes exigidos por la ley y obtener los beneficios de la jubilación.

El quórum necesario para reunirse en la cámara de diputados no fue posible por la ausencia irresponsable de algunos representantes del pueblo que anteponen sus propios intereses, a los intereses de sus representados. Razón por la cual quedamos sin ley hasta quien sabe cuándo.

El otro regalo esperado tenía que ver con esa esperanza de equilibrio jurídico cuando la Constitución Nacional y Provincial se encuentran vulneradas, que ponemos en manos de la Justicia, convencidos en cada escrito presentado que "se hará justicia".

Se esperaba el pronunciamiento de la Corte Provincial de Corrientes respecto al reajuste de haberes de jubilada. En el convencimiento de la progresividad del derecho, se esperaba una fórmula mejorada en cuanto a la determinación del haber inicial del jubilado, a la vez que el pronunciamiento respecto a los rubros no remunerativos que se solicitaba integren el haber sobre el cual se calculara el sueldo del futuro jubilado.

Lejos de las previsiones, teniendo presente que la mencionada Corte provincial había sentado jurisprudencia desde hacía más de una década respecto a la progresividad de los derechos, a la aplicación de la declaración universal de los derechos de los adultos mayores con raigambre constitucional, a principios de diciembre se dictó sentencia en la causa "L.N.S. C/ Instituto de Previsión Social de la Provincia de Corrientes S/Amparo " en la que cambia su jurisprudencia de una manera radical estableciendo nueva fórmula para la determinación del haber inicial.

En la Ley Provincial de Jubilaciones Número 4917 se establecía que el haber inicial sería determinado por el mejor cargo ejercido por el agente dentro de los últimos 48 meses y si no alcanzaba a esa cantidad se debía prorratear entre los haberes del agente de los últimos 120 meses (10 años). En ningún caso se paga cargo simultáneo salvo las excepciones previstas. Esa ley sufrió reformas con la intervención federal del año 2000, mediante los decretos 22 y 167. En el primer caso suprime el mejor cargo y manda a prorratear por 240 meses del historial laboral del agente (20 años) y en el segundo caso manda a efectuar el prorrateo a los fines de la determinación del cargo base en consonancia con lo establecido por la Ley Nacional de Jubilaciones.

En síntesis y en líneas generales, de los tres posibles resultados opta por el intermedio de la primera parte del Artículo 3 del Decreto Ley 167/2000, es decir que a partir de ahora el cargo base y haber inicial de todo agente de la administración pública para el que le sea aplicado la Ley 4917 a la hora de jubilarse será determinado según el resultado que arroje el prorrateo de los últimos 120 meses del historial laboral del agente.

Consideran los jueces de la corte provincial que la fórmula anterior de tomar a los efectos de la determinación del cargo base los importes resultantes de los mejores cargos de los últimos 48 meses, no refleja la verdad de la historia laboral del agente y que constituye un enriquecimiento ilícito por parte del mismo en detrimento de la caja de jubilaciones que debe velar por la sustentabilidad del sistema para garantizar el acceso a todos los que se encuentran en condiciones de acceder a la jubilación.

Además de considerar detalladamente los acuerdos firmados entre las provincias y el gobierno federal a fin del traspaso de las cajas a la Caja Nación administrada por la ANSES, situación que en Corrientes no se dio debido a que desde el Ejecutivo provincial se negaron a cumplir con ese traspaso manteniendo autonomía en cuanto a la administración de la caja provincial, pero firmando acuerdos bilaterales a fin de que el Gobierno nacional colabore para evitar el desfinanciamiento de las caja.

Consideran los jueces provinciales que las cifras millonarias que debe afrontar el IPS frente a reclamos de jubilados que tienen un cargo base muy alto por haber aportado sólo 48 meses en ellos, produce un claro y evidente desequilibrio económico a lo que debe sumarse las cifras millonarias en retroactivos y honorarios de abogados.

Pone en tela de juicio la aplicación del derecho declarado de la igualdad ante a ley.

Estado = jubilado. Nunca se puede aplicar la igualdad ante tamaña desigualdad. Nunca podrá compararse al Estado con un jubilado.

Respecto a la aplicación de los 48 meses para la determinación del cargo base, tiene que ver, sin lugar a dudas, con la carrera administrativa del agente. Parece que las cuentas, aquí, son bastante sencillas, si tenemos en cuenta por ejemplo a un docente que en los últimos cuatro años de carrera accede a un cargo directivo, después de más de 20 años frente al grado, teniendo a la responsabilidad de la formación de más de 40 niños o adolescentes por cada curso. Tomar los últimos cuatro años para la determinación del cargo base ¿sería un enriquecimiento ilícito o un criterio de justicia? ¿Y si el ejemplo fuera de un enfermero que en los últimos cuatro años llega a un cargo de director? ¿Y si fuera un policía?

La lista es larga si recorremos área por área de toda la administración pública provincial.

Por otro lado, razonable sería aplicar el criterio de progresividad del derecho. Y esto tiene sentido en la seguridad social, por varias razones, entre ellas surge como fundamental la imperiosa necesidad del Estado de asegurar una vida digna para los adultos mayores y la segunda tiene que ver con que los ascensos no tienen un sistema justo a fin de que el agente de la administración pública, probado que fuera de idoneidad y capacidad, pueda aspirar a los mismos a fin de que sus mejores cargos y "reflejen su historial laboral". Ya que muchas veces los agentes de las administración pública son becados por más de 10 años o contratados en forma muy precaria por esos 120 meses que luego serán tomados para la determinación del haber inicial.

En fin, ojalá el caso analizado llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ojalá "se haga justicia" para que el 2023 sea un año de consagración de los derechos fundamentales de los adultos mayores.

(*) Abogada. Egresada de la UNNE. Directora en Zarza y Asociados.

Por Silvia Zarza