La República Entrerriana

De esos reglamentos, el de corte castrense ya lo he historiado en el mes de septiembre y queda entonces por analizar el que regulaba la vida económica de aquella efímera república al que Gómez califica de "simple decreto dado en septiembre de 1820 a raíz del triunfo". Según el historiador que sigo, se trataba de "algunas disposiciones de gobierno sin correlación alguna" y aclara que los diez y seis artículos que lo componían estaban calculados "a suplir la acción administrativa de las depuestas autoridades de Corrientes". Sin embargo, al año siguiente, el "Bando" que establece el "orden" de la república ramiriana tiene uno de sus cuerpos, de 51 artículos, titulado "Orden Económico", aunque el tema se desgrana entrelazado con el "Orden Político".

Esto ya se observa al tratarse los movimientos de población porque los americanos o extranjeros que buscan establecerse deben dar cuenta previamente de su profesión y el trabajo a que quieran dedicarse. Vale aclarar que distingue entre americanos afincados o nativos de la república, entendiéndose como tales a los oriundos de la América Continental por un lado y a los del Río de la Plata por el otro. Descontados esos dos orígenes, el resto para establecerse comercialmente debe dar una fianza del 10% de sus intereses por cuatro años. Si se retiran antes de vencerse el plazo, la fianza es absorbida por la caja estatal. En caso de necesidad militar, si colabora a la defensa, se le devuelve la fianza y es reconocido como ciudadano "benemérito de la república".

El medio centenar de artículos del Orden Económico, al completo, está orientado a lograr el acopio de recursos como sea. Todo tiene un precio y para todo está fijado un precio, y considerando las aspiraciones de Ramírez se reserva un trato especial para quienes se muestren dispuestos a servir bajo sus banderas.

La producción también está regulada. Todos los niveles de autoridad están obligados a fomentar la ganadería de bovinos, equinos y ganados menores. Se prohíbe la matanza de vacas y yeguas mansas con fines a la multiplicación de los ganados. Se penalizan las faltas con la pérdida de la mitad del rodeo. Se les solicita moderación a los hacendados. Se prohíbe la extracción de cueros "torunos, vacunos y de baguales" sin la documentación que certifique la propiedad y esta ha sido vendida legítimamente. Se pena con $500 a los curtidores que adquieran cueros de becerro y la reincidencia es causa de expulsión de la república. De todos los pormenores de la producción ganadera son responsables los comandantes de cada departamento, que responden con sus empleos.

En materia agrícola, el Orden Económico ordena estimular la siembra de grano y obligar a cada vecino a plantar 50 árboles frutales cada año. El suministro de herramientas de labranza era responsabilidad del gobierno que proveería según las necesidades de cada departamento de modo acorde a la disponibilidad.

El movimiento de los frutos estaba seriamente regulado en materia de importaciones y exportaciones, incluso interdepartamentales (para las importaciones). Se debían obtener las licencias de papel sellado y si los efectos ingresaban por los puertos debían hacerlo acompañados de las guías correspondientes también selladas convenientemente. Las infracciones se sancionaban con el decomiso de las cargas.

El Régimen Fiscal es lo más extenso y complejo del reglamento estando centralizado en un Ministerio de Hacienda con un jefe de receptores y siendo un cuerpo emisor de fuerte tono burocrático que fijaba los formularios a emplear para rendir cuenta de las recaudaciones, los impuestos al papel sellado y sus clases y valores y demás. Este complejo mecanismo estaba destinado a extraer todos los fondos posibles para formar un Tesoro que quedaba en manos del Supremo que podía emplearlo discrecionalmente según quedara conformado luego del cobro de las rentas y su distribución.

El ministro de Hacienda era un funcionario que hacía las veces de tenedor de los libros y de cajero. Debía llevar en forma personal un "Libro Manual" en el que asentaba todas las partidas, un "Libro Auxiliar" en el cual registraba los ingresos, gastos y existencias de las receptorías, también un "Libro para asentar todos los despachos que el jefe supremo tuviese a bien expedir para empleos militares, civiles y económicos de la república" y, en un libro aparte, "llevará el ministro una cuenta y razón del papel sellado que distribuya a las receptorías".

Además debía llevar sus propios libros, a saber "uno por separado en que asiente literalmente todas las superiores órdenes", que debían imprimirse al fin de cada año, y agregarse al reglamento para su divulgación.

También preparaba, foliaba y entregaba a las receptorías los libros, controlaba que no realizaran operaciones particulares o paralelas, entregar los libros a los receptores que operaban como capitanes de los puertos, controlar las receptorías cuatrimestralmente, en persona o mediante delegación.

Otras obligaciones suyas eran entenderse con el gobierno en materia de ingresos, pagos e inversiones y presentar bimestralmente un estado de cuentas.

Lo secundaba un "visitador" que lo ayudaba a diario en la tesorería y estaba obligado a visitar las receptorías. Ambos eran responsables de los fondos y para ello la caja del estado debía ser muy segura y con dos llaves, las cuales quedaban en poder de cada uno de ellos.

Cualquier falsificación de sellos o firmas acarreaba la calificación de infamia "y la última pena".

Con respecto a los receptores, los nombraba "el jefe supremo" y eran pagados con fondos de las receptorías mensualmente. Para ejercer el empleo daban fianza ante el ministro y el último día de cada mes rendían cuentas. Siempre que el ministro lo requería entregaban fondos, se aseguraban de que en la receptoría hubiese una tablilla informando al público el monto de los derechos a abonarse.

Para el manejo de los fondos, se aseguraban que todo pago a efectuarse con los fondos de la receptoría llevase la firma del comandante. Tenían prohibido entregar dinero por órdenes verbales, salvo casos extraordinarios con intervención del Supremo. En los puertos, los receptores revisaban escrupulosamente los cargamentos. En punto a cobros, tiendas, almacenes y pulperías tributaban trimestralmente, los marchantes mes a mes. Si se los sorprendía cometiendo fraude, monopolio o desfalco eran castigados como reos de lesa patria.

Los comandantes eran los jueces de residencia de los receptores, no debiendo admitir débitos en partida alguna, ya que los receptores no podían fiar ni prolongar los plazos. Estas residencias se proponían mensuales, disposición que por su cortedad el mismo Ramírez pensó en su momento corregir sin llegar a hacerlo. Los comandantes respondían con su crédito de la limpidez de los controles a los receptores.

Finalmente, existen discrepancias sobre la autoría de esta normativa económica porque Según Ruiz Moreno pertenecía a la pluma de Cipriano de Urquiza, respondiendo al pensamiento de Francisco Ramírez. Sin embargo, Hernán Gómez asevera que "conforme a la documentación… que se conserva en el Archivo de Corrientes, la parte militar del reglamento es obra directa del General Ramírez y la política y económica del ilustre político correntino Dr. José Simón García de Cossio".

En definitiva, así como la compulsa de la normativa militar pautada por Juan José Fernández Blanco en 1821 evidencia claramente la influencia del Reglamento ramiriano, queda por cotejar en qué medida sucedió lo mismo con su legislación económica que a lo menos en lo que hace a las pautas centradas en las actividades pecuarias, prima facie, acorde asimismo al Registro Oficial de 1821, también podría haber servido de modelo.

Por Jorge Enrique Deniri

Junta de Historia de Corrientes