Junta Histórica de Corrientes
La República Entrerriana
Hablar de cómo concebía la sociedad y armaba su "caja" Pancho Ramírez es un tema que había quedado en veremos debido a las urgencias semanales sobre otras cuestiones y, poniendo aquella "República" dentro del contexto histórico, para aprehender el todo, si se quiere era una prioridad menor porque se vivían tiempos de batalla, todos los agrupamientos, todos los medios económicos reunidos y por reunirse eran consumidos en las hogueras bélicas.
Por eso mismo, la pluma magistral de Hernán Félix Gómez ha sintetizado lo que es conocido como un "reglamento" afirmando que se trata de "un simple decreto dado en setiembre de 1820 a raíz del triunfo (sobre Artigas) conteniendo algunas disposiciones de gobierno sin correlación alguna en los diez y seis artículos de que se compone, calculado a suplir la acción administrativa de las depuestas autoridades de Corrientes".
Esta normativa habría sido dada a conocer ya en 1894 por el gran historiador Martín Ruiz Moreno en la Revista de Derecho, Historia y Letras que dirigía Estanislao Zeballos y también la hallamos en la obra de Hernán Gómez como Apéndice de "Corrientes y la República Entre - Riana". Gómez asimismo la reseña en sus "Instituciones de la Provincia de Corrientes".
En materia de Justicia se establecía que "…debía designarse un Juez Mayor, y 3 o 4 jueces menores para los "partidos", los que duraban tres años en sus funciones con facultades de hacer el padrón de estantes y habitantes del departamento. Debían entender en las causas criminales y civiles, los "menores" cuando lo cuestionado no excediese de 25 pesos y los "mayores" hasta 50 pesos, con apelación ante el Comandante Militar y el Gobierno Supremo, prohibiéndose presionar sobre los habitantes para desposeerlos del derecho de solicitar recta justicia".
Los jueces debían empadronar cada dos años. En enero a todos "los estantes y habitantes del departamento, con especificación de su patria, edad, estado y ejercicio". Los transeúntes eran objeto de un empadronamiento aparte, previo control de sus pasaportes.
La autoridad de los jueces estaba circunscripta a tres casos del fuero contencioso: "1° En riñas o pendencias sin mayor perjuicio de tercero… si resulta causa criminal de muerte o de grave peligro… 2° En materia de hurto o de violencia. 3° En demanda de contratos onerosos o por fraude o por falta de cumplimiento de algunos de los contratantes".
Se trataba de una Justicia de meros ejecutores, de limitada autoridad y jurisdicción, obligados a ejercitar ajustadamente la normativa impuesta; fieles ejecutores expuestos a perder sus cargos y a otras sanciones, no sólo por infracciones, sino también en caso de cometer errores.
La circulación estaba también severamente controlada por los comandantes que ejercían su autoridad sobre los movimientos de la población, autorizando a los americanos y a los extranjeros a radicarse en el departamento previa verificación de su condición, profesión y trabajo al que quisiera dedicarse antes de otorgar su autorización. Asimismo, las salidas de los departamentos se autorizaban acorde a lo pautado en unas "ordenanzas de papel sellado". Los comandantes, en forma conjunta con los jueces, fomentaban el establecimiento de poblaciones obligando a residir en ellas "las personas y familias errantes por la campaña", proceder que se replicaría mucho más adelante, mediado el siglo, a partir del gobierno de Juan Pujol. En aquel entonces, y por muchas décadas, la libertad ambulatoria y de asentamiento no existía. Además este "Reglamento" no reconoce garantía individual alguna.
Se pautan además normas especiales para los americanos (nativos del continente) y los extranjeros (los europeos).
Salvo que sean nativos o afincados tienen que dar una fianza por cuatro años para dedicarse al comercio. Si cesan en esa actividad antes de transcurridos cuatro años la fianza es absorbida por el fisco. Si participan en la defensa del territorio se les devuelve la fianza y son declarados "beneméritos ciudadanos de la república".
La producción también está bajo un severo control del estado. Todas las autoridades departamentales tienen la obligación de fomentar la ganadería bovina, equina y de ganados menores. Se prohíbe la matanza de vientres mansos y aún de las vacas y yeguas baguales, multando con la mitad del patrimonio. También se prohíbe la extracción de cueros sin la documentación que certifique que se trata de propiedades vendidas legítimamente. Se pena con elevadas multas a los curtidores que adquieran cueros de becerro y a los reincidentes se los pena con el "entrañamiento del país". Las sanciones llegan hasta el nivel de los Comandantes de Departamento, que según el caso pueden llegar incluso a perder sus empleos.
La normativa también se ocupa de la agricultura, cuyo fomento determina la necesidad de estimular la siembra de granos y obligar a cada vecino a plantar anualmente 50 árboles frutales. Como en todo lo demás, son los Comandantes quienes están obligados a solicitar del gobierno los útiles que requiera el vecindario para desarrollar sus labores agrícolas, que serían provistos "según permitan las urgencias del estado y las necesidades de…" cada departamento.
La importación y exportación de frutos también estaba estrechamente reglamentada, siendo obligatorias las licencias en papel sellado, según una reglamentación aparte, incluso para los movimientos interdepartamentales en el caso de las importaciones. Si el ingreso de los efectos se daba por uno de los puertos habilitados, era necesaria la guía correspondiente. Las infracciones se sancionaban con el decomiso de la carga.
El sistema de postas también estaba fuertemente militarizado. En cada departamento dependían de los Comandantes, quienes controlaban a los maestros de postas, aseguraban los chasques extraordinarios y correos y cobraban a los particulares por legua y por caballo, incluido el del postillón. Auxilios gratis sólo autorizaban el jefe supremo y los Comandantes por asuntos oficiales.
El maestro exigía el pasaporte a cada viajero antes de suministrarle caballos. Auxilio gratis sólo a quienes en el pasaporte tuviera la leyenda "Auxíliesele".
Según Ruiz Moreno, este reglamento habría sido elaborado por Cipriano de Urquiza respondiendo a la inspiración de Francisco "Pancho" Ramírez.
No obstante, Hernán Gómez afirma que mientras "…la parte militar del reglamento es obra directa del General Ramírez… "la política y económica" pertenece al "…ilustre político correntino Dr. José Simón García de Cossio".
En realidad, el mismo Ramírez en su correspondencia parece señalar la autoría de García de Cossio, cuando reclama que le sean enviadas "…todas las planillas hechas por Cossio y el reglamento de papel sellado hecho por él, que yo en un momento lo enmendaré todo".
Gómez busca justificar el indudable y notorio colaboracionismo de Cossio con Ramírez, que ya jugara un papel análogo durante el mandato de Artigas, afirmando que "el Reglamento Constitucional de la República Entre Riana fue la sanción del orden de cosas creado por el victorioso usurpador" y preguntándose "¿Cómo entonces aparecía escribiéndolo tan destacado hijo de Corrientes?
La explicación que da Gómez es: "Entendemos encontrarnos ante uno de esos casos de política práctica, entre no ser libre y estar gobernados por el capricho de un caudillo militar, y no serlo, pero ver que el orden social se ajusta a un orden solemnemente instituido de cosas. No cabe duda que es preferible la segunda de las hipótesis". Afirma además que "Corrientes no tenía… cómo elegir. Su interés vital, el comercio, sólo era posible en un régimen de paz a cualquier precio o en uno de victoria absoluta sobre su rival del sur, algo imposible desde que los tratados del Pilar la arrojaron indefensa en brazos de Ramírez. Era, por lo demás, hábil estratagema estimular a Ramírez, lanzarlo sobre Santa Fe y Buenos Aires y liberarse en el momento de la crisis".
En la próxima nota analizaré las pautas educacionales y religiosas del reglamento y su complejo régimen fiscal y de receptorías.
Junta de Historia de Corrientes