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Causa Derrumbe: los jueces dan la espalda a la Justicia
El fallo del Tribunal Oral Penal N°1 de la Ciudad de Corrientes decepcionó a los familiares de las víctimas. Es necesario separar la institución del Poder Judicial de las personas que la hacen funcionar.

Cuando la sociedad se refiere a la Justicia, pareciera que su voz no es asimilada por las personas que integran ese poder del sistema republicano de gobierno. Y fracasan con la respuesta a los reclamos de mediación ante un conflicto, perdiendo el fiel de la balanza y la venda que los representa.
La culpa no es de la Justicia como institución, sino de quienes son designados para hacerla funcionar de acuerdo a principios básicos, como el respeto a la vida y al trabajo digno. Ambos incumplidos en esta causa emblemática.

Alguna vez escribí que podría convertirse en bisagra para una imagen deteriorada desde hace décadas y, otra vez, quedó postergada esa oportunidad. Un quebranto al Poder Judicial que sólo se puede atribuir a los hombres y mujeres que lo integran por sus fallos fallidos, que defraudan las peticiones de los justiciables.
También aclaro que la responsabilidad no sólo es del último tribunal que tuvo en sus manos el caso de los ocho obreros fallecidos en el edificio en construcción, de calle San Martín al 600, en la ciudad de Corrientes. Incluye a todos y, más aún, cuando familiares y abogados sospechan de una estrategia para "descartar" responsables de la tragedia con las diferentes instancias y el paso del tiempo.
Los diez años que pasaron sólo agigantaron el dolor de los deudos. Muy poco, casi nada, sintieron el acompañamiento del servicio de Justicia. Por el contrario, hubo etapas en las que fueron intimidados con causas paralelas, como si fueran criminales.
El primer abogado querellante de una de las familias, el ya fallecido doctor Ernesto "Tito" González, solía insistir que la instrucción concluyó al año y medio de ocurrido el hecho. A partir de allí, pareciera que comenzó una etapa de desgaste para tratar de evitar una condena justa.

Los actores judiciales dejaban pasar el tiempo y habilitaban diferentes etapas procesales muy alejadas de lo sucedido en aquel siniestro mediodía del 22 de marzo de 2012. Pasaban los días, meses y años hasta que la Justicia permitió a los acusados proponer dinero a cambio de la verdad.
Una vez más, "tropezaron" con la dignidad de los familiares. Allí, quiero resaltar la fortaleza de una "Madre del Dolor", que no baja los brazos pese a los "azotes legales" sufridos. María Rosa Urbina mantiene la calma y prudencia pero conserva intacto su "grito" de justicia.
Un ejemplo para una sociedad muchas veces abatida por la impunidad que las instituciones permiten gozar a los que no respetan las normas, logrando "jugosas" ganancias con sus riesgosos emprendimientos.
Por ello, el resultado judicial de la causa Derrumbe no respeta la vida y dignidad de los trabajadores. Cuando habrían faltado responsables en el "banquillo de los acusados" y las penas a quienes se sentaron parecen insignificantes, sobrevuela una etapa moderna de esclavitud laboral.
También llama la atención la escasa reacción de los actores políticos, institucionales, no gubernamentales y de la sociedad en general, tras conocerse el fallo judicial. Pareciera otro "logro" de una justicia deficiente para investigar y condenar los hechos ocurridos. Con los 10 años transcurridos, se hizo un duelo social forzado, consiguiendo que la mayoría olvide la tragedia.
El último fallo vuelve a demostrar las diferentes varas utilizadas para juzgar hechos denunciados. La condena confirma un crimen cometido pero el tribunal se inclinó por otorgar penas mínimas a los acusados. Pareciera que busca cumplir su cometido, habilitando el resarcimiento económico para compensar la tragedia.
Es cierto que las instancias no se agotan en la resolución del lunes pasado, pero más real es que la vida se desgasta ante tanta injusticia y las fuerzas decaen ante un duelo que no se puede hacer. Por ello, me quedo con la frase de la mamá de Diego Rodríguez en Radio Dos: "Con la sentencia mataron nuevamente a los ocho obreros".
Pese al dolor provocado aquella noche del 17 de octubre por los actores de una institución a la que confiamos la tarea de calmar los sufrimientos, aliento a todos a no perder la esperanza de revertir un fallo que no cumple con la función del poder judicial.
Que nada los amedrente a concluir el recorrido de las diferentes instancias sabiendo incluso que los costos del servicio de justicia son elevados para la mayoría de los habitantes. Una dificultad que también debe ser revisada. Para algunos puede ser una propina abonar una tasa judicial, para otros, una fortuna.
Esperan fundamentos para decidir apelación
El lunes 24 de octubre los jueces darán a conocer los fundamentos del fallo que permitió la liberación de todos los imputados en la causa derrumbe. Es el trámite que falta para que los abogados de las querellas particulares analicen y estudien la posibilidad de presentar los recursos contra las condenas benevolentes que el Tribunal Oral Penal N°1 dio para los empresarios Walter Bruquetas y Marcelo Mayer, los tres años de prisión en suspenso y la absolución para el capataz Carlos Valenzuela.
Vale consignar que no hubo unanimidad del tribunal que preside Juan Carlos Guerin y cuando cada integrante exponga sus fundamentos, los abogados que representan a las víctimas podrán elaborar sus recursos de alzada para el Tribunal de Casación, primero, y si hace falta irán al Superior Tribunal de Justicia de la provincia, para ver si logran revertir lo irrisorio de las penas impuestas por los jueces.
Hoy se sabrán los argumentos que eligieron los magistrados para evaluar el cúmulo de pruebas e irregularidades que llevaron a la muerte a ocho obreros correntinos.

Colaborador de época.