Un rosario de irregularidades
Según el escrito elevado por los fiscales federales a la juez, Zunilda Niremperger, las principales imputaciones contra el juez Miguel Aranda y los gendarmes involucrados van desde el extravío de mercadería de contrabando a seguros de automóviles de familiares del magistrado, pasando actas de infracción anuladas a pedido de los infractores; falta de mérito a favor de gendarmes acusados de corrupción; ofrecimiento de otorgar a procesados detenidos prisión domiciliaria a cambio de coimas; entre otras irregularidades procesales.
Párrafo aparte merecen los vínculos con el "Clan Sosa", una banda sindicada como parte de la estructura del narcotráfico y contrabando con cabecera en Presidencia Roque Sáenz Peña y la imputación concreta que se le hace a Aranda es ser responsable de "presunta filtración de información judicial que pusieron sobre aviso a los investigados frustrando el resultado y finalidad de los procedimientos de allanamiento, secuestro y detención, lo que facilitó asimismo la fuga" de integrantes de la familia Sosa de la ciudad.
Con ese grupo también tenía vinculaciones comerciales, según explican Sabadini y los fiscales en su pedido de detención. De acuerdo a los datos recabados por la fiscalía, uno de los vehículos propiedad de la cuñada del Juez fue asegurado, al menos hasta el mes de abril del año 2022, por Ana Maria Flamenco, principal imputada en la causa de la familia Sosa. Sindicada como líder de la banda e involucrada en graves hechos de narcotráfico y lavado de activos con fuertes lazos con las fuerzas de seguridad y gente del poder que les otorga cobertura. Actualmente se encuentra "prófuga"- como consecuencia de la filtración de información sobre los operativos que pretendían su captura.
Todos esos hechos derivaron en el pedido de detención que analiza la Juez Federal que por lo pronto ya dispuso una serie de allanamientos a los domicilios particulares de los imputados, que incluyeron la casa del magistrado destituido ayer en Lisandro de La Torre al 200 de la capital chaqueña y otros diez domicilios en Resistencia y Sáenz Peña. Faltan las apelaciones a las medidas y todo indica que en Chaco hay un entramado de complicidad entre juzgados, fuerzas de seguridad local y nacional, con los delincuentes.