Funcionarios antidrogas acusados de tráfico, una falla de seguridad
Un ayudante de fiscal, dos subcomisarios, un oficial principal, un cabo primero y dos federales son la punta del iceberg de una asociación ilícita para montar operativos y luego vender drogas en toda la provincia.
Algo falla en la política de seguridad de Chaco. Durante el último mes, las autoridades del Juzgado Federal de Resistencia a cargo de Zunilda Niremperger, tuvieron mucho trabajo a la hora de procesar a funcionarios judiciales provinciales del fuero antidrogas y a policías tanto federales como chaqueños, involucrados en delitos graves, por el hecho de ser funcionarios públicos.
Hay una denuncia de pedido de coimas por parte de policías federales que realizaban operativos en Quitilipi y que acompañaron a los civiles amenazados hasta Resistencia para apropiarse de un televisor de gran tamaño y más de 400 mil pesos, develaron otro entramado más tenebroso y de alto riesgo.
Ese hecho, investigado por la Justicia Federal con asiento en Chaco, derivó en la imputación de un funcionario de la Fiscalía Antidrogas provincial, cuatro efectivos de la policía chaqueña que prestan servicio en la División Microtráfico y dos en la Policía Federal, todos sindicados, por el fiscal federal Patricio Sabadini, como parte de una asociación ilícita para traficar estupefacientes. Son hechos que ponen en jaque a la política de prevención y represión del narcomenudeo en la vecina provincia.
La orden de detención contra Ariel Adrián Peña, el ayudante de la Fiscal Antidrogas número 2, a cargo de María Eugenia Arechavala Viola, motivó una aclaración del Ministerio Público que intentó desligarse de responsabilidades, anunciando que el imputado era sometido a un sumario interno porque se desconfiaba de él.
Similar reacción tuvo el titular del Órgano de Control Interno de la Policía de la provincia (OCI), Ricardo Urturi, que una vez difundidos los hechos abrió sumario y decidió suspender las funciones de los policías involucrados y ponerlos a disposición de la fuerza hasta que se termine el proceso judicial.
Los involucrados son efectivos que tienen alta responsabilidad, ya que el principal imputado es el subcomisario Roberto Obregón, destacado como jefe antidrogas en Fuerte Esperanza, según el fiscal federal, y en Nueva Pompeya, de acuerdo al titular del OCI.
Además de ellos dos, son investigados por asociación ilícita y múltiples delitos que van desde abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario, entre otras imputaciones, a partir de las investigaciones desarrolladas por personal de la División Delitos Económicos y Leyes Especiales del Departamento Investigaciones Complejas Metropolitana de la Policía de la Provincia del Chaco.
También están imputados el subcomisario Juan Víctor Ortiz, de Presidencia Roque Sáenz Peña; el oficial principal Héctor Mateo López de Barranqueras, y el cabo primero Carlos Fernando Miño de Miraflores, al igual que los federales Héctor Adolfo Gay inspector y el sargento Jorge Carlos Ozicka.
Vale destacar que los nombrados son sindicados como la cabeza visible de una banda mucho más amplia que involucra a "punteros", "dealers" civiles y se investiga la participación de efectivos de Gendarmería Nacional.
El fuero de narcomenudeo es una creación reciente en los códigos procesales penales de las provincias, ya que hasta su sanción todo hecho que involucraba uso o comercialización de drogas iba a parar a los juzgados federales.
En la provincia, la Ley N°7.573, más conocida como "Ley de Narcomenudeo" fue la adhesión a Ley Nacional N°23.737 de estupefacientes, que fue resistida y cuestionada tanto por especialistas en derecho penal como por entidades defensoras de los Derechos Humanos. Ahora soporta la presión de ser usada para cometer delitos graves.
Método
Ariel Peña, Cristian Obregón y los otros involucrados son acusados de utilizar su habilitación como funcionarios antidrogas para cometer delitos.
Uno de los casos más notorios es el falseamiento de los datos del volumen de drogas secuestradas, como en el caso de un procedimiento en el que sólo declararon 140 kilogramos de los 230 incautados en el operativo.
Esa droga después era utilizada para ser vendida en Sáenz Peña, Tres Isleta, Barranqueras y Juan José Castelli, y tienen vinculación con lo que en la zona se conoce como "La banda de los federales".