Medicina prepaga vs derecho a la salud
A partir de este mes - octubre - comienza a regir un nuevo aumento en las cuotas de medicina prepaga.
Sin lugar a dudas esto significará un nuevo golpe a los bolsillos de los argentinos en la carrera inflacionaria que parece no acabar.
Teniendo en cuenta un informe sobre el impacto en el valor de la cuota, indica que en lo que va del 2022, los aumentos de las prepagas acumulan 87,9%. Si se hace el cálculo anualizado, el reajuste será de casi 105%.
Para el armado del índice de costos, que elabora la Superintendencia de Servicios de Salud, se toman en cuenta cuatro parámetros: 1.Costos de los recursos humanos 2.Valores de los medicamentos (muchos se importan) 3.Precios de los insumos médicos: también muchos de estos son importados. 4. Otros insumos y "gastos generales".
Según el informe no se incluirían los acuerdos privados con los prestadores de la salud, los que generalmente son muy bajos, esto incluye a los honorarios médicos, odontólogos, kinesiólogos, laboratorios, y demás estudios y prácticas médicas y que son muy bajos, lo que explica que el afiliado tenga que pagar los "plus" que son muy altos y es dinero que generalmente no son reconocidos por las empresas de medicina prepagas y al que se suma el alto valor de la cuota.
Para diferenciar, hay dos tipos de aumento de cuotas, aquellas establecidas para adecuar a los costos y aquella que surge de las políticas de la empresa que en las prepagas es por rango de edad.
Respecto a los últimos, la Justicia se viene pronunciando desde hace unos años en contra en relación a los casos de adultos mayores, a los que se les aumenta la cuota por el solo hecho de cumplir determinada edad y es del que me ocuparé en el presente.
No acudir al reclamo del adulto mayor sería como omitir la relevancia de la tutela del usuario de servicios de salud ante los compromisos asumidos por nuestro país en materia de derechos humanos, respecto a la protección de las personas mayores.
Se debe armonizar las leyes con la Constitución Nacional y los tratados internacionales
El marco contractual es de adhesión, por lo que el afiliado se encontrará siempre en condición de vulnerabilidad, lo que se agrava si ese afiliado es jubilado o futuro jubilado, que por la edad, ya se encuentra en situación de vulnerabilidad a lo que se suma si además padece de alguna enfermedad terminal.
El estado debe asumir un rol preponderante en estos casos dada la clara situación de desigualdad entre el afiliado y la empresa prestataria de los servicios de salud que coloca a la persona en estado de mayor vulnerabilidad, se trata de nada menos que la salud propia o de la familia, esto pone en crisis varias normas del derecho constitucional.
La Cámara Nacional en lo Comercial rechazó el recurso de Swiss Medical SA contra la resolución que le ordenó que deje de cobrar el aumento de la cuota en razón de su edad a un afiliado adulto hasta que se resuelva el fondo de la cuestión en el proceso. "El aumento en razón de la edad aplicado por la empresa de medicina prepaga claramente involucra el derecho constitucional a la salud", indicó.
En línea con el dictamen de la fiscal general Gabriela Boquín, la sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la medida cautelar de no innovar requerida por una persona mayor contra el aumento, en razón de su edad, de la cuota que abona mensualmente a la empresa de medicina prepaga Swiss Medical SA.
La resolución fue dictada el jueves pasado por los camaristas Pablo Damián Heredia, Gerardo Vassallo y Juan Garibotto, quienes ratificaron la resolución del juez de primera instancia dictada el 12 de julio de 2021, y rechazaron el recurso de apelación interpuesto por la prestataria. En la causa son actores los miembros de un grupo familiar afiliado a la prepaga, entre cuyos integrantes se encuentra una persona mayor de 60 años, por quien la empresa aumentó la cuota mensual que venían abonando.
En relación a los derechos en juego, son aquellos que hacen a la dignidad de toda persona humana, como así también a la sociedad jurídicamente organizada, por lo que es indudable la imperiosa necesidad de la protección constitucional del estado y convencional del derecho a la salud.
"No nos encontramos frente a la prestación de un servicio de neto corte mercantilista, sino que trasciende dicha esfera y la debida asistencia conlleva una relevancia notoria al momento de que se ven involucrados derechos que se encuentran íntimamente vinculados con la persona humana", sostuvo la fiscal general.
Lo más importante y que define la discusión es, sin dudas, el hecho de que la contratación resulta ser masiva y estandarizada, por lo que las condiciones y modalidades de la prestación son establecidas de forma unilateral por la empresa, no dejando ninguna posibilidad de negociación individual.
Los aumentos deben ser revisados dado que las partes no están en igualdad de condiciones al momento de contratar, pero además el afiliado será siempre el de mayor vulnerabilidad, por lo que necesitará la protección del Estado, sea mediante leyes que produzcan ese equilibrio entre las partes y resuelvan la crisis entre derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional o mediante la acción de la justicia con fallos que protejan al más vulnerable.
(*) Abogada, egresada de la UNNE.
Directora de Zarza & Asociados