Prisión preventiva ante la inminente vigencia del código procesal penal

Se dice que en noviembre entrará en vigencia, en la capital correntina, el nuevo régimen procesal penal instaurado por la Ley 6.518/19, lo cual necesariamente habrá de implicar, desde luego, que debamos ubicarnos frente a un nuevo modelo de proceso que exige, entre otras cuestiones también relevantes, una nueva mirada sobre la prisión preventiva, a fin que dejemos de una vez por todas en el pasado aquél antiguo axioma que monitoreó el viejo sistema mixto de enjuiciamiento y que, incomprensiblemente, se sigue padeciendo en estos días en numerosos casos judiciales en el territorio de nuestra provincia: los "presos sin condena", esto es, la situación de aquellas personas involucradas en casos penales que se encuentran en prisión a la espera de una sentencia que decida definitivamente su situación legal, circunstancia que ha convertido a la prisión preventiva -frente a otras alternativas posibles de solución del conflicto- en una herramienta principal y prioritaria de jueces y fiscales que no han incorporado debidamente a sus propios modelos de conductas y maneras de pensar el Derecho, la vigencia de normas internacionales vinculantes derivadas del derecho internacional de los tratados que reconocen, no sólo la plena vigencia del tantas veces manipulado principio de inocencia, sino la excepcionalidad de la prisión preventiva.

Muchos seguramente convendrán conmigo que, hoy por hoy (especialmente en la capital de la provincia), se siguen usando por jueces y fiscales las viejas herramientas inquisitivas en el manejo del proceso penal, como lo hacen, por ejemplo, los fiscales, quienes ante la sospecha de la comisión de un delito (por denuncia o por investigación oficiosa directa), a lo que primero recurren es a formular la acusación, pedir la detención del sospechado para después recién emprender la tarea de búsqueda de las pruebas para justificar la imputación y el encierro cautelar del sospechado. Con otros términos, "el Derecho del revés", mecanismo al que también recurren los jueces de instrucción -verdaderos ejemplos de inveterados y obsesivos prototipos de investigadores y usurpadores de las funciones propias del fiscal- que no trepidan en mantener en prisión al sospechado sometido a proceso, quién sabe por cuánto tiempo y sin posibilidades de libertad a corto plazo, escenario que se pone de manifiesto en la gran mayoría de los casos penales porque tanto los jueces como los fiscales de la capital, al igual que muchos otros del interior de la provincia, no han logrado desprenderse de los viejos métodos de persecución penal ni de la ideología autoritaria del viejo procedimiento penal inquisitivo que rigió en Corrientes por décadas, permaneciendo encerrados en una suerte de fascinación por el encarcelamiento preventivo del imputado.

La prisión preventiva en el nuevo modelo de enjuiciamiento penal, cuya aplicación se aproxima a la capital correntina, no presupone un mecanismo automático que obligue al operador a encerrar al acusado en una celda por sospechar que ha intervenido en un hecho ilícito (muchas veces de escasa entidad), como ocurre en la actualidad, no solamente -como dije- en nuestra capital por jueces y fiscales, sino también en otras circunscripciones del interior. El uso arbitrario y excesivo de la prisión preventiva subvierte y altera las bondades y beneficios del sistema, que lo que persigue, entre otros fines, es brindar soluciones más dinámicas y efectivas al conflicto social que implica el delito y satisfacer, al mismo tiempo, las demandas de la sociedad.

Con arreglo al nuevo sistema de enjuiciamiento penal, el fiscal no sólo tendrá que dejar de lado los trucos, inventos y estratagemas del pasado, sino que tendrá que fundamentar debidamente su propósito de poner en prisión al acusado, con pruebas y razones que convenzan al juez de garantías de que la detención es oportuna, necesaria y proporcional al hecho ilícito que se investiga (artículo 226 CPP). De lo contrario, el sujeto deberá permanecer en libertad o bajo medidas cautelares menos gravosas de las que podrá disponer el juez, de considerarlo conveniente (artículo 232 CPP).

Los jueces y fiscales tienen que entender que las cosas han cambiado, que los roles de cada uno han cambiado (artículo 9 CPP), que los fiscales -como titulares de la acción penal pública- tienen, por lo general, la función de acusar (aunque no sea ésta una función excluyente de otras, como impone el principio de objetividad del artículo 120 de la Constitución Nacional, que los obliga a peticionar en favor del acusado cuando así corresponda), mientras que los jueces no lo pueden hacer, ni siquiera recurriendo indirectamente a subliminales artilugios para poner en acción una conducta inquisitiva que debe ser desterrada para que el sistema de justicia funcione correctamente, en particular aquellos magistrados que en poco tiempo más asumirán las funciones de jueces de juicio (artículos. 60 y 309 CPP).

Pero, para que el sistema de justicia funcione correctamente, todos los que operamos en él debemos exigir a los jueces y fiscales que asuman sus verdaderos papeles en el proceso, y si estos funcionarios no cumplen con sus deberes constitucionales, entonces hay que denunciar sus irregularidades e ilegalidades ante los organismos de control para que juzguen sus conductas. Todos los abogados que litigamos en el fuero penal -y no sólo los abogados, sino también el Colegio de Abogados (cuya voz es necesaria, aunque muchas veces no se la escucha) y la ciudadanía toda-, tenemos la obligación de observar y controlar muy de cerca la conducta de jueces y fiscales y exigir que se cumplan las leyes del modo como regulan e imponen sus mandatos, especialmente en materia de prisión preventiva. De lo contrario, no saldremos de las artimañas y ficciones del viejo modelo inquisitivo, como se puede apreciar todavía en muchos casos que son investigados y juzgados en nuestra provincia, en los que se mantiene en prisión a individuos por la sola circunstancia de estar sospechados de haber cometido algún delito -sin ninguna o insuficiente prueba que sustente la acusación-, bajo la recurrente y manoseada interpretación que se hace de la máxima "riesgo procesal" para sortear en forma arbitraria -y muchas veces ilegal- las posibles opciones que la ley suministra para que la persona ejerza su derecho de mantenerse en libertad durante el curso del proceso.

Si como auxiliares de la Justicia (que se supone que somos), no internalizamos debidamente el sistema de justicia impuesto por la nueva legislación procesal penal, si no entendemos que el nuevo sistema de enjuiciamiento es un producto fundamental del Estado Democrático de Derecho, que se nutre de una profunda e igualitaria ideología sustentada en los Derechos Humanos, si no colaboramos para que el sistema de justicia funcione correctamente, entonces no esperemos un cambio en los jueces y fiscales ni nos quejemos de ser siempre meros espectadores de un modelo de justicia ineficaz, arbitrario y contrario a los paradigmas constitucionales y convencionales en vigor en nuestro país.

(*) Profesor Extraordinario de la Universidad Nacional del Nordeste