Fin de la pandemia, pero no de los efectos secundarios

Los efectos secundarios de la pandemia son, fueron y serán de diversa índole. Hoy, el impacto causado en todos los ámbitos de la vida del ser humano ya es indiscutible.

Desde aquel 20 de marzo del 2020 para la República Argentina, tuvimos que atravesar un universo de dificultades, además del virus. Economías devastadas, familias devastadas, crisis institucionales, entre muchas otras.

Después de dos años, por resolución del Ministerio de Salud de la Nación se decretó que deja de ser obligatorio el barbijo. Según la resolución número 1.849/2022, publicada el 21/09 del corriente año en el Boletín Oficial, se eliminó "el carácter obligatorio del uso del barbijo como medida preventiva en la población general".

La medida fue tomada "a partir de las altas tasas de cobertura de vacunación contra la COVID-19, alcanzadas en la población y el actual escenario sanitario y epidemiológico".

Igualmente, la cartera sanitaria nacional mantiene las recomendaciones de cuidado "durante momentos de alta circulación, tanto de SARS-CoV-2 como de otros virus respiratorios", asegurar la ventilación de los ambientes, mantener la higiene frecuente de manos, usar en forma adecuada el barbijo en espacios cerrados -incluyendo los ámbitos laborales, educativos, sociales y el transporte público-, y ante la presencia de síntomas, evitar el contacto con otras personas y la asistencia a actividades laborales, sociales o educativas.

La noticia de la resolución del Ministerio trajo a mi mente muchos pensamientos e imágenes vividas en estos dos años, que sin dudas quedaron grabadas en la memoria de toda la humanidad.

Sin embargo, parece innegable que el COVID-19 no terminó, o al menos no parece haber terminado, por aquellas consecuencias que directa o indirectamente impactan y siguen impactando en la vida diaria de los seres humanos.

Llama particularmente la atención las muertes súbitas o por paros cardiorrespiratorios de personas sin antecedentes en esos ámbitos de la salud, jóvenes personas de mediana edad y no tan jóvenes. Llama la atención ciertas trombosis y hemorragias sin precedentes en el historial de salud de quienes lo padecen.

En el mes de julio de este mismo año se dictó un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se establece un procedimiento para solicitar una indemnización especial por los efectos que pueden llegar a producir las vacunas contra el COVID-19.

La Agencia Española del Medicamento incluye como efecto secundario muy raro de la vacuna de AstraZeneca, ya que puede afectar hasta 1 de cada 10.000 personas, la formación de coágulos sanguíneos en lugares inusuales.

Pero para ello, es fundamental encontrar una relación causal entre la patología y la vacuna. Entonces, cabe preguntarse ¿quién asumirá la responsabilidad de las muertes sucedidas por trombosis en los vacunados contra el COVID-19?

La relación causal entre la enfermedad y la vacuna es clave para que el paciente o sus familiares tengan derecho a una indemnización.

Sin lugar a dudas, "cuando una vacuna produce un efecto adverso no deseado en el paciente, éste tiene derecho a reclamar una indemnización por daños y perjuicios, debiendo la responsabilidad recaer en el productor o, en su caso, en el Estado que tiene la responsabilidad de autorizar y vigilar los medicamentos y productos sanitarios, de concurrir las concretas circunstancias necesarias para ello".

El Gobierno nacional estableció el procedimiento para poder solicitar posibles indemnizaciones por efectos adversos, tras aplicarse la vacuna contra el coronavirus, en el marco del Plan Estratégico para la Vacunación contra ese virus, mediante el Fondo de Reparación COVID-19, creado por decreto y destinado a indemnizar a aquellas personas que eventualmente padezcan un daño en la salud física, como consecuencia directa de la vacuna.

En base a lo que establece el decreto, la indemnización requerirá que la enfermedad o patología "haya sido previamente notificada a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) por el personal de salud que asista al presunto damnificado, o que tome conocimiento del evento".

Además, se especifican diversos pasos de verificación para evaluar qué daños generó la vacuna y, si corresponde el pago, la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud "procederá al cálculo de la suma a pagar en concepto de indemnización".

La tramitación del reclamo indemnizatorio se realizará ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, en conjunción con las leyes que regulan los accidentes de trabajo.

Ahí mismo especifican que en caso de muerte o incapacidad física total y permanente de la persona tras recibir la vacuna, "el Fondo de Reparación COVID-19 pagará una indemnización igual a 240 haberes mínimos jubilatorios del SIPA". El total equivaldría a más de 12 millones de pesos.

"Si los daños provocados por la vacuna no causan incapacidad física total o permanente, la indemnización se debe valuar proporcionalmente sobre esa suma de acuerdo con el porcentaje de incapacidad que establezcan las comisiones médicas".

Asimismo, informan que el pago de la indemnización prescribe tres años después de los efectos que haya generado la vacuna.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la cantidad de personas que fueron protagonistas de algún efecto secundario o permanente generado por la vacuna contra el COVID-19, que comenzó a aplicarse a principios de 2021.

¿Cómo reclamar la indemnización por efectos adversos de la vacuna de coronavirus?

Informar del supuesto evento adverso, a través del personal de salud, en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

Presentar la solicitud correspondiente ante las Comisiones Médicas, mediante la plataforma de Trámites a Distancia, junto al certificado del diagnóstico, DNI y el carnet de vacunación.

Si se aprueba la solicitud, la misma pasará a la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI) del Ministerio de Salud y se procederá a verificar la notificación de este en el SISA.

La Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CONASEVA) determinará la relación entre la vacuna y el evento adverso denunciado.

En caso de que se pruebe la relación, la Comisión Médica correspondiente fijará el porcentaje de incapacidad que presenta el damnificado.

En base al porcentaje anteriormente mencionado, se determina el monto a indemnizar y se procede a realizar el pago.

Lo más importante del procedimiento, que según la norma, parece más que sencillo, estará en probar la relación de causalidad entre la enfermedad y la vacuna. Seguramente, la letra chica del decreto o la reglamentación opondrá un serie de requisitos más a efectos de achicar la puerta por la que entraran las aprobaciones de indemnizaciones, por lo que además será fundamental el control constitucional de las normas y la relación con el derecho a la indemnización del damnificado o sus herederos.

Por Silvia Zarza