¿Narcotest o violación...?

(Viene de la página 30).

Respecto de este pequeño "problemita", hay que recordar que el artículo 3 del Código de Tránsito de la ciudad (Ordenanza 3202/98; en un mismo sentido, artículo 3-Ley 24.449), establece que "queda prohibida la retención o demora del conductor, su vehículo, de la documentación de ambos y/o licencia habilitante por cualquier motivo, salvo por casos expresamente contemplados por esta Ordenanza u ordenados por Juez competente", que son aquellos casos contemplados en el artículo 177 del mismo cuerpo legal, debiéndose aclarar que este dispositivo sólo comprende el "retiro de la vía pública de todo vehículo…" (no prevé la "retención o demora del conductor"), cuando, y sólo cuando, la persona que "conduce" el vehículo se encuentra en "estado manifiesto" de alteración psíquica o de ebriedad o bajo la acción de tóxicos estupefacientes".

Sin embargo, la retención del conductor está permitida por la Ley Nacional de Tránsito 24.449 (a la que adhirió el municipio capitalino), pero solamente cuando es sorprendido in fraganti en estado de intoxicación alcohólica u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales, o ante la presunción de algunos de estos estados, debiéndose requerir (por parte de la autoridad de control) comprobante médico o de dispositivo aprobado que acredite tal estado, no pudiendo la retención ser mayor a 12 horas (artículo 72.a.1), normativa que se conecta con lo dispuesto en el artículo 86, cuyo texto dice que el arresto sólo procede "por conducir en estado de intoxicación alcohólica o por estupefacientes", de manera que, si no se está frente a tales estados, a la autoridad de control le está vedado proceder a la detención del conductor. Convendrá conmigo el lector que es bastante dudoso que el inspector de tránsito detecte estos estados a simple vista o por meras presunciones.

Vale decir que, al estar lo establecido por estas normativas, una interpretación contextual y razonable de la situación que regulan, sería la siguiente: el retiro del vehículo sólo está autorizado por la ley, cuando el conductor está alterado psíquicamente, ebrio o bajo la acción de tóxico estupefacientes, y tales estados son "manifiestos" para la generalidad, esto es, ostensibles, notorios, evidentes, que no admiten dudas a simple vista, entre otros, para las personas, circunstancias fácticas que obligan a preguntarnos ¿está capacitado el inspector de tránsito para ponderar, determinar o decidir respecto de estos estados?, porque si a simple vista no se advierte en el conductor inquirido que padece los mismos, el retiro del vehículo no puede concretarse.

Peor aún si recurrimos a la Ley Nacional 24.449 (artículo 72.a.1), que resulta mucho más exigente, al requerir que el conductor sea "sorprendido in fraganti", -o que la impresión del inspector provenga de una "presunción"-, en estado de "intoxicación alcohólica" u "otra sustancia" (¿a qué sustancia se habrá querido referir el legislador", porque hay sustancias legales con capacidad para producir estos efectos) que disminuya las condiciones psicofísicas del conductor.

En estos casos, inclusive, -que autorizan al arresto del conductor- se advierte más claramente, no sólo la ambigüedad e indeterminación de estas normativas, sino su peligrosidad el contemplar situaciones que sólo podrían constatarse mediante el empleo de métodos científicos (por ejemplo, extracción de sangre), cuya implementación requieren -en mi opinión- del consentimiento del individuo, circunstancias que generan, sin duda alguna, violaciones a principios básicos del derecho administrativo sancionador (legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, inocencia, defensa en juicio, entre otros).

Si bien verdad que podría responderse a las preguntas antes expresadas, diciendo "el recurso que tiene el inspector de tránsito para que su sensación o presunción sea verificable, es empleando los aparatitos para medir el grado o nivel de alcoholemia o drogadicción que pudiere padecer el conductor del vehículo", pero -más allá de que el empleo de estos aparatitos implican, como dije, una violación de derechos fundamentales, por ejemplo la prohibición de autoincriminación, entre otros, que en un breve espacio periodístico no puede explicarse detalladamente -, también es verdad que lo primero que la ley exige y que debe cumplimentar el inspector que interviene en un control de tránsito, es que estos estados sean "manifiestos" (evidentes) no sólo para él, sino también para una generalidad de individuos (exigencia que evita la arbitrariedad y los abusos posibles de una sola mirada), de manera que, si tal situación no se presenta en el caso particular, entonces le está vedado el retiro del vehículo. Dicho de otro modo, lo "manifiesto" no puede ser reemplazado por el uso del narcotest u otro método mecánico o electrónico de comprobación. ¿Porqué usar el narcotest si no se advierte a simple vista que el conductor esté ebrio, con problemas psicofísicos, con intoxicación alcohólica o por drogas o con otro padecimiento de los previstos en la ley?

Otra situación se presentará, ciertamente, si el conductor se niega a ser sometido a un control de alcoholemia o de narcotest, en cuyo caso -dice la ley- cometerá una falta (que no es de carácter grave, por no estar prevista en el artículo 192 del Código de Tránsito local ni en el artículo 77 de la Ley 24.449. La falta grave consiste en "conducir" en tales estados, no en negarse a la realización de la prueba. Entonces, frente a un control de tránsito y por estas extravagancias de la normativa vigente, el conductor obtendría mayores beneficios negándose a la prueba de alcoholemia o de narcotets que someterse a ellas. Se le secuestrará el vehículo, desde luego, pero podrá defenderse con mayores chances en el proceso administrativo consecuente, pues -como ya lo sostuve en varias publicaciones- la obligación de someterse a este tipo de pruebas, implica una violación de la garantía de no autoincriminación, entre otras (véase Buompadre Jorge E., Seguridad Vial y Derecho Penal, páginas 121 y sig., Editorial ConTexto, Resistencia, Chaco, 2017), porque la prueba obtenida se usará en su contra en el proceso respectivo.

Las conclusiones a las que arribamos en este breve artículo (que, desde luego, pueden discutirse) surgen de una interpretación razonable del esquema normativo que nos rige en materia de tránsito. Si no se comparte este razonamiento, debe oponerse uno que, con fundamentos serios, sea aceptable. Si es muy complejo y enmarañado todo lo atinente a esta problemática, entonces hay que promover la reforma de la ley. Pero, lo que no se puede tolerar en un Estado Constitucional de Derecho, es que el Estado recurra a métodos coercitivos para comprobar un hecho respecto del cual la persona que padece la constatación, corra un riesgo cierto, no solamente de sufrir un menoscabo en sus derechos fundamentales sino también de quedar enredado en un proceso administrativo (y probablemente penal), por cuanto la prueba obtenida en el control de alcoholemia o de narcotest se usará, con total seguridad, como prueba de cargo en contra del acusado en el proceso respectivo.