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Fuente: webeservice DEBATE POR EL ATAQUE A CRISTINA DE KIRCHNER

Magnicidio: ¿Es necesaria una reforma del Código Penal?

La propuesta de incorporar al Código Penal este tipo de conductas no parece ser una idea acertada, ya que están de uno u otro modo previstas entre los tipos de homicidios agravados descriptos en el artículo 80.

Históricamente, el homicidio del Rey o del emperador, o de sus ascendientes, descendientes... -a diferencia del delito político, que era un crimen con motivaciones altruistas (entre ellas, por ejemplo derrocar al gobierno de turno o cambiar el sistema jurídico), siempre con la finalidad de mejorar un sistema político-institucional que el autor lo consideraba nocivo o perjudicial para la comunidad-, que fue extendiéndose, según el régimen político del país de que se trate, al homicidio del jefe de Estado o de otros personajes importantes de la vida política religiosa de un país, siempre fue calificado de asesinato, con penas muy graves, por lo general perpetuas. Aun hoy, este tipo de delitos están previstos en algunos códigos penales contemporáneos, por ejemplo, el Código Penal español, que castiga con pena de prisión permanente revisable -como crimen contra la Corona- dar muerte al Rey, a la Reina, entre otros, pero por supuesto, sin los privilegios de que gozaban los delitos políticos (por ejemplo, menor penalidad, concesión de indultos y amnistías, exceptuados de la extradición...).

El ataque a la Vicepresidente de la nación, hace pocos días atrás, trajo a colación nuevamente que se hablara en todos los medios de comunicación, del término "magnicidio", es decir, de una modalidad de delito que consiste en el asesinato violento de personas importantes, por lo general con vinculación en lo político o religioso de un país, agresión que provocó que un legislador del partido gobernante -con la rapidez que caracteriza a nuestros legisladores ante un episodio de gran impacto social, aunque no sirva para nada-, presentara un proyecto de ley destinado a "tipificar" este tipo de homicidios en el art.80 del Código Penal, castigando con la pena de prisión perpetua a quien matare al "Presidente o al Vicepresidente de la Nación Argentina, o cuando la víctima fuere autoridad judicial, del Ministerio Público o miembro del Poder Legislativo, cuando el delito fuese cometido por su rol, o en ocasión o en el ejercicio de su cargo o función".

Más allá del significado histórico del término magnicidio y de lo que implica desde la perspectiva de un derecho penal en un Estado Constitucional de Derecho, lo cierto es que la propuesta de incorporar al código penal este tipo de conductas no parece ser una idea acertada, no solamente porque ellas ya están previstas entre los tipos de homicidios agravados descriptos en el citado art. 80 (por ejemplo, alevosía, precio o promesa remuneratoria, medios que crean un peligro común, concurso con otras personas, entre otros), sino que el texto sugerido presenta falencias que lo tornarían una fórmula de muy difícil aplicación en la práctica, siempre y cuando -claro está- que no se considere a este tipo de atentados como un crimen político, por cuanto tal cualificación sería incompatible con el asesinato común desde una perspectiva punitiva. El homicidio es lo que es cualquiera sea la cualificación de la víctima, y la aplicación de una pena mayor en un caso u otro, no es más que una decisión de política criminal asentada en oportunidades.

La fórmula propuesta por el legislador peca por defecto, habida cuenta de que sólo contempla como posibles víctimas del delito al Presidente, Vicepresidente, a alguna autoridad judicial o del Ministerio Público o a un miembro del Poder Legislativo, sin reparar, por un lado, en que se ha omitido aclarar si dichos funcionarios son sólo los nacionales o también están abarcados los de las provincias y municipios (aunque esta conclusión es discutible, naturalmente, por aquello de que cuando la ley no distingue no hay nada que distinguir) y, por otro lado, en que en el país también hay otras "personas importantes" que merecerían idéntica protección legal, como por ejemplo (además de quienes han completados sus cargos y/o mandatos, que siguen siendo "personas importantes") los gobernadores y ministros nacionales y provinciales, los intendentes y concejales, los dignatarios de la iglesia, los rectores de Universidades y Decanos y Vices de facultades, entre otros, pudiéndose seguir como modelo la descripción que se hace en el art. 227 bis del Código Penal entre los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.

Sin perjuicio de lo dicho, la fórmula analizada también se muestra, por una parte, muy amplia en lo que respecta a los fines perseguidos por el autor, al castigar el delito "cuando fuese cometido en consideración al rol que desempeña la víctima (lo cual implicaría una circunstancia extremadamente abierta y vaga, por cuanto cualquier papel que esté desempeñando la víctima en el caso concreto quedaría atrapado en la mayor penalidad, ya que como está empleada la palabra "rol", debería interpretare que se trata de un papel o desempeño en cualquier ocasión o momento; pues de lo contrario, si se tratara de una significación funcional, entonces estaría de más, por cuanto la situación estrictamente funcional está prevista en la otra modalidad), o sea, en ocasión o en el ejercicio de su cargo o función", vale decir que, en este caso, cabría la pena prevista para el asesinato, únicamente en ocasión de estar ejerciendo su cargo o función, circunstancia que -contrariamente al supuesto anterior- quedaría fuera de la mayor penalidad el homicidio cuando la víctima no estuviere desempeñando una función pública o ejerciendo su cargo. Como se puede apreciar con esta mirada superficial del tema, las dificultades interpretativas son evidentes, dificultades que chocan de frente, entre otros, con los principios de taxatividad y de seguridad jurídica.

Tal vez, se mejoraría la técnica legislativa si se eliminaran estas circunstancias que condicionan la perfección de la figura (y la punibilidad), de modo que, el homicidio de dichos funcionarios -estén o no ejerciendo sus funciones propias-, quede abarcado por la mayor penalidad. Recordemos que los asesinatos de Abrahan Lincoln, Indira Ghandi, Olof Palme, Shinzo Abe, entre otros, se produjeron mientras realizaban actividades vinculadas a sus vidas privadas.

En definitiva y más allá de las discusiones teóricas que generan estos episodios, lo más conveniente y adecuado sería que el Estado administre con mayor eficacia y responsabilidad la seguridad de estos funcionarios, sean que estén o no desempeñando las funciones propias del cargo, y no pensar rápidamente en una reforma penal como una mágica solución del conflicto, por cuanto la ley penal lo único que podría hacer es contemplar una pena agravada para estos casos, pero serían casos en los que (de producirse), es muy probable que la víctima ya estuviera muerta o gravemente herida.