Martínez avanza con la idea de una empresa estatal de recolección

Resistencia sigue sin marco legal para formalizar la recolección de residuos. Mientras el intendente Gustavo Martínez avanza con la instalación de un sistema que es una mixtura entre oficial y privado, el Concejo Deliberante frena el tratamiento de la Ordenanza que el Jefe comunal considera necesaria para profundizar su modelo que llama "Estatal", a través de una "Empresa Municipal de Servicios".

Ayer se conoció un pronunciamiento del Consejo local del Partido Justicialista en el que se urge al Concejo Deliberante a tratar el proyecto de "creación de una Empresa Estatal Municipal, que brinde una solución de fondo a la problemática estructural de la basura en nuestra ciudad, con un proceso transparente que incorpore tecnología, eficiencia, economicidad, eficacia y dinamismo para la prestación de un servicio esencial que no admite demora".

Los dirigentes del PJ exhortaron: "Señores concejales, es imperioso dotar al Ejecutivo Municipal de la legislación pertinente que permita dar, ante tamaño conflicto ambiental, respuestas concretas y efectivas que contribuyan a mejorar la salud, el medio ambiente y la economía de Resistencia".

Durante la semana pasada, el presidente del Concejo Deliberante, Agustín Romero, cuestionó la decisión "partidaria" de los ediles de la oposición de negarse a tratar el proyecto y mantener en comisión la discusión, lo que paraliza la toma de decisiones.

"El proyecto llegó a comisión, tuvo despacho y en esta instancia se trancó. Hubo una posición partidaria tomada y nosotros dispusimos de distintos canales de diálogo para intentar rever esta posición", comentó Romero a diferentes medios.

Para Fabricio Bolatti, concejal del Frente grande, "el diseño propuesto (en el proyecto de empresa estatal) se ajusta a la necesidad que tiene la gestión actual de ocultar e impedir el acceso y difusión de la información pública, de manera que el destino de los recursos públicos acumulados -legal o ilegalmente- llegue a conocerse lo menos posible, especialmente las condiciones de contratación, como ser los valores de los alquileres de camiones, el precio de las obras, las certificaciones realizadas, unidades de medida con el que se expresa y justifica el pago que realiza el Estado".

Bolati aseveró: "Percibimos oportunidad de negocios y más acumulación de poder. Disponer de recursos públicos para contratar servicios, obras o personas, sin tener que demostrar la contraprestación real, ni publicar el acto de gestión, genera una oportunidad inmejorable para llevar a la casa lo ajeno".