Un viejo problema no resuelto

Hace unos años atrás, escribí una nota para un diario local, poniendo de relieve algunos problemas suscitados por la reforma del Código Penal en materia de delitos culposos, debido a graves accidentes de tránsito que venían sucediéndose en las rutas y caminos urbanos y rurales de nuestro país, que causaron un fuerte impacto en toda la sociedad. Era una más de las tantas reformas penales de los últimos años, esta vez mediante la Ley 27.347 de 2017, que aumentó las penas de los delitos culposos (homicidio y lesiones) para dar una solución a los accidentes de tránsito. Como podrá advertir el lector (pasaron casi cinco años desde esta reforma) nada de esto sucedió, sino que, al contrario, los accidentes de tránsito sufrieron un incremento gigantesco que puso al descubierto algo ya sabido por los expertos, que el Código Penal no es la solución para problemas de este tipo (ni para ninguno). Pero ahora el tema es otro con el que nada tiene que ver el derecho penal.

Días atrás leía una información, publicada en un medio de comunicación local, con fecha 29/07/2022, titulada "Por las muertes en la Ruta 12, la Policía intensifica controles en el Sombrero", al parecer por las quejas de vecinos del lugar por la alta tasa de siniestros viales ocurridos en los últimos tiempos en la zona distante entre las localidades de Empedrado y El Sombrero. En esa franja, la Policía vial se evocó a realizar tareas de control con el objetivo - dice el informe - de "reducir los accidentes en esa zona, denominada puntos negros".

Si bien es encomiable la tarea policial en este sentido, nos deberíamos preguntar ¿qué hace la Policía vial para reducir los accidentes en dicho lugar?; si la respuesta la debemos deducir de la propia fotografía que colorea la nota periodística, entonces tendríamos que concluir que lo único que hace es generar un colapso vehicular gigantesco, con largas colas de automóviles atascados en la ruta, con los consabidos problemas de circulación vial que ello provoca, sobre todo si tenemos en cuenta que esos controles en modo alguno son una solución en la lucha contra los siniestros viales.

Estos controles (que, seguramente, serán temporales, no permanentes), no implican otra cosa que querer tapar el sol con las manos. Ciertamente que, mientras estén estos controles activos en esa zona, no habrá problemas de circulación vial (sólo caos vehicular), pero cuando se dejen de realizar, volverán, sin duda alguna, los accidentes de tránsito. ¿Y eso, por qué? Muy sencillo: porque estos controles vehiculares de ocasión no son, para nada, una solución del problema, sino -al contrario- más problemas para la circulación vial, sobre todo en una ruta que -por lo que ya todos sabemos- es una ruta pésima y peligrosa (como casi todas las de la provincia, pero, claro, del peaje no se salva nadie) por varios motivos, pero especialmente porque no ha sido reestructurada o mejorada desde hace décadas (por ejemplo convertirla en una autovía) o bien, como se hizo en Misiones en la ruta hacia Puerto Iguazú, construir tres vías de circulación en ciertos lugares que son de alta probabilidad de siniestralidad vial. Pero aquí nada se hizo (desde hace muchos años), entonces querer evitar los accidentes de tránsito con medidas como estas, implica nuevamente una venta de espejitos de colores que no aportan ninguna solución al conflicto social que presupone un siniestro vial. Cuando los vecinos no se quejen más, los policías se irán y volverán los viejos problemas.

El problema de los accidentes de tránsito en nuestra provincia no se soluciona con medidas oportunistas o de ocasión, sino con programas de reestructuración vial - con las inversiones suficientes para mejorar la rutas y caminos, construir autopistas, mejorar la semaforización - que se ejecuten en los tiempos previstos, con el valioso aporte que brinda la moderna tecnología, con una señalética apropiada en rutas y caminos, con vías de circulación claras y correctamente demarcadas, controles electrónicos de la velocidad, entre otros. Seguramente, todas estas medidas habrán de tener mejores resultados para la comunidad que los controles camineros temporarios (los que, desde luego, también son necesarios, pero no suficientes).

Pero, hay que dejar en claro que la Policía vial sólo es un instrumento de las políticas públicas de Gobierno, y muy poco puede hacer si estas políticas o no existen o son insuficientes.

Nadie tiene la solución mágica para esta problemática; todos somos responsables, el Estado y los ciudadanos. El Estado, a través de políticas serias, responsables y efectivas; los ciudadanos cumpliendo las normas. Por ello, un aspecto de este grave problema es de fundamental importancia: la educación vial. Sin educación es impensable pretender crecer y progresar en una sociedad. Una sociedad educada es una sociedad respetuosa de la ley, y si respetamos la ley, seguramente habrán de evitarse un buen número de accidentes de tránsito.

Ahora, si cada programa o política en materia vial va durar una eterna angustia -para ejemplo basta un botón, la autovía no concluida entre Riachuelo y el aeropuerto Cambá Punta, con el caos que ello viene provocando en la circulación vial desde hace ya varios años-, entonces estamos sonados, los accidentes de tránsito seguirán acumulándose como una estadística sin retorno, y sus graves consecuencias (daños materiales, lesiones y muertes) seguirán multiplicándose sin control.