Elevan condenas por corrupción para exfuncionarios de Chaco
El Superior Tribunal de Justicia agravó las penas que el exministro Roberto Lugo y cinco colaboradores recibieron en instancias inferiores.
El exministro de Desarrollo Social chaqueño Roberto "Peppo" Lugo y cinco de sus colaboradores tienen una elevación de las condenas, respecto de las recibidas en el juicio oral que se ventiló en la Cámara Tercera en lo Criminal y terminó el 9 de junio de 2021.
La decisión fue del Superior Tribunal de Justicia constituido en Tribunal de Casación que rechazó los planteos de la defensa, y sostuvo los recursos interpuesto por el Ministerio Público Fiscal.
Roberto Lugo tiene, a partir de la sentencia Nº86/22 una pena de cuatro años de prisión, que debería ser de cumplimiento efectivo, pero como por la dilación en tomar la decisión permitió que transcurra el tiempo de los dos tercios de la pena seguirá libre, lo que no podrá es ejercer cargos públicos porque además se le impuso la inhabilitación perpetua.
Las penas fueron impuestas por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos (peculado) en concurso real.
Para Varela la condena fue de dos años de prisión en suspenso por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública. En tanto que Retamozo resultó condenado a dos años y medio de prisión en suspenso, más inhabilitación por igual tiempo para ejercer cargos públicos, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Los jueces del STJ revisaron el pronunciamiento de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia del 9 de junio de 2021 en la causa N°33.960/2018-1: "Lugo, Roberto Marcelo; Retamozo, Ricardo Ariel; Varela, Claudia Soledad; Varela, Juan José; Yaczuk, Mónica Viviana; Amarilla, Carlos Manuel S/ asociación ilícita, violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la administración pública".
Los ministros del Superior Tribunal de Justicia Víctor del Río y Rolando Toledo argumentaron en su fallo que en la sentencia de la Cámara "se verifica la omisión de tratamiento de cuestiones sustanciales, defecto que impide considerarla como un acto jurisdiccional válido"