Referéndum 2 de junio de 1946

En aquellos meses, Italia acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial y la votación tuvo lugar entre los escombros de los bombardeos aliados y los de los alemanes en retirada, con cientos de miles de italianos aún dispersos en campos de prisioneros por todo el mundo, provincias enteras aún bajo dominio militar extranjero y un clima que parecía cercano al de una guerra civil. Finalmente, los italianos se decantaron por la república, con 12.718.641 votos sobre los 24 millones de electores habilitados.

El recuento del resultado mostró claramente que Italia estaba dividida en dos mitades. En todas las provincias del Norte de Roma, excepto en dos (Padova y Cuneo), la república ganó. En todas las provincias del centro y del Sur (Latina y Trapani), excepto en dos, ganó la monarquía. La república logró el mayor resultado en Trento, donde obtuvo el 85% de los votos. La monarquía tuvo el mejor resultado en Napoli, con el 79% de los votos. Al mismo tiempo, los italianos también votaron para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente para que redacten la nueva Constitución.

El período inmediatamente posterior al referéndum fue complicado y poco claro, lo que acabó alimentando las sospechas de irregularidades. Los primeros resultados llegaron el 4 de junio y parecían dar ventaja a la monarquía. Durante la noche y la mañana del día 5, la República tenía una clara ventaja y el día 10, el Tribunal de Casación proclamó el resultado: 12 millones de votos a favor de la República y 10 a favor de la monarquía.

La SocietÓ Dante Alighieri di Corrientes como todas las asociaciones en el mundo recordará este día con un importante acto del cual reproducimos el desarrollo a continuación.

Referéndum 12 de julio de 2022

Una gran cantidad de amigos y socios, en estos días, ha solicitado aclaraciones al respecto de las cinco cuestiones puestas por el referéndum abrogativo del día 12 de junio próximo.

Se trata de cinco cuestiones muy técnicas y, casi, especialísimas. A pesar de esto intentaremos entregar una clave de lectura que permita decidir si volcar el propio voto hacia un SÍ o un NO.

Cuestión 1

La primera de las cinco preguntas del referéndum se refiere a la incapacidad y la inhabilitación de los políticos para ocupar cargos públicos si han cometido determinados tipos de delitos.

Según la Ley Severino, las personas condenadas definitivamente por delitos especialmente graves, como la mafia o el terrorismo; por delitos contra la administración pública, como la malversación, el cohecho o la extorsión; y por delitos no culposos cuya pena sea de prisión no inferior a cuatro años, no pueden ser candidatos y pierden su cargo de diputado, senador o miembro del Parlamento Europeo. Como habrán interpretado todos los casos arriba indicados se refieren a sentencias definitivas. Sólo para los administradores locales, la Ley Severino prevé la suspensión temporal del cargo incluso en caso de condena no firme.

Es esta la cuestión más controvertida. La cuestión que se pone es si una sentencia todavía no firme se ajusta y conforme a derecho una sentencia no definitiva produzca el efecto de la decadencia del cargo público de administrador.

Contestando SÍ, se eliminaría la totalidad de la Ley Severina incluyendo la parte expuesta como primera hipótesis.

Contestando NO la ley quedaría en su totalidad, incluso en la parte que se refiere a sentencias no definitivas.

Cuestión 2

La segunda de las cinco preguntas del referéndum sobre la justicia pretende cambiar la base sobre la que se pueden dictar las llamadas "medidas cautelares"; es decir, aquellas medidas que un juez puede ordenar a petición del fiscal contra una persona, aún no condenada definitivamente, por necesidades "cautelares".

Hoy en día, según el Artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, las medidas cautelares pueden ser ordenadas cuando existen serios indicios de culpabilidad y en los casos en los que existe el peligro de que el sospechoso se fugue, de que las pruebas sean manipuladas, de que se cometan nuevos y graves delitos o de que se reitere el delito por el que se le acusa. La pregunta del referéndum aborda precisamente este aspecto de la legislación.

Según los partidarios del SÍ, en los últimos años se ha producido en Italia un aumento desproporcionado de las órdenes de prisión preventiva, cuando debería ser la excepción.

Los partidarios del NO, a pesar de lo indicado anteriormente, sostienen que hoy en día las posibilidades de aplicar la medida de prisión preventiva ya están debidamente circunscritas precisamente para evitar posibles abusos, y su mayor limitación supondría un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.

Cuestión 3

La tercera cuestión del referéndum sobre la justicia se refiere a la separación de carreras entre jueces y fiscales. Los primeros ejercen la función de juez, mientras que los segundos corresponden (los llamados "pubblico ministero") a la acusación.

La pregunta del referéndum pretende eliminar la posibilidad de que los jueces y fiscales cambien de función a lo largo de su carrera. Según los partidarios del SÍ, el éxito de la pregunta del referéndum ayudaría a garantizar una mayor imparcialidad de los jueces.

En cambio, según los partidarios del NO, la judicatura debe ser un órgano único y, por lo tanto, no es posible imponer una separación definitiva, al principio de la carrera, entre las funciones de enjuiciamiento y las de juzgamiento.

Cuestión 4

La cuarta cuestión se refiere a la forma de evaluar la profesionalidad de los magistrados. De hecho, cada cuatro años, los magistrados reciben una evaluación de su trabajo.

Las evaluaciones las realizan los consejos de la judicatura, es decir, los órganos "auxiliares" del Consejo Superior de la Magistratura. Los consejos de la judicatura están presentes en cada una de las 26 circunscripciones del Tribunal de Apelación y están compuestos por magistrados elegidos en el territorio, el presidente del Tribunal de Apelación y su fiscal general. Además de estos miembros "togados", algunos abogados y profesores universitarios participan también.

Actualmente, sólo los miembros "togados" participan activamente en el proceso de evaluación de los magistrados. Los partidarios del SÍ pretenden que la categoría de miembros "no togados" (que están excluidos), los abogados y profesores universitarios, también participen en las evaluaciones. Los partidarios del "NO", sostienen que la cuestión debe resolverse por vía legislativa, y no por referéndum, debido a su marginalidad.

Cuestión 5

La última pregunta del referéndum se refiere a la forma en que los magistrados interesados pueden presentarse como candidatos al CSM (Consejo Superior de la Magistratura). En la actualidad, de hecho, cada candidatura debe ir acompañada de al menos 25 firmas (y un máximo de 50) recogidas de otros magistrados. El referéndum pide derogar esta obligación, facilitando así los procedimientos.

Según los partidarios del SÍ, el éxito de esta propuesta es un paso más para mitigar el poder de las corrientes partidarias internamente al CSM.

En cambio, según los partidarios del NO, los procesos electorales se basan siempre en el conocimiento que los votantes tienen de los candidatos individuales. En consecuencia, sería lógico que, incluso en la magistratura, quienes se presenten a un cargo deban partir de una base mínima de consenso", es decir, las 25 firmas.