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Silvia Zarza

Colaboración

Fuente: webeservice EN ANSES

La trágica tarea de solicitar una pensión por fallecimiento

Al difícil trance de perder un familiar, esposo/a o conviviente, el organismo encargado de ejecutar los derechos provenientes de la seguridad social (ANSES) agrega un sinnúmero de trámites que hacen que el beneficiario viva una verdadera tragedia.

En la página de ANSES se puede leer lo siguiente: "En Mi ANSES ingresa desde el menú de la izquierda a Jubilados y Pensionados, selecciona la opción Solicitar pensión por fallecimiento y seguí los pasos".

Parece que fuera un trámite más que sencillo, salvo porque al "así de fácil" le falta algo de información, que hace que no sólo no sea un trámite sencillo, sino que además demora muchísimo tiempo, poniendo, muchas veces, en riesgo la salud e integridad física y mental del futuro beneficiario.

En estas líneas trataré de sintetizar de alguna manera de qué trata el derecho a la pensión por fallecimiento.

La pensión por fallecimiento puede ser de un jubilado o un trabajador independiente o en relación de dependencia.

Las personas que tienen derecho a reclamar la pensión pueden ser la esposa o esposo, conviviente, cualquiera sea su edad y los hijos menores de 18 años o hijos discapacitados.

En caso de que el solicitante hubiera estado casado/a con la persona fallecida, deberá presentar partida de defunción del jubilado/a y partida de matrimonio actualizada.

Si no hubieran estado casados, se debe presentar tres pruebas de que la pareja ha convivido al menos cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento si no hubieran tenido hijos, o al menos dos años si hubieran tenido hijos. Esas pruebas pueden ser información sumaria judicial de convivencia, partida de nacimiento de hijos, boleta de algún servicio o correspondencia a nombre del fallecido en el domicilio del solicitante, comprobante de haber sido apoderado para cobrar los haberes o haber sido incorporado a la obra social del jubilado como familiar adherente, ser cotitular en cuanta bancaria o tarjeta de crédito, etcétera.

Una vez iniciado el expediente, aportando toda la documentación y formularios exigidos por la institución para solicitar la prestación, y según la "carta de compromiso con el ciudadano" el trámite debería durar aproximadamente de tres a cuatro meses.

Sucede que el expediente pasa a una asesoría letrada especial a los fines de analizar los documentos presentados que acreditan el matrimonio o convivencia y en caso de que esa asesoría estime necesario mandará a hacer un sondeo vecinal para ver qué dicen los vecinos respecto a si la pareja convivía o no.

Ese trámite de sondeo vecinal y dictamen de asesoría puede tardar alrededor de seis a ocho meses. No se sabe a ciencia cierta la razón de tamaña demora, pero en más de una oportunidad nos obliga a los abogados a acudir a un pedido judicial para que se resuelva el expediente en forma más expeditiva.

Muchas veces el fallecido fue único sostén de la familia, por lo que cada minuto que pasa desde que se inició el expediente, coloca al futuro beneficiario en estado de vulnerabilidad y lo expone al desamparo económico y quebrantamiento de su salud.

No es muy difícil imaginar por lo que puede atravesar una persona que ha perdido a su esposo o esposa o conviviente, que de por sí se encuentra en estado emocional de mucha fragilidad, si a la vez dependía económicamente del fallecido, no darle tratamiento prioritario pone en evidencia la insensibilidad y arbitrariedad del sistema.

La situación se agrava cuando la persona fallecida no estaba jubilada aún, debido a que al sondeo vecinal y dictamen respecto al vínculo que unía al solicitante con el fallecido se agrega la verificación de los aportes en el lugar en que la persona prestó los servicios, debido a que al haber un solo personal abocado al efecto puede pasar más de un año sin que se resuelva el expediente.

Hay demasiadas demoras en la resolución de las solicitudes y demasiados errores en el sistema que terminan denegando beneficios que a la larga después de una batalla judicial terminan ordenando se otorgue el beneficio que injustamente fue denegado.

La situación se complica si la actividad que desarrollaba el fallecido era especial, como por ejemplo construcción, rural, o servicios domésticos, que parece que el sistema estuviera preparado para denegar por más pruebas que se presenten de la veracidad del servicio prestado, y por más que las leyes no exijan más que estén pagados los aportes en tiempo y forma o extemporáneamente, pero cancelados incluso los intereses, ANSES los deniega igual.

En estos casos de nuevo es el poder judicial quien pondrá equilibrio frente a la injusticia.

Párrafo aparte merece el hecho de que en muchos casos cuando por fin se logró la resolución que otorga el beneficio, puede pasar que el día del cobro se presente al banco el beneficiario y le notifiquen que ANSES procedió a retener sus haberes y no podrá cobrar, lo que nos obligará a un reclamo que implicará nuevamente una demora de no menos de cuatro meses hasta que el organismo, que muchas veces reconoce haber cometido un "error", vuelva a dar de alta el beneficio y la persona pueda finalmente cobrar la pensión que le dejó su esposo o esposa o conviviente como derecho reconocido en la Constitución Nacional, las leyes y los tratados internacionales que protegen los derechos de los adultos mayores.

Realmente para los trabajadores independientes o en relación de dependencia, para los jubilados y pensionados acceder a un beneficio de ANSES, cada día que pasa se convierte en una verdadera pesadilla. Las publicidades sugieren otra cosa, pero la realidad es que la odisea se pasa desde el momento mismo que la persona decide jubilarse o solicitar una pensión, con todas sus dudas, con sus expectativas y muchas veces sin tener el conocimiento integral de todas las leyes que lo pueden beneficiar, terminan con un beneficio mal liquidado y después de muchos meses de angustiosa espera y sin que nadie pueda dar una respuesta ni hacerse responsable de esa vida humana que se encuentra vulnerable económicamente y que va y viene a diario a la espera de una respuesta.

El sistema debe ser revisado, debe ser reformado seriamente de manera que sea sustentable, pero lo más importante es que el fondo de garantía de sustentabilidad que fue creado para solventar todas las contingencias de la previsión social, sea administrado responsablemente y con el fin de que deje de ser deficitario y sea destinado a dar a los jubilados y pensionados una calidad de vida como la que ellos esperan y así lo declara la Carta Magna de la Nación Argentina.