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Silvia Zarza

Colaboración

Fuente: webeservice ¿SE TRATA DE UN PARCHE O UNA SOLUCIÓN?

Nueva moratoria jubilatoria

En los últimos días se presentó, para el tratamiento en comisión de la seguridad social del Senado de la Nación, un proyecto que contempla una nueva moratoria previsional para la regularización de deudas por aportes hasta el año 2008.

En Argentina, la necesidad de regularización de aportes de los trabajadores con alta tasa de informalidad viene dando lugar a varias moratorias previsionales desde el año 2006, siendo las más conocidas las de las leyes 24.476 y 26.970, esta última sólo vigente para mujeres y cuyo vencimiento operara en el próximo mes de julio.

Las moratorias vigentes al momento de su creación fueron de aplicación más amplia, pero con el correr del tiempo fueron estableciendo ciertos requisitos que restringían su utilización dado que se dirigían a una población más vulnerable, de ahí que quienes no pasaban la evaluación socioeconómica según la base de datos de la AFIP, no podían acceder a la moratoria y por lo tanto no podían jubilarse.

Estas moratorias previsionales son planes de facilidades de pago que otorga la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y permite a los contribuyentes regularizar aportes autónomos.

Con los meses y años "comprados" para completar los 30 años se accede a la jubilación, pero no modifican el cálculo del haber jubilatorio que dependerá de los años efectivamente aportados, con la garantía del haber mínimo.

Así, por ejemplo, una persona en edad de jubilarse, con 5 años de aportes debería "comprar" 25 años. Se jubilaría con la mínima y le descontarán la deuda por esos 25 años del haber.

El nuevo proyecto de moratoria tiene elementos que la diferencian de las anteriores. En primer lugar, ya no se trata de una moratoria permanente para regularizar aportes autónomos, sino que se completan aportes que toman como base el aporte mínimo en relación de dependencia, que actualmente es de $10.989. Cada mes de aportes a regularizar costará un 29% del aporte mínimo. Es decir, cada mes de aportes a ingresar tendrá un costo de $3.187.

Se trata de un plan de regularización de deudas que tendrán igual impacto para hombre y para mujeres.

Se prevé además la posibilidad de que trabajadores en actividad vayan analizando su futura jubilación y regularizando aportes, previendo los servicios que le faltarán para alcanzar el piso de 30 años que marca la ley.

La alta informalidad laboral es el principal motivo por el cual se ha permitido la "adquisición" de aportes a través de moratorias. En términos históricos, sólo seis de cada diez trabajadores lo hacen en regla. El empleo no registrado tiene como contrapartida un trabajador que al cumplir la edad jubilatoria no tendrá los treinta años de aportes requeridos por ley. La respuesta que brinda el Estado a esta problemática es la posibilidad de adquirir los aportes faltantes a través de una moratoria, que abona el futuro jubilado en cuotas a deducirse de la propia jubilación.

El nuevo proyecto contempla dos variantes:

1. Comprende a las personas con la edad jubilatoria cumplida (60 años las mujeres, 65 los varones), que no tengan o no vayan a tener los 30 años de aportes para iniciar el trámite jubilatorio y se encuentren en un estado de vulnerabilidad socioeconómica y patrimonial.

Se les permite regularizar los períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008 (inclusive) con la misma modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que obtengan. La cantidad de cuotas podrá ser de hasta 120, según las condiciones que establezca la reglamentación. Las cuotas serán más elevadas, a la vez que se actualizarán cada 3 meses según el índice de movilidad y se duplicará el periodo de cancelación de 5 a 10 años. Tendrá una vigencia de 2 años.

La Unidad de Pago de Deuda Previsional mantendrá correspondencia con lo que contribuye como mínimo el salario de los trabajadores formales a la seguridad social. Actualmente el 29% equivale a $3.187.

2 . La segunda variante está destinada a mujeres mayores de 50 y menores de 60 años y varones mayores de 55 y menores de 65 años que no alcanzarán a completar sus aportes en el tiempo esperado.

Podrán utilizar este mecanismo quienes puedan acreditar ingresos que permitan justificar el pago de la deuda que surja de la "Unidad de cancelación de aportes" por períodos anteriores al 31 de marzo de 2012. El valor de esa Unidad de cancelación es también el 29% de la base mínima imponible, que actualmente es de $3.187, ajustables por la movilidad.

Este segundo componente también es de adhesión voluntaria y "permitirá a las personas en edad prejubilatoria, prever y reparar anticipadamente las dificultades que tendrán en el corto plazo por su escasez de aportes previsionales. Sin esta medida, gran parte de las personas hoy adultas, tendrán como única posibilidad cuando lleguen a la edad de retiro, acceder a los 65 años a una PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor).

Las moratorias para jubilarse han generado en la sociedad argentina un verdadero enfrentamiento entre quienes están a favor y quienes están en contra.

Un punto a considerar es que una proporción significativa de beneficiarios que utilizaron la moratoria tenía aportes. Según las estadísticas de ANSES, cerca del cincuenta por ciento de los jubilados por moratoria tenía al menos quince años de aportes, lo cual en numerosos países le hubiera significado una jubilación parcial.

La alta tasa de empleo informal ha impedido a los beneficiarios completar los aportes mínimos.

Quienes se oponen a las moratorias sostienen que las moratorias desincentivan los aportes. La sustentabilidad de un sistema de seguridad social se basa principalmente (o al menos debería hacerlo) en el ingreso de aportes y contribuciones de los trabajadores y sus empleadores. Las continuas moratorias previsionales podrían desincentivar el empleo formal, dado que el trabajador espera al cumplir la edad poder adherir a una de las moratorias vigentes.

Otro punto para los detractores es que la incorporación de tres millones de nuevos jubilados generó un déficit que dejó a la ANSES al borde del quebranto. De no existir las jubilaciones por moratoria la ANSES sería superavitaria.

Parecería que este nuevo proyecto viene nuevamente a cubrir un gran déficit que impacta en el historial laboral de los argentinos, que actualmente no pueden acceder a la jubilación, lo que no está probado es que realmente no impacte en la sustentabilidad del fondo de garantía que debería cubrir con las prestaciones previsionales. Pienso que hasta que no se resuelva la cada vez más creciente tasa de informalidad en el empleo seguirá siendo una solución de parche y no definitiva para los adultos mayores.