Piden celeridad a la Justicia para normalizar el Centro de Jubilados
Un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral, a favor de la expresidente de la entidad, prohíbe a la Dirección de Personas el llamado a elecciones para terminar con la intervención.
Afiliados al Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Corrientes denunciaron una maniobra judicial que perpetúa a la intervención y lo que consideran "perjuicios irreparables para la institución y sus afiliados".
Una nota presentada por Ana María Maciel de Franco expone que un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo sirve de justificativo para prolongar indefinidamente la intervención de la entidad.
En su nota, Maciel explica que hay una demanda judicial en marcha a la Dirección General de Personas Jurídicas "solicitando el cese de la intervención y la normalización de la institución".
Agregó que ese planteo legal "está en etapa de resolución y en curso procesal normal", pero que a raíz de una "medida cautelar planteada por la expresidente del Centro, Mercedes Solís de Zambrano", se ordenó a la Dirección General de Personas Jurídicas que se "abstenga de dictar actos administrativos relacionados a la convocatoria de elecciones de autoridades del Centro de Jubilados hasta tanto se dicte sentencia en los autos principales".
De acuerdo a la información brindada por la afiliada al centro, la cautelar dictada el 18 de febrero de 2021 "la causa en cuestión se tramita en el expediente IA2 1372 83/2 Incidente de suspensión de decisión administrativa, Solís de Zambrano María de las Mercedes contra el Estado de la Provincia, específicamente contra la Dirección General de Personas Jurídicas de la Provincia".
En diálogo con época, Maciel de Franco señaló: "Desconocemos las pretensiones judiciales de Mercedes Zambrano" y al resto de los jubilados "sólo nos resta esperar que la Justicia actúe con celeridad para no seguir entorpeciendo la normalización".
Para los jubilados este fallo no es la única traba para que la entidad llame a elecciones y Maciel recordó que la primera designación de la interventora Julia Fernández Alcaraz fue dispuesta por un decreto del Poder Ejecutivo firmado el 12 de 2016 estableciendo el mandato de organizar y convocar a elecciones y el tiempo fijado para ese trámite fue de 90 días prorrogables por un período similar.
Maciel destacó: "La sentencia que ordena a la Dirección de Personas Jurídicas fue firmada el 18 de febrero de 2021 y en el medio hubo prórrogas de la intervención durante más de cuatro años con el consecuente daño a la institución".
Informó que nadie sabe en qué estado se encuentran las cuentas del Centro de Jubilados ya que "hay una progresiva disminución en la calidad de los servicios y las filiales del interior están prácticamente cerradas ya que hay una clara política de desfinanciamiento y los delegados tienen que organizar venta de pollos y otras actividades para recaudar fondos y pagar servicios como electricidad, agua y mantener los locales funcionando".
"Con esa decisión de no enviar la coparticipación impide que los jubilados del interior reciban los servicios de asistencia médica, odontológica y hasta se carece de podólogos que son tan necesarios para atender a los afiliados", indicó.
Asimismo reclaman que se haga una auditoría completa del estado de cuentas porque "es notorio el deterioro en la calidad de la prestación de los servicios para los socios y nadie sabe dónde va a parar la plata que se descuenta todos los meses a los jubilados".