Nueva denuncia por las obras municipales
Ediles de la oposición y vecinalistas recurrieron al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por los supuestos sobreprecios.
Los concejales del Frente Grande incrementaron la escalada de sus denuncias por hechos de supuesta corrupción contra el intendente de Resistencia Gustavo Martínez. Fabricio Bolatti y Alicia Frías informaron que, junto a referentes de entidades vecinalistas, se presentaron ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, solicitando auditorías o controles sobre las obras que el Municipio ejecuta en los espacios verdes comunitarios más importantes de la ciudad. Precisamente, sobre la Plaza 25 de Mayo de 1810, la Laguna Argüello y el Parque Intercultural 2 de Febrero.
Los ediles, aliados al gobernador Jorge Capitanich, fueron acompañados por Cecilia Rivero y Víctor Hugo Pastore, de la Asociación Vecinal Resistenciana, e informaron sobre los pedidos de intervención a los organismos de control.
De acuerdo a los comunicados, las denuncias ante los organismos de control se hacen porque "se presentaron dos pedidos de informe respecto de las obras citadas, haciendo uso de las facultades constitucionales y las otorgadas por la Carta Orgánica que tienen los ediles".
Describieron que "la primera presentación fue realizada en octubre del año 2021 y la segunda en el mes de marzo del corriente año, las que hasta el momento no generaron ninguna respuesta por parte de quienes están obligados a contestar, el intendente Gustavo Martínez, en este caso".
El propio Bolatti elaboró "dos informes que contienen análisis de costos y evaluación de una de las obras planteadas -y cuyo esquema se repite en parte en otras de las citadas potenciales contrataciones- que concluyeron en la posible existencia de sobreprecios que en casos, superan el 100%".
Exponen que de las primeras licitaciones surge que "una sola empresa habría ganado todas las disputas de precios, siendo que la misma no se destaca por sus antecedentes como empresa constructora, y sí por su cercanía a las gestiones del actual intendente".
"Son estos los aspectos, ya denunciados públicamente, que propiciaron el pedido de intervención de los organismos de control, a los efectos de que se considere dar inicio a una auditoría, investigación, seguimiento, estudio, o lo que se considere pertinente, a los fines de dilucidar esta cuestión", señalaron.
Consideraron que las irregularidades expuestas "deberían motivar la adopción de las medidas necesarias para prevenir y corregir cualquier irregularidad, ya sea a través de auditorías, investigaciones, evaluación de planes, programas, proyectos y operaciones, sin necesidad de autorización judicial".
"Los organismos de control son los que deben dilucidar esta cuestión, no podemos seguir viendo las obras o los chapones que cierran plazas, sin tener en claro qué se hace y cuánto cuesta finalmente", concluyeron.