
Colaboración
La inseguridad en la nueva normalidad
Tras más de dos años de pandemia, cabe analizar la gran cantidad de cambios a los que nos adaptamos y cuáles son los riesgos que estos trajeron.

En un contexto complejo como el que nos toca vivir, en el que por la pandemia se aceleraron muchos procesos, desde el aislamiento estricto y obligatorio, nos acostumbramos a sobrevivir al virus con cuidados extremos, adaptarnos a nuevas formas de relacionarnos y continuar con la vida a través de los medios electrónicos; se hizo más cotidiano para los adultos mayores ver a sus seres queridos a través de la pantalla del teléfono. Algunos más osados aprendieron a hacer sus pagos de servicios, cobro de sueldos, compras y otros delegaron en familiares más jóvenes y más adaptados a la tecnología para esas acciones.
El ser humano sin ninguna duda tiene una gran capacidad de adaptación a los cambios, incluso aquellos que aparecen como más abruptos; sin embargo, nos pasa en repetidas ocasiones que no sabemos a cuál cambio hay que adaptarse.
Cuando decimos "volvemos a la normalidad", la pregunta es ¿a qué normalidad? ¿la de antes de la pandemia? ¿la de durante la pandemia? ¿O será que hay una nueva normalidad que no la estamos viendo, pero en el día a día la estamos padeciendo?
Hoy en día casi ya no se exige el barbijo en ninguno de los ambientes, ni abiertos ni cerrados, eso es parecido a la normalidad conocida antes de la pandemia.

Por otra parte, muchos servicios públicos y privados se digitalizaron, por ejemplo, los pagos electrónicos, que si bien ya existían antes, se perfeccionaron con la pandemia, las obras sociales y las prestaciones de salud, las recetas médicas, las farmacias y demás negocios de venta de insumos básicos, que además de digitalizar sus servicios de ventas desplegaron la logística de distribución para que el consumidor pueda recibir a satisfacción del producto en su domicilio en el menor tiempo posible.
Los servicios del Estado en cuanto a cobro de impuestos manejan una tecnología de punta de modo tal que las autoridades no sólo pueden tener la información al día, sino además facilitar al contribuyente la posibilidad de pagar sus impuestos, hacer los reclamos necesarios, firmar digitalmente convenios de pago, todo a través de la página de internet.
Se puede incluso actualizar los datos de la forma más fidedigna en las páginas oficiales, los que serán de vital importancia para el otorgamiento de determinados beneficios que brinda el Estado, como por ejemplo el recientemente anunciado IFE.
Lo más impensado, el censo nacional, que se puede completar en forma totalmente digital. Cuando escribo estas líneas viene a mi mente cuando mi madre docente debía recorrer el "día del censo", casa por casa para completar las planillas de datos de cada barrio de Corrientes, de cada familia. Mamá tenía que concurrir fuera de los horarios de trabajo a las capacitaciones y el día del censo tenía que disponer de todo el día por ser una carga del Estado la función que debía que cumplir, la que lo hacía gustosa de cumplir con la Patria.
Son tantos los servicios digitales públicos o privados a los que se puede acceder que es imposible enumerarlos. Hoy en día, por ejemplo, se escuchan mucho las transacciones en monedas digitales, que para quienes sólo conocían el billete, es impensable que existan este tipo de valores y mucho menos que eso pueda servir para la compra de propiedades o bienes de gran valor, e incluso comienza a verse la existencia de un mundo paralelo al que vemos y percibimos con los sentidos, en el que se venden propiedades virtuales. Jamás me hubiese imaginado vivirlo, todo parecía estar en las películas de ciencia ficción. Y cuando de esto nos hablan pensamos que no hay nada como aquellos que nuestros sentidos nos indican si vale la pena invertir en eso o no.
Entre los servicios del Estado, pienso que uno de los que atravesó mucha complejidad y muchos cambios es el servicio de Justicia. Lamentablemente, la pandemia aceleró los cambios en los procesos, pero la adaptación a esos cambios entre los que están de un lado y otro del mostrador está haciendo la situación mucho más compleja, lo que da como resultado un servicio bastante ineficiente, costoso, y con finales inciertos, ni justos ni injustos, sencillamente inciertos.
Los plazos no son los mismos, los planteos no son los mismos, los criterios de interpretación no son los mismos, la balanza de la justicia que conocíamos antes tenía dos bandejas de pesaje, hoy por hoy, parece que tiene más de dos bandejas y la decisión final no llega nunca, pasan meses y meses, el mundo cambia, evoluciona o involuciona y la justicia no llega.
Las estafas electrónicas se ejecutan en milésimas de segundos, sólo con celular en la mano, desde la cola de un supermercado, por ejemplo, una persona está ingresando a la cuenta de otra, sacando todo el dinero allí depositado, dejando al titular en un estado de absoluta indefensión. Hasta ahora nadie se hace cargo del daño. La respuesta de la institución financiera generalmente es que la transferencia se hizo de modo normal y cumpliendo con todos los parámetros de "seguridad" por lo que toman por válida, e incluso invocando el secreto bancario a veces se niegan a dar información sobre el seguimiento del dinero.
Lo grave es que, entre que el banco da el informe después de numerosos reclamos, ya han pasado más de 30 días y cada vez se hace más difícil recuperar el dinero perdido.
Un párrafo aparte merece la demora en la investigación, la falta de creación por medio de expertos, de protocolos de acción rápida en organismos de seguridad y judiciales para que las denuncias sean acompañadas por acciones rápidas tendientes a obtener la mayor información posible y llegar a aquel que en una cola de supermercado estaba, con un teléfono, tal vez también robado, ingresando a la cuenta de un tercero vaciando su cuenta por medio de múltiples transferencias bancarias.
Lo más común que se escucha es el robo de perfiles de WhatsApp, la venta supuesta de dólares, las llamadas desde supuestos teléfonos o correos electrónicos oficiales de bancos, oferta de préstamos, supuestas llamadas desde organismos oficiales para obtener informaciones. Todas estas son situaciones que se vienen advirtiendo "tibiamente" para mi gusto, mediante campañas y por distintos medios de comunicación.
En fin, lo que veo como muy grave es cuando el hecho delictivo sucede, las personas se encuentran en estado de desprotección, muy vulnerables, no se sabe qué pasos seguir. ¿Cómo actúan los organismos de seguridad? ¿Qué datos necesitan que el ciudadano proporcione en caso de ser estafado? ¿Dónde debe radicar la denuncia? ¿Cómo actúa el órgano judicial? ¿Cuáles son los tiempos que maneja? Finalmente, ¿quién se hace responsable del daño?
Veo fallos en los que jueces condenan a entidades financieras al pago de indemnizaciones en casos como estos por falta de seguridad en las transacciones, pero lo que llama la atención es que si se lee detenidamente el seguimiento del juicio nos encontramos con la sorpresa poco grata de que el fallo llega unos cuatro años después de cometido el hecho. En mi opinión, la protección jurídica llegó muy tarde y tal vez faltó un poco de celeridad.
En definitiva, hoy en día tomar un préstamo bancario o acudir a cualquiera de los servicios de internet, incluso los de mensajería instantánea es tan simple como mirar una serie o película por internet. El gran problema es cuando la serie es de suspenso o la película es de terror.
