La seguridad bancaria no protege a los jubilados

En el mundo de la virtualidad, en el que el ciberdelito es moneda corriente, profundizado en la pandemia y en la pospandemia, las entidades bancarias se han visto obligadas a adoptar medidas de seguridad que no parecieran demostrar un firme y claro interés en proteger el dinero, la economía y el bienestar de los clientes. Sobre todo, si se trata de personas jubiladas hipervulnerables que son un blanco fácil para los delincuentes.

¿Qué tipo de garantía de seguridad y confiabilidad ofrece un banco que autoriza un crédito y la transferencia de dinero en un abrir y cerrar de ojos, generando claramente las condiciones para que engañen fácilmente a los jubilados, siendo estos un blanco fácil para la comisión del delito?

Es imperioso que las entidades bancarias implementen condiciones reales y contundentes de seguridad para sus clientes.

Son muchísimos los jubilados damnificados con este tipo de delitos que hoy están pagando al banco créditos que no tomaron, provenientes de operaciones fraudulentas. Es esto, perverso y extremadamente peligroso.

Una Juez Civil y Comercial de La Plata, en un fallo inédito que salió en los medios a mediado del mes de febrero pasado, condenó al Banco Provincia a pagar 600 mil pesos de indemnización y a devolver todo el dinero que le robaron a un cliente en una maniobra de "phishing" ocurrida en plena pandemia de COVID-19.

Declaró la nulidad del crédito que tomaron los delincuentes mediante esa acción de engaño a través de mecanismos virtuales. De esta manera se empieza a resolver la cuestión de fondo sobre las responsabilidades bancarias en estos novedosos hechos delictivos.

La seguridad es uno de los problemas a resolver más significativos en el mundo de la virtualidad, en la que más de la mitad de las gestiones bancarias que se realizan a diario deben ejecutarse por internet: cobro de haberes, pago de servicios, compras con tarjeta de débito de bienes de primera necesidad, pago de alquiler y expensas, entre otros. Deben ser ejecutadas a diario por medios electrónicos bancarios.

Esto impone para las entidades bancarias una serie de deberes de seguridad que deben cumplir sus clientes, que en muchos casos no están de acuerdo con la realidad. A su vez, esto originó un enorme problema cuya solución terminó en manos de la Justicia.

Las distintas comunicaciones emanadas del Banco Central de la República Argentina, como Autoridad de Contralor, hacen referencia a "las obligaciones de las entidades bancarias en miras a garantizar la efectiva protección de los intereses económicos de los usuarios en operaciones de servicios financieros".

Es así como hace foco en el Texto Ordenado del BCRA en lo que respecta a los "Requisitos Mínimos de Gestión, Implementación y Control de los riesgos relacionados con Tecnología Informática, Sistemas de Información y recursos asociados para las entidades financieras"

Las obligaciones que surgen en cabeza de las entidades bancarias a raíz de dicha normativa, se pueden resumir en:

-Desarrollar, planificar y ejecutar un plan de protección de sus activos, procesos, recursos técnicos y humanos relacionados con los Canales Electrónicos bajo su responsabilidad, basado en un análisis de riesgo de actualización.

-Contar con un programa de concientización y capacitación de seguridad informática anual, medible y verificable, cuyos contenidos contemplen todas las necesidades internas y externas en el uso, conocimiento, prevención y denuncia de incidentes, escalamiento y responsabilidad de los Canales Electrónicos con los que cuentan.

-Adquirir, desarrollar y/o adecuar los mecanismos implementados para la verificación de la identidad y privilegios de los usuarios internos y externos, estableciendo una estrategia basada en la interoperabilidad del sistema financiero, la reducción de la complejidad de uso y la maximización de la protección del usuario de servicios financieros.

-Garantizar un registro y trazabilidad completa de las actividades de los Canales Electrónicos en un entorno seguro para su generación, almacenamiento, transporte, custodia y recuperación.

Cuando se refiere a la "Concientización y Capacitación", la disposición del BCRA es clara al categorizarlo como "aquel proceso relacionado con la adquisición y entrega de conocimiento en prácticas de seguridad, su difusión, entrenamiento y educación, para el desarrollo de tareas preventivas, detectivas y correctivas de los incidentes de seguridad en los Canales Electrónicos"; lo mismo por lo que se entiende por "Control de Acceso" como aquel "proceso relacionado con la evaluación, desarrollo e implementación de medidas de seguridad para la protección de la identidad, mecanismos de autenticación, segregación de roles y funciones y demás características del acceso a los Canales Electrónicos".

La política "conozca a su cliente" implementada por el BCRA impone a los bancos a tomar recaudos especiales a los fines de "minimizar el riesgo" ante determinadas situaciones que deberían resultar sospechosas para la entidad.

Parecería que frente al sector más vulnerable y más castigado por este tipo de ciberdelitos dos son los grandes desafíos que las entidades bancarias no han resuelto todavía. Por un lado, la seguridad en la identificación del cliente que opera por medio de internet; y por el otro, la facilitación en el acceso a los medios informáticos financieros.

Hoy por hoy, seguridad no es compatible con facilitación; la brecha sigue siendo amplia, dado que las entidades bancarias en cumplimiento de la obligación de generar capacitaciones en realidad se limitan a desplegar mensajes relacionados con la "no divulgación" de las claves de acceso a la cuenta personal del cliente, en muy diversas campañas y por los más diversos medios de comunicación, a la vez que para cumplir con la seguridad han creado sistemas casi imposible de ejecutar por parte de los adultos mayores, poco amigos de la tecnología, que deberán tener la memoria suficiente para retener, al momento de realizar una operación, al menos unas 3 claves de seguridad numérica, al menos 1 clave alfabética, al menos 1 usuario y una contraseña de acceso a su home banking, en tiempo récord para que no expire la sesión y deba empezar de nuevo con la operación que pretendía. Si a eso se suma el temor de cometer errores y enviar dinero a un destino no deseado, la falta de acceso a un Smartphone para las operaciones o una computadora, falta de acceso a internet, hacen que entreguen sus tarjetas y claves a otras personas, hacen que el sistema sea en definitiva más inseguro, más vulnerable y deje a los jubilados expuestos a merced de la imaginación de los ciberdelincuentes para crear mejores formas de vaciar sus cuentas.

El desafío sin ninguna duda es que las entidades bancarias acorten la brecha entre la seguridad y la facilitación en el acceso a sus servicios financieros y bancarios haciéndolos más robustos a la vez que de más fácil acceso para el jubilado titular.

(*) Abogada Previsionalista egresada de la Universidad Nacional del Nordeste, con más de 30 años ejerciendo la profesión. Dirige el estudio jurídico integral Zarza & Asociados.

Por Silvia Zarza