Los enemigos de los futuros jubilados

Turnos, verificaciones, atenciones virtuales. La falta de turnos y, sobre todo, la falta de claridad y sinceridad en el mensaje de los directivos de ANSES genera mucho enojo por parte de los ciudadanos que durante 30 años o más, han aportado al sistema.

Cuando se toma la decisión de iniciar el trámite de jubilación o pensión ante ANSES, lo primero que se plantea es querer saber cuánto tiempo va a demorar el trámite esto es perfectamente comprensible, dado que cuando una persona tramita alguna de estas prestaciones, se encuentra -con seguridad- en una etapa crucial de su vida, y es normal que afloren las dudas y temores.

La política de ANSES para otorgar turnos para iniciar los trámites es muy poco clara y muy cambiante. Los turnos se pueden sacar, según las publicidades, llamando a un teléfono que nunca atiende o por vía internet, a la que muchos ciudadanos argentinos, sobre todos los del interior, no tienen acceso y, aun teniéndolo, es imposible conseguir, dado que es un servicio que se pone a disposición de las personas por día en un rango muy corto de tiempo y no tiene un horario fijo en el que se puede acceder para obtenerlo, hay un cupo diario en todo el país. Allí empieza la primera demora en el trámite. Cuando por fin alguien tuvo la suerte de obtener el turno "de oro", seguramente será para dentro de 60 días, segunda demora en el trámite.

Otro de los grandes inconvenientes son las verificaciones de los servicios prestados. Los expedientes esperan a veces hasta por un año o más que un agente de ANSES concurra a la empresa en la que trabajó quien pretenda jubilarse a "verificar" si lo expuesto por el futuro jubilado y presentadas las pruebas necesarias sobre sus aportes y servicios "es verdad" lo dicho. La razón de esa verificación es para "evitar el fraude".

Este exceso de control parece innecesario dado que al iniciar el expediente se deben presentar todas las pruebas que acrediten los servicios declarados, es decir recibos de sueldos, certificaciones de servicios, informes de organismos creados al efecto (IERIC, RENATRE, etcétera), las verificaciones muchas veces se hacen por vía virtual, mediante el cruzamiento de datos con otros organismos por ejemplo Ministerio de Trabajo o AFIP para verificar si la empresa existió y efectuó los aportes, incluso esas verificaciones que no son presenciales no se hacen dentro de un tiempo prudencial, sólo después de múltiples reclamos administrativos y judiciales se puede conseguir que el expediente pase a una siguiente etapa.

Finalmente, cuando se anunció la implementación de la atención virtual fue muy festejada por todos aquellos que esperaban por un turno, pero a los seis meses los hechos demostraron que era sólo propaganda, porque un expediente que en forma presencial tardaba cuatro meses en resolverse, en forma virtual tardaba de seis a ocho meses en caratularse, así que el sistema rápidamente perdió eficacia.

Frente a estas dificultades en todo el país, desde el 2020 y 2021 se hicieron innumerables reclamos por parte de comunidad de abogados Previsionalistas por estos temas. Con ello se logró cambiar la situación temporalmente de cada uno de estos tres puntos críticos, pero al poco tiempo volvemos con las mismas dificultades.

Ahora bien, no existe una norma específica que regule el plazo de resolución de un expediente de jubilación. Es decir, no hay una norma que nos responda los interrogantes básicos de cuánto tarda en salir una jubilación, o cuándo se cobra la primera jubilación. Lo mismo sucede con las pensiones.

Como regla general, una jubilación con servicios comunes o con moratoria debería estar resuelta en un plazo de entre 3 (tres) y 6 (seis) meses. En cambio, si se trata de una jubilación con servicios en relación de dependencia, con servicios diferenciales o insalubres, el plazo del expediente puede ir desde 6 (seis) meses hasta un año. Estas pautas temporales también se aplican a las pensiones, las cuales a veces tardan un poco más, porque las verificaciones no sólo se centran en los servicios sino también en la prueba de convivencia efectiva entre el/la causante y ella solicitante. Pero, cada trámite es único y los tiempos pueden dilatarse por muchos motivos.

Ahora, si bien es cierto que no hay normas que fijen plazos tajantes, tampoco eso quiere decir que ANSES puede demorar indefinidamente la resolución del expediente. Además de los plazos generales de la Ley de Procedimiento Administrativo, hay varias cosas que se pueden hacer para que el trámite sea resuelto en el menor tiempo posible.

Una vez que se logró iniciar el expediente, es importante hacer el seguimiento periódico y estar atentos al estado del expediente, eso nos va a permitir evaluar si es necesario presentar documentación adicional o si la demora en cada etapa del trámite es la normal y esperada. Si bien la respuesta a la pregunta acerca de cuánto tarda en salir una jubilación o cuando cobro mi primera jubilación o pensión, no tiene una respuesta precisa, las pautas temporales generales nos pueden servir de guía. Si detectamos que el plazo del trámite de la jubilación se está alargando más de lo razonable o que la demora de un expediente resulta excesiva, existen herramientas legales para forzar una rápida resolución. El pronto despacho y el amparo judicial por mora son las herramientas que contamos para impulsar la resolución esperada de la administración.

No cabe ninguna duda que la cantidad de beneficios a otorgar tiene directa relación con la capacidad de pago de la ANSES y Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los beneficios previsionales. No cabe duda sobre la crisis económica que pesa sobre esos fondos. Por lo que es fundamental el ajuste.

Pero, ¿el ajuste debe pesar sólo sobre los jubilados o sobre los futuros jubilados? ¿Aquellos que desde hace años padecen estos problemas de reclamos judiciales por reajuste de sus haberes o aquellos que no pueden obtener su beneficio previsional porque la caja ya no está en condiciones de solventar? ¿O es hora de que haya también otros ajustes en los gastos del Estado, como por ejemplo los gastos destinados a pautas publicitarias. Entre enero y noviembre de 2020, el Gobierno Nacional gastó estimativamente alrededor de $4.704 millones de pesos en publicidad oficial nacional que incluye la de los organismos descentralizados -como el Banco Nación, el PAMI y la ANSES- Durante 2019, había gastado alrededor de $3.350 millones.

Ese dinero se podría destinar a mejorar la infraestructura de ANSES, modernizar los sistemas y dejarlos acorde a la era de la digitalización para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios del estado sin ningún tipo de inconvenientes, para mejorar los haberes de jubilados y solventar el de los futuros jubilados, sería mejor destino de los fondos públicos antes que en pautas publicitarias de altísimo costo que en realidad no mejoran la vida de las personas y no permiten el acceso a derechos establecidos en la Constitución Nacional.

(*) Abogada Previsionalista egresada de la Universidad Nacional del Nordeste, con más de 30 años ejerciendo la profesión. Dirige el estudio jurídico integral Zarza & Asociados.

Por Silvia Zarza