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Guillermo Chas

Colaboración

Fuente: webeservice EL CÓDIGO PENAL TIPIFICA LOS DELITOS QUE CAUSAN ESTRAGOS

La impunidad, un combustible que alimenta los incendios

Hay fiscalías por delitos ambientales pero falta de formación y capacitación específica en esta clase de ilícitos por parte de quienes deben llevar adelante las investigaciones. Además de la sobrecarga de las Fiscalías de Instrucción.

A medida que pasan los días y continúan creciendo exponencialmente las hectáreas incineradas maximizando una catástrofe ambiental sin precedentes, la falta de capacidad operativa del Estado para prevenir y sancionar a los responsables pone en evidencia graves falencias en materia de seguridad pública y destapa las consecuencias de incumplir con una ley sancionada hace 16 años.

Según las palabras del propio gobernador, Gustavo Valdés, la situación es una catástrofe y no sólo se trata de una expresión manifestada ante los medios. Corrientes ha sido declarada zona de desastre ecológico y ambiental por el Gobierno provincial, mientras el fuego no cede y las consecuencias crecen a un ritmo exponencial. Según cálculos realizados por el INTA, el 7 de enero se habían quemado alrededor de 80.000 hectáreas. Hoy, ese número se multiplica por diez: las hectáreas consumidas por el fuego superan las 800.000 y crecen a un ritmo de 20.000 por día. Para dimensionarlo, basta con decir que la superficie que se quema diariamente equivale al tamaño total de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La tragedia, lógicamente, acarrea severas consecuencias. Algunas de ellas ya son tangibles, otras van proyectándose y algunas ni siquiera pueden dimensionarse al punto que sólo se podrán conocer una vez extinguido el fuego, algo que por el momento parece lejano. El impacto económico cruza transversalmente a los distintos sectores productivos de la economía correntina, con pérdidas que las autoridades gubernamentales y entidades especializadas como CONINAGRO calculan en más de 20.000 millones de pesos. A esto deben sumarse las consecuencias que sufrirá la industria del turismo y, al ahondar en ello, surge claro un daño mucho más severo y doloroso que ha quedado de manifiesto con los focos ígneos que han avanzado sobre los portales de los Esteros del Iberá calcinando a su paso a la biodiversidad del ecosistema más preciado de los correntinos.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación y de la magnitud inimaginable de los daños ocasionados, y aún cuando cada vez más voces oficiales ponen sobre la mesa la intencionalidad detrás de numerosos focos ígneos, todavía es noticia si alguna persona es detenida o algún proceso judicial es abierto, como si fuera un logro dar con un responsable cuando en verdad hay cientos - o quizás miles - de personas que han ocasionado incendios tras incendios con total impunidad.

Resuenan en nuestra memoria las palabras del ministro de Seguridad Buenaventura Duarte, quien al asumir al frente de esa cartera en diciembre pasado afirmó - con atinado criterio y con el conocimiento propio de alguien que ha dedicado largos años de su vida a investigar y perseguir a los responsables de delitos que no pudieron ser evitados y se convirtieron en expedientes que tramitaron por juzgados y fiscalías - que el objetivo fundamental del área gubernamental de seguridad debe ser el de trabajar en la prevención de los delitos.

El incendio, que se encuentra tipificado en el Código Penal como una especie dentro del género de estragos y está penado con hasta diez años de prisión, se ha transformado en una figura delictiva en la que la prevención ha fracasado de manera evidente rotunda e innegable. Y si bien, las dimensiones del territorio provincial hacen humanamente imposible controlar la totalidad de la situación, uno tiende a imaginar que, en el escenario que estamos viviendo, sería conveniente destinar más efectivos policiales a tareas de patrullaje que ayuden a encontrar en flagrancia a quienes generan incendios a la vista de todos. Podría empezarse por esos grupos de policías apostados en caminos poco transitados, a quienes se los deja durante horas al rayo del sol con la única finalidad de detener a los conductores, preguntarles "¿de dónde vienen y hacia dónde van?" y dejarlos seguir su camino, muchas veces duplicando tareas que ya son realizadas por la Gendarmería Nacional incluso a escasos kilómetros de esos mismos controles.

En el ámbito de las políticas públicas judiciales aparecen como aporte las Unidades Fiscales Especializadas, estructuras pensadas para abocarse al abordaje de ciertos fenómenos criminales que se destacan por su complejidad o por otras características propias de los delitos puestos bajo su órbita, con el propósito de hacer más eficiente la investigación de esos casos en miras a esclarecer los hechos y, eventualmente, sancionar a los responsables.

A lo largo de nuestro país, muchas jurisdicciones cuentan con fiscalías dedicadas a la investigación de delitos con impacto ambiental. En Corrientes, de hecho, se sancionó en el año 2006 la Ley 5.691 que creó once Unidades Fiscales Rurales y Ambientales, entre cuyas funciones se les impuso la investigación de casos de incendios.

Sin embargo, transcurridos 16 años desde la aprobación de dicha norma, solamente una de esas fiscalías se encuentra en funcionamiento en la localidad de Mercedes y su zona de influencia. Esta situación agrega dos ingredientes significativos para el cóctel de la impunidad: por un lado, la falta de formación y capacitación específica en esta clase de ilícitos por parte de quienes deben llevar adelante las investigaciones y, por el otro, la sobrecarga de las fiscalías de instrucción donde terminan recayendo estas causas, que deben abocarse a la atención de delitos más graves o con mayor repercusión pública, tales como homicidios o abusos sexuales.

En su última conferencia de prensa, el gobernador Valdés mencionó que, en el ámbito de la Justicia, hay una causa abierta que investiga al menos un incendio intencional. Sin dejar de remarcar que los incendios no intencionales - culposos - también son delitos que deben sancionarse, la existencia de una causa judicial frente a más de 800.000 hectáreas quemadas parece bastante poco. Mientras esto no cambie, la impunidad continuará sirviendo como combustible para alimentar el fuego que carcome a nuestra provincia.

* Guillermo Chas es abogado (UCA) y maestrando en Administración de Justicia (UniversitÓ degli Studi di Roma), consultor y docente universitario.