Protección de datos, el camino a la libertad

El 23/01 se celebra El Día Mundial de la Libertad, recalcando la importancia de la libertad, pues no se trata sólo de un concepto sino de un modo de acción y pensamiento.

Se puede entender a la libertad como opción y la capacidad de elegir, que es uno de los derechos más que preciados, después de la vida. Tener libertad de elección y decisión es un desafío, ya que implica ser responsables, pero también se necesita de valor y coraje.

En la Constitución Nacional argentina se protege este derecho humano fundamental de la libertad en varios artículos. En este tiempo de cambios vertiginosos que vive toda la humanidad, muchas veces nos preguntamos: ¿somos realmente libres? ¿qué nos hace menos libres?

Para dar respuesta a esas preguntas hay que remontarse a quienes ejercen ese derecho humano fundamental de libertad, es decir, los seres humanos, que a su vez tienen otros derechos humanos fundamentales como el de identidad: nombre y apellido, domicilio, número de documento, huella dactilar, hoy incluso la huella digital utilizada en muchos Smartphone, cajeros automáticos de instituciones públicas y privadas; además, existen métodos más sofisticados de determinación de identidad como los software de reconocimiento facial; datos y más datos de cada individuo. Cuanto más datos existan en la red, más seguros estamos que quien está realizando una actividad es la persona que dice que es.

A su vez, las medidas de seguridad para proteger esos datos que permanentemente estamos volcando al mundo virtual son insipientes y no guardan, en absoluto, relación con la necesidad de proteger la inmensa cantidad de datos que cada usuario a diario deja en internet.

La libertad debe ir de la mano del derecho humano fundamental de protección de los datos de identidad y sensibles de cada uno de los ciudadanos que integran la sociedad.

Cada vez que utilizamos los teléfonos celulares, nos comunicamos con nuestros familiares y amigos, coordinamos tareas, enviamos fotos, mensajes, audios, hacemos videollamadas, ingresamos a nuestras cuentas bancarias con las contraseñas y demás medidas de seguridad establecidas por los bancos, estamos comunicando al mundo virtual todo lo referido a nuestras vidas.

Estas acciones cotidianas se hacen desde los celulares, incluso a veces se publican cosas de la vida diaria en las redes sociales. En repetidas ocasiones leemos esto de "en mi muro publico lo que me gusta", muchas veces sin ningún parámetro de seguridad.

Así, todos podemos leer quién está de vacaciones, quien está en su casa, dónde se encuentra la persona y con quiénes, quiénes pertenecen al mundo de sus relaciones y familiares, quiénes son los menores que conforman sus familias, qué comen, dónde se divierten, dónde y qué estudian, qué están dispuestos a comprar y para qué, qué están buscando y qué decisiones podrían tomar en el futuro inmediato, por qué medios viajan, quién es el médico de cabecera y hasta qué posible enfermedad pueden llegar a tener, cuál es su creencia religiosa, con qué bancos operan y si son empleados, emprendedores, estudiantes o jubilados, entre otros.

Casi la totalidad de los datos personales de los ciudadanos en Argentina están concentrados en el RENAPER (Registro Nacional de las Personas), datos que a su vez son utilizados por otros distintos organismos del estado Migraciones, AFIP, ANSES, PAMI, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Transporte, de Salud, el Poder Judicial, Poderes Legislativos y también organismos privados, billeteras digitales o bancos, Mercado Pago.

Utilizan nuestros datos para validar la identidad del usuario y autorizar la realización de distintas acciones, algunas simples como ver el estado de un expediente en ANSES y otras más complejas como autorizar una orden de medicamentos por PAMI o autorizar un pago de servicios o transferencia de dinero de una cuenta a otra.

Estos son los usos de nuestros datos, que en su mayoría no fueron autorizados o al menos no autorizados con la conciencia de qué se iba a hacer con nuestros datos, por lo que, sin dudas, entran cotidianamente en colisión con el derecho a la libertad.

En octubre del año pasado se conoció el posible hackeo de los datos del RENAPER, y la posible venta de los datos de 45 millones de argentinos.

Entre esos 45 millones de habitantes hay unos 6 millones de jubilados a los que deben agregarse otros beneficiarios previsionales como las pensiones no contributivas, asignaciones universales, entre otros. Es decir que existe la posibilidad de que un poco más de 6 millones de beneficiarios de la seguridad social, tengan sus datos distribuidos en empresas privadas que usan los datos para la venta de sus bienes o servicios con los que a diario son acosados telefónicamente, por mensajes o emails para llegar al objetivo de venta. Así de pronto tienen seguros que nunca contrataron, cuyas cuotas mensuales se les descuenta directamente de sus sueldos, tarjetas de crédito que generan deuda por mantenimiento de cuentas que nunca solicitaron.

Es posible y mucho más grave que los datos del sector más vulnerable de la sociedad puedan estar en manos de criminales inescrupulosos que tienen en su poder todos los datos de identidad y comunicación, necesarios para estafar a los jubilados y vaciar sus cuentas, dejando a más de uno sin ningún centavo de sus sueldos. Sólo en el año 2020 las estafas a los jubilados ascendieron a más de 10 millones de pesos en todo el país.

El Estado y las entidades bancarias con compromiso social deben extremar las medias de protección y seguridad de protección de datos de los ciudadanos. Estos deben estar resguardados con extremas medidas, para que no sucedan estos hechos delictivos, se debe asumir la responsabilidad con políticas públicas y empresariales, para que cada ciudadano argentino y en especial los jubilados puedan ejercer cabalmente el derecho fundamental de libertad, máximo derecho que junto al de la vida y la salud, que hacen al ser humano feliz y completo.

(*) Egresada como abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Dirige el estudio jurídico integral Zarza & Asociados.

Por Silvia Zarza