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Silvia Zarza

Especial para época

Fuente: webeservice EL PELIGRO QUE CORRE SU LIBERTAD

Los cambios en las jubilaciones de la Justicia

La ley que cambia la entidad, a partir de la cual los integrantes del Poder Judicial de la Nación se jubilan, genera una serie de cuestiones sobre lo que puede pasar con estos trabajadores y sobre la importancia de su libertad para llevar a cabo su labor.

Los cambios en las jubilaciones de la Justicia

Desde hace un año los integrantes del Poder Judicial de la Nación -jueces, fiscales, defensores oficiales, funcionarios y empleados- pasaron a jubilarse bajo la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y ya no por el Consejo de la Magistratura de la Nación, un organismo judicial.

A partir del mes de febrero del año 2021, ANSES comenzó a liquidar los beneficios otorgados por la Ley N°24.018, correspondientes a los Magistrados, Funcionarios y Pensionados del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal, que eran liquidados mediante Decreto N°109/76 (actualmente derogado), según la resolución dictada por ese organismo del 29 de diciembre del año 2020.

En esa nueva Ley 24.018 para las jubilaciones del Poder Judicial se elevó del 11 al 18% el aporte sobre el sueldo de sus miembros; y si bien se mantuvo el 82 por ciento para la jubilación, pero con el cálculo sobre las últimas 120 remuneraciones; finalmente se elevó para los hombres la edad para retirarse de 60 a 65 años de manera escalonada año tras año hasta llegar en 2025 a los 65.

En síntesis, los cambios fundamentales que sufrieron las jubilaciones de los jueces desde principios de la pandemia hasta la fecha son los siguientes:

* Aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los 65 años: la escala iniciará en 60 años en 2020 e irá subiendo progresivamente hasta llegar a los 65 en 2025.

* Incremento de siete puntos porcentuales en el aporte jubilatorio: de esta forma los funcionarios alcanzados aportarán el 18% de su salario, a diferencia de los del régimen general que contribuyen con el 11%.

* Reducción de los cargos que pueden acceder a estas jubilaciones: el proyecto de ley mantiene dentro de este régimen especial a los jueces de la Corte y a los de Cámara, así como a los fiscales y procuradores, pero excluye, por ejemplo, a los prosecretarios administrativos, que antes lo integraban.

* Incremento de los años de servicio con aportes requeridos: como en el sistema general, se deberán acreditar 30 años de servicio con aportes computables en uno o más regímenes incluidos en el sistema de reciprocidad jubilatorio.

* La jubilación será equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, es decir, de los últimos diez años.

Existen razones históricas que justifican la existencia de un régimen previsional especial para magistrados y funcionarios, esto es contribuir a la independencia del Poder Judicial, se tiende a asegurar a los magistrados y funcionarios un nivel de vida decoroso para cuando cesan en sus funciones, de modo que durante el desempeño de estas últimas se puedan brindar con la mayor libertad posible y con razonable tranquilidad económica.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó en claro que se trata de un régimen con características propias que lo hacen diferente del régimen general. Así, sostuvo que: "La protección que el legislador ha dispensado al régimen de jubilaciones correspondientes a los magistrados no se sustenta en bases discriminatorias o de privilegio, sino que, por el contrario, goza de una particularidad que surge de los principios que preservan las instituciones republicanas. Se trata de propósitos últimos de independencia funcional, que se infieren de los principios de intangibilidad y de inamovilidad de los magistrados en sus cargos, y que justifican una innegable diferencia respecto de los regímenes laborales, no sólo del trabajador sometido al derecho común, sino también respecto del empleado o funcionario público. El fundamento de tales principios –que justifican la distinción– es evitar que los otros poderes del Estado – administrativo o legislativo– dominen la voluntad de los jueces con la amenaza de reducir su salario, de hacerlos cesar en sus cargos o de jubilarlos, y ello favorezca un ámbito proclive a componendas contrarias a la independencia de criterio para la función jurisdiccional".

El derecho a la seguridad social tiene como principio fundamental el de progresividad, de modo tal que no se pueden crear condiciones más gravosas para los futuros beneficiarios, pudiendo si así lo hiciere, generar una catarata de legítimos reclamos judiciales.

En mi opinión, si el poder judicial tenía articulado su propio mecanismo de retiro para los jueces, y a través de organismos propios, no veo razón para pasarlo a un régimen común y que los ingresos de aportes y contribuciones sean administrados por el Poder Ejecutivo, a través de ANSES, eso hace peligrar sustancialmente la independencia del poder judicial y finalmente es un nuevo ataque a las instituciones del sistema republicano de Gobierno.

(*) Egresada como abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Dirige el estudio jurídico integral Zarza & Asociados.

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