20 años de institucionalidad en Corrientes, sin progreso

Por Sonia López

Se cumplieron 20 años de institucionalidad provincial en Corrientes, desde el fin de la última Intervención Federal que sufriera nuestra provincia, y no es poco, teniendo presente las decenas de intervenciones que pasaron su poder discrecional sobre nuestra tierra, históricamente disfuncional con el poder del puerto.

Esta última intervención federal desembarcó literalmente, a sangre y fuego, reprimiendo la movilización popular que se había extendido por casi un año de reclamos, asambleas, aguante general en la "Plaza de la Dignidad" y plazas centrales de todos los pueblos correntinos, piquetes de rutas y del Puente General Belgrano, como los puntos más críticos de expresión popular.

Los reclamos autoconvocados eran variados: normalización de los entes autárquicos, no a la privatización del Banco Provincia y de la DPEC, control popular de las cuentas y gestión públicas, participación ciudadana de todos los sectores, rescatar la funcionalidad del IOSCOR y el grave problema, principal y detonante, de la falta de pago de haberes en todos los niveles del Estado provincial y municipal.

Meses sin cobrar los sueldos estatales, sin funcionamiento pleno de la obra social, se había cortado ya la cadena de pagos de las familias para alimentarse y pagar las cuentas y servicios. Y comenzaban a desaparecer también los salarios del sector privado. Era un desastre humanitario. Se llenaban las plazas de hecho, para rodear las ollas populares y crecía la retención de servicios de los trabajadores ante la incertidumbre y la desesperación.

El neoliberalismo impuesto en Argentina durante los diez años ininterrumpidos de privatizaciones y endeudamiento del gobierno menemista, había hecho estragos en Corrientes. Se vendía por monedas el Patrimonio Nacional y Provincial, creando un emergente de nuevos ricos explotadores del sector financiero y de los servicios, y para sostener los gastos normales del Estado se endeudaba el país y la provincia, descargando toda esta desgracia en el ajuste al ingreso de los trabajadores.

Llegó un momento que cada paquete salarial mensual se pagaba con un nuevo endeudamiento internacional y en dólares. Era insostenible. Queda en el debate conatos autoritarios y sospechas de corrupción del gobierno provincial de Pedro Braillard Poccard, lo cierto que su destitución por Juicio Político cobró fuerza por el caos económico y social del cual su ineptitud no daba cuentas y nunca se hizo cargo de ello.

Corrientes había detonado nuevamente, pero los muertos, heridos y empobrecidos siempre los puso su pueblo y no la oligarquía gobernante en crisis que se fue reciclando. Mauro Ojeda y Francisco Escobar asesinados por las balas de Gendarmería Nacional y decenas de heridos, aún esperan justicia, ya que la impunidad de todo lo ocurrido fue parte del "Pacto de Gobernabilidad" que trabajaron desde el poder local y nacional para calmar las aguas y garantizar el disciplinamiento social y que cada cual vuelva a lo suyo sin levantar su cabeza.

Se fraguó una contraofensiva muy inteligente con centro en los cordobeses (funcionarios interventores y empresarios con hambre de negocios) que mandó el represor presidente De La Rúa. Con la esperanza de que valió la pena la revuelta popular y tanta pasión desplegada por los cambios necesarios, la gran mayoría popular quiso creer en la nueva etapa, todos quisimos creer, porque los pueblos no se suicidan tampoco y en algún momento había que volver a la normalidad, poder trabajar y que te paguen por tu trabajo y pagar tus cuentas y salir adelante con tu familia. La esperanza era nuestra forma de preservación, de continuidad y memoria.

Después de dos años intensos de la Intervención Federal: todos los jueces en Comisión, sacando a la mayoría y poniendo propios, nuevos códigos y leyes por decreto, negocios de todo tipo con empresas fantasmas creadas para ser proveedoras del Estado y más endeudamiento que se tomaba a nombre de este y no llegaba a la provincia, acaso el caso paradigmático son los 50 millones de dólares que tomó Aguad a nombre de la Municipalidad correntina y nunca se supo dónde quedó ese dinero. Los cordobeses se volvieron ricos a su provincia y algunos dejaron sus empresas que continúan facturando actualmente.

Después de todo este saqueo, llegó el cambio; eso se vendió y eso se compró. Había que comprar algo para seguir adelante porque el Estado debía continuar con actores locales y ya no interventores "angurrientos". Porque, es bueno reconocer que la gran asignatura pendiente del pueblo correntino alzado es un proyecto político alternativo a la oligarquía local y a la voracidad federal, una herramienta política nacida de esas plazas del aguante, de ese pueblo en rebelión, que no se llegó a organizar nunca. Y esa ausencia restableció el poder dominante con nuevas formas, pero más elitista que antes. Esa gran coalición de gobierno llamada "Frente de Todos" (el primero aquí a la correntina), asumió el gobierno en diciembre de 2001, y reunía a la UCR hegemónica desde entonces, al PJ -de pronto oficialista- y a los partidos conservadores que se habían enfrentado al PANU, sometido desde entonces a la Justicia, pero sin justicia, con juicios que se arreglaban o radicalizaban según la alianza que aceptaba firmar el PANU. La Justicia, desde entonces, como herramienta de acción política del partido de gobierno.

Ese FdT, con un discurso de cambio político, de renovación, de gestión trasparente, de participación y demás publicidades discursivas, realmente logró inaugurar una nueva etapa, imponiendo una gobernabilidad sostenida por el pago de sueldos al día, aún con salarios miserables; eso se identificó como una valor de equilibrio institucional que el pueblo viene valorando de manera mayoritaria, luego de la gran crisis sufrida.

Sin embargo, es bueno dejar sentado que, más allá de que objetivamente se han consolidado como un nuevo poder político dominante, primero como FdT y luego como ECO, la UCR y sus aliados no han logrado realmente encontrar ni aplicar un verdadero programa de proceso en ningún aspecto de la vida de los correntinos, aunque ha sido siempre, durante los 20 años de gobierno ininterrumpidos, su promesa principal. Y ya no se pueden seguir transfiriendo responsabilidades al poder central.

De hecho, debemos decir, ya que ha renovado su mandato Gustavo Valdés por amplia mayoría, dejando por el camino a su caudillo mentor, Ricardo Colombi: ¿Cuándo van a devolverles a los hospitales del interior los médicos y enfermeras e insumos y complejidad que les quitaron ustedes? ¿Cuándo la flota de ambulancias que circula por las rutas dejará de ser el último lugar de auxilio de los enfermos? ¿Cuándo volverá el programa EPAM de mejoramiento de las viviendas? ¿Cuándo dejarán de entregarles como regalo los recursos naturales de la provincia a los extranjeros o locales, como el Iberá o la costa correntina?

¿Cuándo se entregarán tierras para las familias campesinas en Corrientes? ¿Cuándo se dejará de desalojar a campesinos, pequeños productores y comunidades originarias de sus campos y territorios ancestrales? ¿Cuándo entenderán que un desarrollo agroindustrial es posible con inversión social? ¿Cuándo dejaremos de tener jueces politizados y manejables por los poderosos? ¿Cuándo dejarán el verso de la inversión privada extranjera que nunca llega? ¿Cuándo dejaran de subsidiar a medios de prensa adictos para hablar bien del Gobierno? ¿Cuándo dejaremos de tener presos políticos en Corrientes y se respetarán realmente los derechos humanos de la juventud y de las mujeres, los niños y diversidades?

A 20 años de esta institucionalidad sin progreso, la oposición política quedó destruida, sin rumbo, sin proyecto, sin líderes populares y sin honestidad tampoco de su desastre, el mayor logro del oficialismo. Es la hora del pueblo otra vez, pero ahora ya no sólo para sobrevivir o esperanzarse sin remedio, es tiempo de resolver la asignatura pendiente, de organizar la propuesta política popular que ponga a Corrientes en el lugar que, por su historia heroica, se merece.

(*) Ex Convencional Constituyente y Diputada Provincial (MC). Presidenta del Partido Comunista.