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Silvia Zarza

Especial para época

Fuente: webeservice SOBERANÍA ALIMENTARIA

¿Por qué siempre se dice que los jubilados pierden?

La doctora Silvia Zarza, especialista en derecho previsional, analiza la realidad actual de los jubilados en una Argentina en la que las condiciones económicas se dificultan cada vez más.

¿Por qué siempre se dice que los jubilados pierden?

Cada 20 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Soberanía Nacional. La fecha fue elegida en homenaje a la Batalla de la Vuelta de Obligado, que se llevó a cabo sobre el río Paraná el 20 de noviembre de 1845. Fue un enfrentamiento entre la Confederación Argentina, comandada por Juan Manuel de Rosas, y una escuadra anglo francesa que pretendía controlar la navegación de los ríos. Durante esos años, la Confederación atravesaba serios conflictos entre sus provincias. Aún no se había dictado la Constitución y muchas gobernaciones no estaban de acuerdo con la política de la provincia de Buenos Aires, al mando de Juan Manuel de Rosas.

Para frenar esta intromisión extranjera, Rosas organizó la resistencia, que dio lugar a la Batalla de la Vuelta de Obligado, al mando del reconocido general Lucio N. Mansilla. La estrategia implementada fue llamativa y audaz. Si bien la batalla terminó en una derrota para los argentinos, marcó un hito en la historia. Al poco tiempo, la soberanía de la Confederación fue reconocida a través del tratado Arana-Southern con el Reino Unido (1849) y del Tratado Arana-Lepredour con Francia.

Gracias a la resistencia y valentía del pueblo, este hecho obtuvo el reconocimiento que merecía. No sólo actuaron las tropas preparadas, sino también la gente de los alrededores. Entre ellos, hombres y mujeres sin ningún tipo de entrenamiento ni directiva, que sacrificaron su vida por la Patria y prestaron servicio a los heridos.

Aquel 20/11 se defendió la soberanía política, territorial y comercial de la Confederación y esta fecha me parece oportuna para hablar también sobre la defensa de otro concepto, tal vez más moderno, que es la soberanía alimentaria, descripta como el derecho de un pueblo a una alimentación saludable y al alcance de todos los habitantes.

Es aquí cuando esta se presenta más como un deseo que como una realidad. Con una inflación que hace volar la canasta básica de alimentos; con nuestros campos regados de agrotóxicos que enferman a pueblos enteros y un modelo agroalimentario concentrado en un puñado de empresas -la mayoría extranjeras-, el hambre del pueblo asoma como la principal deuda de nuestra democracia.

Uno de los sectores que más sufre la carencia de políticas públicas reales que aseguren la adecuada alimentación es el de los jubilados. Esas personas que dieron su vida por la grandeza de la patria, puesto que con sus aportes contribuyeron solidariamente a aquellos que les precedían, siendo que en el futuro también podrían gozar de los derechos y beneficios que se habían plasmado en la Constitución Nacional en el art. 14 bis, que establece que el Estado les asegurará a todos los habitantes de la nación una jubilación digna y móvil.

Sin embargo, la realidad se presenta de un modo más distante y austero para los jubilados. Ellos, que quisieron a través del trabajo brindar a nuestros hijos y nietos un futuro mejor. Todos saben que, con fórmulas de ajuste engañosas, año tras año a los jubilados se les niega la posibilidad de una vida digna.

Las fórmulas de movilidad jubilatoria van cambiando, llevando como elemento casi inmutable que el resultado será siempre inferior al que correspondería si se aplicara realmente el principio de solidaridad y movilidad de los haberes.

En diciembre próximo, las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales se incrementarán un 12,11%, por la aplicación del índice de movilidad previsional. Lo informó el Gobierno luego de que se conoció cuál fue la variación de los salarios en septiembre, según un índice que elabora el INDEC. Ese era el último dato que faltaba conocer entre los que integran el cálculo de la movilidad, que considera la variación interanual, en un trimestre, de la recaudación de impuestos que se destinan a los pagos de la seguridad social, medida por beneficios; y la evolución trimestral de los salarios, según uno de dos indicadores oficiales: el ya mencionado o la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que elabora la Secretaría de Seguridad Social.

El de diciembre es el cuarto aumento del 2021. Para fin de año se acumulará un incremento de 52,67%. Según un comunicado difundido por la ANSES, el índice "le gana a la inflación anual".

Sin embargo, sólo en el mes de enero se conocerá el nivel de incremento del índice de precios durante 2021.

La inflación de octubre fue de 3,5%, un nivel superior al que se esperaba para ese mes, aún con la vigencia de la política de congelamiento de precios aplicada desde la Secretaría de Comercio. Hasta el décimo mes del año, la inflación acumuló un 41,8% y, entonces, para que el índice de todo el año no supere el 52,7%, los precios no deberían subir más de un 3,7% mensual, en promedio, en este último bimestre del año.

Esto es así porque en 2020 se decidió suspender la vigencia del cálculo de movilidad y otorgar subas de manera discrecional y por decreto, que se ubicaron por debajo de la inflación y también por debajo de lo que hubiera correspondido por la ley de 2017.

Uno de los elementos que formaban parte de la elaboración de la fórmula de movilidad de los haberes en la ley sancionada en el 2017 era el Índice de Precios al Consumidor -junto a la variación del RIPTE-; pero con la modificación, en la última formula se deja sin efecto y se lo reemplaza por los ingresos que perciba el ANSES en concepto de aportes a la seguridad social y el RIPTE.

En la Argentina de hoy hay millones de jubilados que cobran una jubilación mínima, muchos de ellos han sido monotributistas, profesionales, dueños de pequeñas empresas o emprendimientos. Estos han cambiado sustancialmente su calidad de vida, muchos de ellos dejaron de consumir carnes, frutas o verduras, muchos de ellos no pueden pagar un alquiler, han tenido que mudarse a vivir con sus hijos, tal vez un poco más ajustados, disminuyendo en esa etapa de la vida su nivel de vida.

En la Argentina de hoy millones de jubilados y jubiladas se ven obligados a seguir trabajando para cubrir alguna necesidad básica más.

El único camino es el reclamo judicial por reajuste de haberes, que es un camino largo de 5 o 6 años en los que la salud se va deteriorando, día a día.

En este sentido, no es que haya una "industria del juicio", lo que sucede es que no existe otra forma de recomposición salarial de los jubilados que no sea por vía judicial.

No nos gusta que el reclamo sea sólo oído por la Justicia, ojalá no se nos haga costumbre ver a los jubilados transitar los estrados judiciales en busca del reconocimiento al legítimo derecho de la movilidad jubilatoria.

Asegurar una vida digna a nuestros mayores también es soberanía nacional.

(*) Abogada. Dirige el estudio jurídico integral Zarza & Asociados.

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