"La causa está en un octavo piso a punto de caer, sin responsables"
Juan Manuel Cubilla Podestá y Rubén Leiva, abogados patrocinantes de las familias víctimas del trágico derrumbe en el cual fallecieron 8 obreros en marzo de 2012 en la capital provincial, calificaron de insólito el pedido del fiscal Carlos Lértora que favoreció a los empresarios imputados.
Leiva, tras finalizar la tercera audiencia, dijo en declaraciones públicas que el próximo jueves 18 espera de parte del tribunal "el rechazo de la suspensión de juicio a prueba y que se fije una fecha de debate".
"Lo grave es que esta causa está en un octavo piso a punto de derrumbarse sin responsables y eso esperamos que no suceda. Buscamos que haya responsables ante los familiares y ante sociedad", dijo el letrado.
En la audiencia de ayer, con una votación de dos a uno, el Tribunal Oral Penal Nº1 resolvió, por pedido del fiscal Lértora, impedir que los abogados querellantes pudieran expresarse en la audiencia.
"Lo que definió el tribunal, no compartimos. Es un derecho que tiene la víctima, que los representantes legales se manifiesten. En este caso hubo una disidencia muy concreta, no hay un mejor derecho del fiscal de opinar sobre la procedencia y no hay un menor derecho nuestro de opinar por el rechazo. Eso se ha planteado, la disconformidad", dijo Leiva quien reiteró: "Esperamos una fecha de inicio de juicio".
Por su parte, Cubilla Podestá hizo reserva para que la causa vaya hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que el Tribunal decida beneficiar definitivamente a los imputados.
El Tribunal integrado por Carlos Guerín votó a favor de que la querella partícipe. En cambio, las juezas Cynthia Godoy Prats y Ana Figueredo resolvieron a favor de los empresarios y el pedido de Lértora.
"Con dos votos, el Tribunal impidió a las querellas el uso de la palabra evitando que pudiéramos defender la postura y el pedido de justicia en el proceso penal", dijo el abogado.
Uno de los empresarios propuso pagar un total de 500 mil pesos como indemnización: 42 mil pesos por cada víctima fatal, cifra que todavía no pudo ser rechazada formalmente por los familiares.
"Resaltamos la postura de la Asesoría de Menores, que en coincidencia con los planteos de la querella pidió que haya juicio contra los responsables y que se garanticen los derechos constitucionales de las víctimas", concluyó.