La Corte debate sobre la "libertad religiosa" en una ejecución
John Henry Ramirez, condenado a pena de muerte tras apuñalar 29 veces a Pablo Ramírez para robarle 1 dolar con 25 centavos, iba a morir el 8 de septiembre a las seis de la tarde, sin embargo, su caso fue pospuesto.
Los 9 integrantes de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos tienen en sus manos definir cómo será la muerte de John Ramirez, sentenciado a pena de muerte en ele año 2007 y quien en efecto debía morir el pasado 8 de septiembre.
Vale recordar que la Corte Suprema tiene, en los entre 100 y 200 casos que toma por año, la palabra final en las controversias de las legislaciones estatales o federales, entendiendo que quienes presentan expedientes ante la Corte Suprema buscan hacer revisar decisiones de las Cortes del Distrito original.
John Henry Ramirez, condenado a pena de muerte tras apuñalar 29 veces a Pablo Ramírez para robarle 1 dolar con 25 centavos, iba a morir el 8 de septiembre a las seis de la tarde, en el centro penitenciario de Huntsville, ubicado en el Estado de Texas. Sin embargo, el máximo Tribunal terminó suspendiendo el evento atendiendo a la petición de la defensa del preso.
La solicitud busca conceder el deseo de Ramírez de ser acompañado por un pastor en el momento de su muerte, con éste a su lado rezando y con las manos sobre él en el momento de la inyección.
Sin embargo, esta posibilidad tuvo sus idas y vueltas en los últimos años. Hasta el 2019, el estado de Texas, tenía habilitada la presencia de los denominados "consejeros espirituales" en las ejecuciones.
Esto cambió cuando un condenado, Patrick Murphy, vio denegada la presencia de su clérigo budista, cuando sí hubiese sido posible uno cristiano o un musulmán.
El motivo es que Texas permitía la presencia de predicadores que formaban parte del personal del sistema de prisiones, pero al solo contratar a musulmanes y cristianos, el resto de las religiones quedaban excluidas, por lo que se optó por prohibir la presencia de cualquiera.
Sobre el último mes de abril, el criterio volvió a cambiarse, en este caso marcando que podía haber consejeros espirituales dentro de las cámaras de ejecución pero sin que tengan contacto físico con el condenado y no rezara en voz alta.
Bryan Collier, director ejecutivo del Departamento de Justicia Penal de Texas, marcó el rechazo al contacto por motivos de seguridad y al hablar por el respeto para el propio fallecido.
La defensa de Ramírez entiende que esto poco tiene que ver con cuestiones de seguridad y de esta manera lleva sus argumentos a Washington donde la Corte Suprema de Justicia decidirá sobre un caso que desde los medios ya es visto como uno de libertad religiosa en lo que a las ejecuciones respecta.