Colaboración
¿A quiénes privilegia el Estado?
Casos como el de la expresidente, que percibe dos beneficios no contributivos incompatibles según la ley, dejan ver quiénes forman parte de las prioridades del Estado argentino y quiénes no.
En los últimos días hemos leído por todos los medios de comunicación sobre el caso de la expresidente de la Nación, a la que la Justicia habilitó el derecho a cobrar dos pensiones vitalicias y un importante retroactivo.
En este sentido, y para dar un poco de claridad en el tema sobre si corresponde o no acceder al beneficio, es necesario remontarse a la Ley 24.018, sancionada en 1991, que regula las asignaciones mensuales vitalicias para los expresidentes y vicepresidentes de la Nación al terminar sus respectivas funciones.
La misma establece que los expresidentes en Argentina tienen derecho a percibir el 100 por ciento de lo que cobre un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en actividad y en el caso de los exvicepresidentes un 75 por ciento de ese monto.
Se trata de beneficios especiales creados por la ley, que no tienen el carácter de Jubilaciones o Pensiones según Ley nacional N°24.241, sino más bien de beneficios no contributivos. De ahí deviene el carácter de "privilegio", puesto que no requiere un mínimo de aportes o permanencia en el cargo para acceder al mismo.
Además, son "vitalicios", es decir, que su vigencia es de por vida, salvo que el funcionario haya sido removido por vía de un juicio político.
Entre sus características se puede mencionar que, en caso de fallecimiento, el beneficio se extiende al viudo o viuda. A su vez, no pagan impuesto a las ganancias, debido a que por ley los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no pagan ese impuesto y cobran un total de 100% de los haberes.
La expresidente de la Nación tenía el derecho, según lo dicho hasta aquí, a cobrar una pensión no contributiva creada por la Ley 24.018, por el fallecimiento de su esposo, quien fue presidente de la nación. La incompatibilidad para el cobro de dos beneficios de esta naturaleza surge del artículo 5 de la ley antes mencionada, que claramente pone un límite cuando dice que el derecho al cobro es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho de los interesados a optar entre aquélla y estos últimos beneficios.
En 2015, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación autorizó a cobrar su pensión de expresidente, comenzando entonces a percibir los dos beneficios. A fines del 2016, al detectarse la incompatibilidad entre los dos beneficios, el Ministerio dictó una resolución por la que dieron de baja a la pensión que venía cobrando como expresidente, dejando vigente la que cobraba como viuda.
El caso fue llevado a la Justicia y en diciembre de 2020 se dictó una sentencia declarando la nulidad de la resolución, suspendiendo el pago del beneficio como expresidente, ordenando se habilite nuevamente el beneficio y se le abonen los haberes suspendidos en forma retroactiva desde el momento de la suspensión. De ese fallo deviene el "derecho" de la expresidente de la Nación al cobro de las dos pensiones "no contributivas", una por derecho propio y la otra como viuda de un expresidente, y con un retroactivo desde noviembre de 2016 a marzo del 2021, los meses no abonados.
Lo llamativo del fallo judicial es que no hace referencia a la incompatibilidad entre los dos beneficios, sino a una cuestión puramente formal, que tenía que ver con la "falta de notificación de la resolución de baja del beneficio a efectos de que, en sede administrativa, el beneficiario pudiera ejercer el derecho de defensa" requisito que la ANSES no cumplió, según dice el fallo.
El caso debió resolverse sobre la incompatibilidad en el cobro de los dos beneficios, esa es la cuestión de fondo en discusión. Cuando el artículo 5 de la Ley 24.018 dice que el acceso a este beneficio es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, abarca estas dos pensiones no contributivas. Demás está decir que la incompatibilidad es muy clara.
Las pensiones no contributivas son siempre incompatibles con otro beneficio previsional y esta no es la excepción. De hecho, esa incompatibilidad debió ponerse de manifiesto desde el pedido del segundo beneficio y por ende este último debió ser rechazado. Es así como opera la Administración cuando se presenta un expediente solicitando un beneficio previsional y desde la base de datos surge que esa persona está cobrando otro beneficio: ahí se da el rechazo automático.
En el sistema previsional argentino no existe posibilidad alguna de cobrar dos beneficios previsionales no contributivos siendo una misma persona la titular.
El monto del haber es otra de las cuestiones en discusión. Para las jubilaciones y pensiones existe un tope máximo que la actualidad ronda los $175.000. Para una pensión no contributiva por invalidez o madre de 7 hijos de las que también otorga el Ministerio de Desarrollo Social se trata de un 70% de un haber mínimo de jubilación, es decir que no llega $20.000.
Mientras que en casos de pensiones para expresidentes el haber se calcula sobre un 100% de lo que cobra un juez de la Corte Suprema. Según el fallo judicial, en la pensión que le correspondía como expresidente se establece un haber de $940.000.
En el sistema de jubilaciones y pensiones ordinarias de nuestro país, para las mujeres de 60 años y hombres de 65 años que han aportado por 30 años, se calculan según los sueldos de los últimos 10 años de aportes, en un porcentaje que ronda el 70 por ciento del sueldo en actividad. En tanto, el haber a su vez no puede superar los $175.00, y si supera dicho monto se debe pagar el impuesto correspondiente a las ganancias.
Estas son las discusiones y debates a los que deberán enfrentarse los miembros del Congreso Nacional para una profunda reforma del régimen previsional que haga para los argentinos un sistema más justo y equitativo.
