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Guillermo Chas

Colaboración

Fuente: webeservice CASO DE LOS OBREROS

Una interpelación a la Justicia y a la sociedad correntina en su conjunto

Transcurridos casi diez años desde el derrumbe ocurrido en la tristemente célebre obra que se llevaba adelante en el barrio Cambá Cuá, en el cual se produjo la luctuosa muerte de ocho personas que se desempeñaban como trabajadores de la construcción, el escenario que tiene lugar en los estrados judiciales, entre expedientes, papeles, demoras y muchas dudas, puede convertirse en una interpelación no sólo para la Justicia de nuestra provincia, sino también para el conjunto de nuestra sociedad

Una interpelación a la Justicia y a la sociedad correntina en su conjunto

Por esas cuestiones que sólo conoce el destino, quiso Dios que este caso tuviera por protagonistas a obreros de la construcción, por lo que no puede dejar de mencionarse el llamativo silencio de su representación sindical, la UOCRA, que suele caracterizarse por ruidosos y variados reclamos por causas significativamente menores, pero ha adoptado un particular desapego en uno de los asuntos más lamentables para sus afiliados correntinos, que ha merecido el reclamo de quienes persiguen una sentencia judicial que deslinde las responsabilidades penales por una tragedia que podría haberse evitado.

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Sin embargo, el doloroso silencio no se agota allí, ya que si bien esta vez las víctimas fueron trabajadores de la construcción, el cuestionado accionar judicial prende luces de alerta para todos los ámbitos de la sociedad, dado que cualquier sector productivo puede llegar a verse, en el día de mañana, en el lugar de estos ocho obreros. El pastor luterano Martin Niemöller lo graficó en un célebre poema que resulta por demás aplicable. En él decía: "Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista; cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era socialdemócrata; cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista; cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío; y cuando vinieron a buscarme, ya no había nadie más que pudiera protestar por mí".

Días atrás, en una interesante columna publicada por Carlos Bramante en un importante portal periodístico del ámbito provincial, el autor resaltó el duro camino que debieron transitar las víctimas -y sus familiares- para poder llegar a una instancia de juicio que, una vez más, vuelve a pender de un hilo. Esta situación, lejos de quedarse en un debate meramente procesal o judicial, abre las puertas para un análisis mucho más profundo, ya que lo que ocurra con este caso podrá ser analizado desde la óptica de la política criminal y la construcción jurisprudencial que quede sentada para futuros casos similares que puedan suscitarse con el correr del tiempo. El auge e impulso del desarrollo inmobiliario también aumenta la presión sobre el legado que dejará esta causa, que configurará un antecedente fundamental e inevitable para cualquier tragedia que pueda llegar a dirimirse judicialmente en el ámbito de la construcción, o incluso más allá en cuestiones análogas o comparables.

¿Cuál es la responsabilidad de inversores, dueños, constructores, arquitectos e ingenieros ante tragedias de este estilo? Esa es la pregunta central que la Justicia deberá atender con su proceder, y por ello el halo de preocupación se acrecienta al observar que la causa puede terminar sin llegar a juicio, valiéndose del mecanismo de la probation, que permite evitar la suspensión del juicio a prueba, el deslinde de las responsabilidades penales y la aplicación de una sentencia condenatoria con pena privativa de la libertad, suplantándolas por sanciones menores con finalidad resarcitoria.

Este mecanismo, que está previsto en las Reglas Mínimas de la Organización de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad, también conocidas como Reglas de Tokio, fue pensado para evitar las consecuencias negativas del encarcelamiento en casos de poca relevancia desde un punto de vista de la política criminal. Así las cosas, el interrogante surge evidente: ¿puede considerarse a esta tragedia -la más grande en la historia de la construcción en nuestra provincia- como un caso menor?

Si partimos de la concepción aristotélica que definía a la justicia como el acto de darle a cada uno aquello que le corresponde, aquello que le es debido, la respuesta también parece evidente. La Justicia, como poder del Estado encargado de aplicar el derecho, tiene el deber de afrontar este desafío con la mayor responsabilidad e hidalguía, considerando que el mero sentido común de un ciudadano lego lleva a pensar que causas como estas no pueden terminar sin un proceso judicial que, respetando los derechos y las garantías de las partes, determine de manera concreta las responsabilidades que caben a aquellos que han incumplido con sus obligaciones y han ocasionado consecuencias que se encuentran reprochadas por el ordenamiento jurídico vigente. Las palabras del abogado querellante Rubén Leiva fueron categóricas y resumen el pensamiento de este columnista: lo justo es que haya responsables, culpables y condenas.

Tras ello, subsiste otro interrogante de difícil respuesta: ¿qué ocurrirá en el ámbito civil, en el supuesto de que la justicia penal no dicte una sentencia y deje sin deslindar las responsabilidades del caso? Los familiares de las víctimas deberán asistir a un nuevo velorio judicial, después de haber transitado diez años de infructuosa espera en sede criminal, con la esperanza de que, con suerte, en un plazo equivalente, pueda haber un pronunciamiento que resarza, al menos económicamente, el irreparable daño causado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió recientemente, en un fallo dado el pasado mes de agosto, la importancia de que los pronunciamientos judiciales se dicten en un plazo razonable, siguiendo los criterios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y destacando que la demora judicial resulta severamente lesiva para los intereses y derechos de los ciudadanos. El prestigioso jurista uruguayo Eduardo Couture lo decía en palabras simples: "Cuando la Justicia es lenta, no es Justicia". Y hoy nos permitimos agregar: "Cuando la Justicia es lenta, y no hace justicia, se convierte en injusticia". La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, cuenta con sobrada jurisprudencia condenatoria para los Estados que violan la garantía de plazo razonable reconocida en los tratados internacionales.

En este contexto, la Justicia correntina tiene una oportunidad magnífica para echar por tierra cuestionamientos y dudas que suelen aflorar en la ciudadanía, que considera a los Poderes Judiciales como una de las instituciones menos confiables según reiteradas encuestas que trascienden cada cierto tiempo. Pero también la sociedad correntina tiene una oportunidad magnífica: la oportunidad de cuestionarse qué espera del sistema judicial y de exigir que actúe en consecuencia. El silencio, más que nunca, es complicidad.

(*) Abogado. Consultor. Con estudios de posgrado en Derecho Penal Empresario (UCA).

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