Sin organismos para combatir el ciberdelito
- En la soledad de nuestros aparatos quedamos expuestos a delincuentes invisibles. Con un solo click pueden arrebatarnos años de trabajo y ahorro. Estamos indefensos porque las "rejas" informáticas son débiles. No existen organismos especializados para combatir a los cibercriminales. Los métodos de defensa van "por escalera" y los delincuentes virtuales "por ascensor". La responsabilidad de construir defensas es de todos. De las empresas y comercios. De los bancos y sus cajeros automáticos. De las plataformas de comercio electrónico. De usuarios y consumidores. Pero también de los gobiernos. La diversidad de víctimas demuestra que las medidas preventivas son frágiles. La astucia de los cibercriminales permite saber que no sólo nuestros abuelos están en peligro. Hay fraudes a profesionales y jóvenes habituados a internet. La violencia de los delincuentes virtuales no pone en riesgo la vida. Pero pareciera que, a diferencia de sus homónimos callejeros, estamos más desprotegidos. Las medidas de seguridad, pocas gratuitas y, otras tantas onerosas, son insuficientes. Por ello, el Estado debe avanzar en mecanismos de protección. Las luces de alerta están encendidas y las reacciones fueron mínimas. La persecución, el hallazgo y la condena de los delincuentes virtuales se reducen a pocos y vanos ejemplos. Se necesitan organismos con expertos y los últimos avances tecnológicos. En Corrientes hay diferentes iniciativas que necesitan avanzar en los poderes del Estado provincial. En septiembre de 2020 el diputado provincial Manuel Aguirre presentó un proyecto para la creación de una Fiscalía de Investigación de Delitos Complejos e Informáticos. Por ahora, permanece en comisiones de la Cámara baja correntina. "Como mínimo, deben desempeñarse dos fiscales de investigación y un equipo de tres técnicos en sistema informático. El Ministerio Público deberá acondicionar el área con equipamiento de última tecnología", sostiene el legislador radical. Para poner en práctica la norma se necesitan recursos económicos. Faltan fondos del Superior Tribunal y, si es necesario, el auxilio del Ejecutivo. De lo contrario, quedará reducida a papeles del archivo público. Desde 2015 funciona en la Justicia federal la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Esa experiencia ayudaría a poner en marcha a su homónima provincial y, con un trabajo conjunto, ofrecer mejores resultados a las víctimas. La Policía de la Provincia cuenta con la División Delitos Complejos y requiere actualización permanente. Sólo así podrá optimizar efectos y cooperar activamente con la Justicia. Pensamos que la persecución al cibercrimen es sencilla. De todas formas, profesionales advierten que se trata de un sistema vulnerable, con dificultades para ser controlado. El rápido accionar policial y judicial evitará desgano de las víctimas para denunciar casos. No hay que dar ventajas a los cibervillanos como sucedió con otras modalidades delictivas.