La innecesaria judicialización

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El Poder Ejecutivo, al convocar a comicios en dos etapas, y exponer la potestad constitucional de definir las fechas de elecciones a la posibilidad de un recurso de amparo -con la amplitud que otorga la Constitución correntina para la posibilidad de plantear este tipo de acciones- se convierte en un camino fácil para la disputa. La primera parte del Artículo 67 de la carta magna reformada en 2006 expresa lo siguiente: "Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley. Esta acción es admisible sin necesidad de extinguir vía alguna. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva". Es decir deja en manos de cualquier eslabón del Poder Judicial estos requerimiento, si a eso se le suma la objeción acerca de la validez constitucional de la convocatoria aun se amplía más la posibilidad de mantener el concepto en razón que en Argentina el control de constitucionalidad, perdón por el abuso de la expresión, es difuso y queda en mano de todos los jueces, cualquiera sea la instancia de magistratura que ejerzan. Ese es el argumento central por el cual los apoderados de Partido Justicialista decidieron presentarlo ante el Superior Tribunal de Justicia, cuyos organismos institucionales abrieron el tratamiento y el Fiscal General emitió un dictamen recomendando que la presentación debía ser iniciada ante la primera instancia que es el Juzgado Civil y Comercial Número 3, con Competencia Electoral, y desde allí iniciar el ascenso hacia las instancias superiores de apelación. No está claro si los integrantes del máximo órgano judicial aceptarán o rechazarán la posición enunciada por el Fiscal General, tampoco se sabe en qué tiempo ese cuerpo decidirá analizar los planteos del peronismo. Corrientes padece el triste privilegio de ser la provincia más intervenida de la historia argentina y desde los tiempos de la consolidación institucional luego de la Jura de la Constitución de 1853, y gran parte de esas interrupciones institucionales se dieron en gobierno electos por el pueblo, no sólo de las numerosas autoridades de facto. La última intervención llegó por desencuentros que se iniciaron como pleitos judiciales y derivó en un masivo daño a la vida, los bienes, las instituciones y la tranquilidad de los correntinos. Para salir de ese atolladero, quienes hoy se enfrentan como oficialismo y oposición encontraron el camino del consenso y lograron iniciar el período más largo de la historia de normalidad institucional, algo que el autor de estas líneas felicita y reconoce a los actores políticos. Judicializar la democracia es un remedio extremo, aún en tiempos de vigencia de la Constitución, porque si bien no se dan las condiciones extremas de 1999, con la pandemia y la crisis económica actual abre la puerta a riesgos impensados.