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Marchas y retrocesos que sólo desalientan las inversiones

Lo que ocurrió con el maíz es un ejemplo de lo que no puede volver a pasar. Al momento de implementar una medida de política pública, es necesario sopesar los provechos y perjuicios que puede ocasionar. Y siempre pensar en la cadena productiva y no sólo en un eslabón.

El año comenzó con una fuerte controversia entre el Gobierno Nacional y los productores agropecuarios por la decisión de suspender las exportaciones de maíz. En medio de un "paro del campo" en rechazo a la medida, desde la administración de Alberto Fernández se retrotrajo la decisión con algunas condiciones. Pero… ¿cuánto puede afectar a las economías regionales implementar una medida cortoplacista? ¿Cuánto puede impactar en la cadena agroindustrial? ¿Cuánto puede deteriorar la confianza de los inversores? ¿Cuánto incluso puede dañar otras producciones que dependen de la materia prima afectada como lo es, por ejemplo, la ganadería del Sur de Corrientes? El 30 de diciembre de 2020, el Gobierno Nacional había decidido suspender las exportaciones de maíz hasta el 1 de marzo. La razón de la medida: aseveraron que sólo había disponibles poco más de 4,2 millones de toneladas del cereal y que eran necesarias para el consumo de pollos, cerdos y vacunos, hasta la entrada de la próxima cosecha, a fin de febrero. Es decir, había poca cantidad para el mercado interno y por la puja con los exportadores, el precio aumentaría, lo que llevaría a nuevos incrementos en el valor del alimento y, con ello, una suba en el costo de vida. Sin embargo, estos números no serían los exactos. En los primeros días de la suspensión y antes del paro, exportadores y referentes de la cadena agroindustrial presentaron cálculos diferentes: el stock era de diez millones de toneladas con el 93% de la cosecha ya exportada. En otras palabras, había suficiente maíz para vender en el mercado interno, sobre todo a los polleros, quienes fueron los que hicieron el fuerte lobby para frenar las exportaciones. Con los reales valores en las manos, el gobierno de Fernández dio marcha atrás con la suspensión de las exportaciones con la condición de que se abastezca al mercado interno y a las producciones que consumen maíz como alimento de sus animales. En criollo básico: los polleros convencieron al Gobierno nacional que no habría maíz para alimentar a sus animales, que por ello iba a aumentar el valor de compra y que la carne aviar (que hoy se consume en un mismo nivel que la vacuna en Argentina) se incrementaría en las góndolas de los supermercados. Y desde la administración de Fernández se asustaron: con todos los dolores de cabeza que le trae la inflación y una canasta de alimentos tan alta para los flacos bolsillos de los argentinos, un pollo caro sería un golpe muy duro de resistir. La solución: frenar la exportación para bajar los costos. Una medida cortoplacista con consecuencias difíciles de predecir. Se trató, en definitiva, de una marcha y un retroceso basados en diagnósticos errados, medidas implementadas sin conocimiento del día después y sin medir las consecuencias.

Pollos, chanchos y vacas "Tocar de esa manera al maíz significa desestimular la producción", analizó el diputado nacional por Corrientes, Jorge Vara. Para el exministro de Producción de la provincia, una decisión de estas características, cualquiera sea la actividad agropecuaria, afectaría "no sólo a los de abajo", sino que impactaría en todos los componentes de la cadena. A partir de medidas económicas en favor de la producción de maíz (entre ellas la quita de retenciones), en los últimos cinco años se logró la duplicación del volumen obtenido de este grano en Argentina: en el período comprendido entre 2008/2015 se promedió unas 26 millones de toneladas por año, mientras que en 2019/2020 alcanzó los 52 millones. A pesar de la notable mejora en el total país, fue la región Norte la que mayor crecimiento tuvo, alcanzando a triplicar su producción. Precisamente, son las economías regionales las más susceptibles a caer cuando se quita competitividad a sus producciones. Con 50 kilos por persona por año, en 2020 el consumo de carne de pollo fue apenas superior al de la vacuna, algo que nunca había ocurrido en la historia de nuestro país. El crecimiento del consumo de pollo fue extraordinario: en 2003 era de 18,4 kilos por persona por año. Por supuesto, para satisfacer la demanda de pollos (que creció a partir de la baja del poder adquisitivo de los argentinos) fue necesario aumentar la producción, que se triplicó en nuestro país en los últimos años. Pero habría sido imposible aumentar la producción de pollos si no se hubiera incrementado la de maíz, el alimento de esas aves. Algo muy similar ocurrió con el cerdo: Argentina dejó de ser un país importador de carne porcina para ser exportador. El impacto del aumento en la producción de maíz también alcanzó a la ganadería vacuna. Es que creció en feedlot (engorde a corral) para el abastecimiento de carne roja. "En general, el maíz del Norte no va a formar precio en Rosario (puerto de exportación). Se integra a la producción ganadera de la región, la cual creció significativamente", señaló Vara. El legislador acotó que en el NOA la ganadería era deficitaria pero, a partir del incremento en la producción del maíz, crecieron los feedlot y la situación mejoró notablemente. También impacta en los ganaderos correntinos, principalmente los del Sur de la provincia, quienes cada vez dan más de comer y el principal alimento utilizado es el maíz, además de las pasturas, claro está. En esta zona de Corrientes, muchos emprendedores rurales buscan la terminación de sus novillos para la venta a los frigoríficos. Así, quiebran la eterna estrategia de vender los animales chicos a provincias vecinas para que allí se produzca el engorde. "Corrientes se beneficia del aumento de la producción de maíz de Chaco. La mayoría de nuestros productores compra a muy buenos precios maíz de la vecina provincia al momento de la cosecha. Hacen silo bolsa y dan de comer a la hacienda", aseveró Vara.

Industrias También hubo un incremento muy importante de inversiones, de varios miles de dólares, a partir de la Ley de Combustibles implementada en el último período de Gobierno de Cristina Kirchner. Dicha legislación fomentó el estimulo de inversiones para la producción de bioetanol a partir de maíz y de caña de azúcar (la primera equivale a tres cuartas partes del total logrado). Muchos productores ganaderos del Sur de Corrientes compran burlanda, que es un subproducto que se logra luego de la fermentación controlada de granos, principalmente de maíz, para la obtención de bioetanol o alcohol etílico. Es decir, al producir este combustible, se genera la burlanda que es un residuo muy bueno en términos de proteína, que es mejor incluso que el grano del maíz, desde el punto de vista de nutrición animal. Hay muchas industrias de alcohol etílico en Santa Fe. Incluyendo la planta de Vicentín en Reconquista, que integran la burlanda a la cadena ganadera. Corrientes cuenta con una planta cervecera, una de las más importantes del país. La misma usa maíz como materia prima. Es más, la mayor parte de las cervezas que se toman en Argentina se hacen a partir de este grano. Por otra parte, ya hay empresas en nuestro país que producen materiales especiales a partir de la glucosa de maíz; plástico, por ejemplo. La bolsa plástica que se da a los clientes en los supermercados y después termina en el río o en los basurales, se descompone después de 70-80 años. Una similar, se puede lograr a partir de la glucosa de maíz, que es biodegradable. La misma se descompone en un período de 120-180 días y, en el caso de las que terminarían en el Paraná, se irían al fondo, se biodegradarían y formarían parte de la cadena atrófica del río, con lo que se obtendría una mejora fenomenal en el impacto ambiental.

No jugar a la ruleta rusa El destino del maíz, tanto en la exportación como en el mercado interno, es múltiple. Se trata de una de las cadenas más complejas. Por ello hay que tener un cuidado muy especial a la hora de tomar decisiones que pueden afectar, no sólo a los productores, sino a todos los actores.

Políticas públicas para construir el futuro