Programa Acompañar: una política para abordar la violencia de género de manera integral
Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, explicó que mediante la firma de convenios con las provincias y los municipios se pone en marcha el programa con las unidades ejecutoras en territorio. "Una persona en situación de violencia de género que los equipos municipales y provinciales evalúen qué es una situación de riesgo recibirá una transferencia durante seis meses del valor de un salario mínimo, vital y móvil que está en los $16,865", precisó.
La funcionaria explicó que las provincias deben adherirse al programa a través de las firmas de convenios que pueden realizarse a nivel provincial y municipal, desde que se firma el programa ya se pone en marcha en los territorios. Desde ese momento son "los equipos técnicos los que evalúan la situación de vulneración de derechos que tiene una persona en situación de violencia de género que está en una situación de riesgo y necesita ese apoyo económico". A partir de ahí el Ministerio de las Mujeres articula junto con la ANSES como en otros programas sociales.
"Para nosotras ha sido muy importante este programa porque es la primera vez en el Estado nacional que se define un programa especialmente asignado a personas en situación de violencia de género que incluye la transferencia económica", sostuvo Malacalza. Además resaltó la importancia de esta política pública para atender situaciones de emergencia: "Muchas de las personas que están en situación de violencia no han podido encontrar una alternativa a esa situación de violencia, sobre todo violencia doméstica, con parejas o ex parejas, por falta de autonomía económica", señaló la funcionaria.
"Muchas de esas situaciones de violencia se sostienen porque la persona no puede manejar su dinero, o no tiene recursos para poder hacerlo, o tiene coartada su autonomía por parte del agresor que le impide ejercer un trabajo o permanecer en un trabajo y se necesita un acompañamiento material por parte del Estado Nacional", aseguró la subsecretaria. En el país hasta el 31 de agosto se registraron 199 femicidios, el lugar más inseguro para las mujeres sigue siendo sus casas, el 65% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima y el 63% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas según los datos del observatorio Ahora Que Si Nos Ven .
Acompañar se enmarca en el el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias 2020-2022, entre las acciones que realizaron está el fortalecimiento de la Línea 144 ya que por las medidas de aislamiento muchas mujeres y población LGBTIQ+ se vieron obligadas a convivir con sus agresores. La Línea 144 recibe un promedio de 263 comunicaciones por día, un 25% más que antes de que se decrete el ASPO. Laurana Malacalza explicó sobre el programa que no hay un cupo limitado y expresó: "pretendemos que todas las personas que están en una situación de riesgo y que necesitan este acompañamiento por parte del Estado puedan acceder a este programa".
ABORDAJE INTEGRAL
Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad elaboraron el Plan Nacional de Acción contra las Violencias 2020-2022 con un nuevo paradigma de abordaje integral de las violencias. "El Estado tiene que crear las condiciones materiales, económicas, fortalecer las redes sociales y territoriales de las personas que están en situaciones de violencia de género para atender todas las dimensiones de las violencias de género", sostuvo Malacalza.
Este abordaje implica pensar a las violencias desde cuatro ejes: las políticas de prevención, políticas de asistencia integral, instancias de protección y de sanción."Las políticas de asistencia integral que garantiza que todos los derechos de las personas que están en situaciones de violencia de género puedan ser alcanzados y también las instancias de protección para esas personas y de sanción cuando se cometa un delito vinculado a la violencia de género", explicó la funcionaria.
Malacalza detalló: "Es un abordaje que no está exclusivamente enfocado en la emergencia que es cuando la persona ya busca la protección por parte del Estado sino que además el Estado tiene que definir políticas públicas para prevenir las situaciones de violencia y para asistirlas en toda su complejidad". Además desde el Ministerio apuntan que el abordaje es integral en articulación con distintos territorios y provincias. "Muchas de las provincias y los lugares donde viven las personas que están en un contexto de violencia de género tienen particularidades especiales", señaló la subsecretaria. -
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SITUACIÓN EN CORRIENTES
Según los datos brindados por el INDEC del segundo semestre del 2019 el norte del país es el más afectado por la pobreza y la indigencia tanto el noroeste como en el noreste. En la región del nordeste el 40,1% de la población está debajo de los índices de la pobreza y el 7,2% por debajo de los índices de indigencia.
En Corrientes la medición de la pobreza alcanzó el 37,9% durante los últimos seis meses del 2019 lo que equivale a 143.343 personas por debajo del índice de la pobreza El porcentaje de indigencia fue de 7,2% lo que equivale a 25.610 personas en la provincia. Con este contexto social y económico en la provincia, las políticas como el programa Acompañar tienen un papel fundamental.
Laurana Malacalza explicó que la falta de autonomía económica es un obstáculo para que personas en situación de violencia puedan encontrar una alternativa a la violencia doméstica. Con los altos índices de pobreza e indigencia en Corrientes esta situación se recrudece y a las personas en situaciones de violencia por razones de género y riesgo social se les dificulta más salir del hogar.
En lo que va del año se cometieron al menos cinco femicidios en la provincia, cuatro de ellos registrados por el observatorio Ahora Que Si Nos Ven que realizó la estadística hasta el 31 de agosto y el femicidio de Marta Román hace cuatro días. Durante el 2019 ocho mujeres fueron víctimas de femicidio, en 2018 fueron 10 los femicidios según los datos de MuMaLa (Mujeres de la Matría Latinoamericana).
En 2017 fueron siete los femicidios según el observatorio Ni Una Menos, en 2016 se registraron cuatro femicidios según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Según esta misma fuente en 2015 hubo siete femicidios y en 2014 cuando comenzó el registro dos, en ese año se utilizó por primera vez la caratula "femicidio" en la provincia.