Día histórico: entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal
"Aprobado por unanimidad". El jueves 7 de noviembre de 2019, el Senado correntino avaló y le dio la media sanción legislativa faltante, con el voto de todos sus miembros, a la reforma del Código Procesal Penal (CPP), una modificación necesaria, imperiosa, que por década y media no pudo sortear los escaños parlamentarios. A esa fecha histórica se le sumó la de ayer, 1 de septiembre de 2020, día en que entró en vigencia en la Cuarta Circunscripción judicial (departamentos de Paso de los Libres, Monte Caseros y General San Martín), como primer paso en su implementación en toda la provincia. El lanzamiento de la vigencia del CPP se concretó en el Salón Auditorio del noveno piso del edificio del Poder Judicial de San Juan y 9 de Julio de la capital. Se desarrolló bajo estrictas normas de seguridad sanitaria para evitar posibles contagios de coronavirus, a punto tal que los periodistas que cubrieron el evento lo hicieron en una sala contigua. Precisamente, el COVID-19 fue el principal responsable del atraso de la implementación del CPP que estaba prevista para el 1 de agosto pasado. Sin embargo, en esa fecha, la zona Sureste de la provincia era el principal foco en Corrientes de la enfermedad pandémica.
¿Por qué es una fecha histórica? La respuesta es sencilla. El viejo CPP correntino databa de 1971 y era, a esta altura, vetusto y anticuado. En realidad, lo sigue siendo para el resto de las circunscripciones judiciales hasta que el nuevo se aplique en toda la provincia. La idea era, antes de que la maldita enfermedad diseminada a escala planetaria llegara al Taragüí, que en tres años todo Corrientes lo hubiera implementado. Ahora, habrá que recalcular. El nuevo CPP cuenta con 482 artículos (el anterior contenía 599). Su texto establece la garantía de la Justicia en un plazo razonable y el nuevo rol que cumplirán los jueces de garantías y los fiscales (es decir, la redefinición de las funciones de los actores y la reingeniería del proceso penal).
Quizás uno de los cambios más importantes es la introducción de la oralidad, que primará en los procesos judiciales sin la exclusión de la escritura. Además, reafirma la flagrancia, proceso que acelera los tiempos de la Justicia y que resuelve con rapidez la situación de un imputado atrapado "con las manos en la masa" (malviviente sorprendido y capturado en el momento que comete un delito). También establece el juicio abreviado, en el que se pueda dar un acuerdo entre fiscal y el imputado para una acusación que incluya la solicitud de pena, entre otros tantos cambios. En su exposición, Eduardo Panseri, ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), señaló que como principios básicos del nuevo código, a los que calificó como "columna vertebral de la nueva norma procesal" a la igualdad entre las partes, la oralidad plena, la publicidad en todas las etapas, la contradicción permanente entre las partes con participación activa de la víctima y el victimario, la concentración de los temas en audiencias. Sobre esta última señaló que "darán la inmediación necesaria porque con simplicidad y desformalización cualquier ciudadano deberá comprender el proceso para, por último, lograr una celeridad en favor del proceso logrando así quizás revertir la mala imagen y la falta de credibilidad que tiene la sociedad en sus instituciones".
"En definitiva, el objetivo que se persigue es la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática", apuntó Panseri. A su turno, el fiscal general del Poder Judicial, César Sotelo, remarcó la importancia del cambio de paradigma que representa la nueva norma. "El Fiscal será el que investiga y el Juez de Garantía tendrá a su cargo decidir y deberá actuar como contralor del proceso", sostuvo. "(Las modificaciones) se hacen principalmente en la cabeza, en el cerebro. Los operadores deben cambiar la mentalidad porque, si no, no vale de nada colocar leyes excepcionales, modernas. Para ello es fundamental que la capacitación sea exitosa", agregó Sotelo.
Largo derrotero El aval legislativo del año pasado puso fin a una larguísima discusión de ribetes políticos y judiciales. Quien rubrica esta nota desarrolló su primer informe sobre la reforma del CPP en 2004, en el intento inicial para su cambio. Aquella iniciativa terminó en un polvoriento cajón y perdió su estado parlamentario. En 2014, parecía que la reforma vería su luz al final del túnel luego de la media sanción del Senado. Sin embargo, en Diputados el expediente pasó a Comisión y nunca más fue tratado. Un año después, pasó a Archivo.
La imperiosa necesidad de un cambio de paradigma
"Hemos bregado por la modernidad del Código Procesal Penal (CPP) injustamente postergado durante muchos años", analizó el fiscal general del Poder Judicial, César Sotelo (foto).
En ese sentido, recordó un encuentro de hace más de una década, encabezado por el entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi. En esa reunión, concretada en la Ciudad de Buenos aires, asistieron los colegas de Sotelo y se analizaron los roles de los actores en el proceso. "Fue en 2008. Nunca lo olvido. Expuse el artículo 202 del código que hoy estamos despidiendo en el que dice textualmente que el juez de Instrucción investigará... Por supuesto, las risas y carcajadas estallaron. Me provocó vergüenza estar exhibiendo a esa altura de la vida judicial el rol de investigador del juez en Corrientes", narró Sotelo. Esa anécdota dio pie al funcionario de la Justicia correntina a destacar la importancia del juez de garantías en el flamante Código Procesal Penal y el del fiscal y el de la defensa. "El Fiscal será el que investiga y el Juez de Garantía tendrá a su cargo decidir y deberá actuar como contralor del proceso", afirmó para concluir su exposición.
Que las puertas dejen de ser giratorias
"¿Qué impacto puede tener el nuevo Código Procesal Penal en los hechos de inseguridad ciudadana tan habituales, lamentablemente, en Corrientes? ¿Cómo se le puede explicar a Doña Rosa que el delincuente que le robó no saldrá tan fácilmente de la comisaría, que no habrá más puertas giratorias?", preguntó época en la conferencia de prensa. Alejandro Chaín, ministro del Superior Tribunal de Justicia, aseguró que en la medida que el sistema gane en eficiencia, se logre dar una respuesta en tiempo razonable y sea actualizada al conflicto, entonces se obtendrá una percepción contraria a la impunidad. "Se evitará la teoría del efecto perpetuador del delito. Porque la impunidad genera una conciencia en la sociedad de que el hecho, como no ha sido juzgado, es probable que vuelva a reiterarse. Es una de las causas de criminalidad. Y será reducido por un sistema de gestión más eficiente que actualice la respuesta", resumió.
