"No hay razón que justifique cinco años de intervención"

Pasaron 1.397 días desde que, en octubre de 2016, Julia Fernández Alcaraz asumió en el Centro de Jubilados, merced a un decreto del Poder Ejecutivo. En principio, iba a ser por seis meses, para normalizar la institución y llamar a elecciones, pero eso no pasó. Hace exactamente un año, los afiliados se manifestaban pidiendo "elegir nuestros representantes". Hubo múltiples notas presentadas y reclamos incluso ante organismos nacionales. Ahora, a través de un comunicado, detallaron las diversas irregularidades que a su criterio vienen ocurriendo. "No existe razón que justifique cinco años de intervención ¿acaso el tiempo no fue suficiente, o quien se encuentra a cargo no es idónea para el cargo?", se preguntó un grupo de socios. "El Centro debe estar en manos de sus propios dueños, somos una asociación civil, nos sentimos olvidados, no se nos escucha, no tienen en cuenta los múltiples reclamos que venimos haciendo", agregaron. También cuestionaron la falta de aplicación del decreto de octubre de 2019, que establecía un apercibimiento de remoción en caso de no convocar a Asamblea para hacer un balance y llamar a comicios. "Se está renovando automáticamente cada seis meses a una persona que despidió sin causa a 19 empleados y 7 delegados del interior", contaron. "Las delegaciones vienen sufriendo retenciones en la coparticipación, mientras la interventora dispone de los fondos discrecionalmente", indicaron. "En muchos casos, no les alcanza para pagar los servicios, sin embargo, ella efectúa gastos innecesarios, mientras los jubilados hacen rifas o venden arroz con pollo para recaudar fondos. Esta situación es injusta, ya que como socios carecemos de los más elementales servicios, nos quedamos sin servicio médico kinesiológico", acotaron.

¿Presagio o deseo? "Buscaré mostrar resultados, y tal vez los 180 días de intervención no basten", había dicho Alcaraz al asumir. Fue un presagio. Lleva casi cinco años al frente de la institución que atravesó muchas dificultades con mandatos que estuvieron cuestionados. Precisamente, la última gestión de Mercedes Solís de Zambrano fue el desencadenante de la crisis. En tanto, sobre Alcaraz pesa una denuncia en el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº2 por supuestas irregularidades administrativas y económicas.