Control de constitucionalidad como garantía del equilibrio del poder



Mucho se ha escrito sobre esta cuestión durante estos días, con diversos matices, sobre los cuales muchos coincidimos, fundamentalmente de la violación de varios artículos de la Constitución Nacional, como el derecho de propiedad, la violación del principio del juez natural, la prohibición expresa al Presidente de la República de intervenir en causas judiciales, entre otros, todas normas expresas de nuestra Constitución vigentes en todos los tiempos. Esta decisión del Presidente de nuestra Nación Argentina violenta flagrantemente la forma Republicana y Federal de estado y de gobierno establecido en el artículo 1' de nuestra Ley Fundamental, además de aquellas otras normas constitucionales citadas. El DNU522/2020 violenta el sistema republicano cuando dispone la intervención de una empresa en pleno Concurso Preventivo en un tribunal provincial competente, esto es, un juez natural en plenas funciones jurisdiccionales y un síndico designado conforme la ley. Y además, designa un interventor y un subinterventor. Violenta la división de poderes cuando el Poder Ejecutivo viene a ejercer las funciones del Poder Judicial de una provincia autónoma. Se suma a esta ofensa constitucional cuando el Presidente desconoce la prohibición expresa de ejercer funciones judiciales, pues tal potestad de decidir en una causa judicial es privativo del juez natural del proceso. El DNU 522/2020 violenta la forma federal de estado y de gobierno. La Constitución Nacional regla con claridad el Gobierno de la Nación, y así, organiza el gobierno federal y luego el gobierno de provincia. Las autonomías provinciales es la esencia del nuestro sistema federal de estado y de gobierno. Las provincias se dan sus instituciones y se rigen por ellas. Dicta su propia constitución. Se dan sus autoridades. El decreto de necesidad y urgencia 522/2020 violenta este principio fundamental de vida de los argentinos de cuál es la forma federal de estado y de gobierno. Violenta la autonomía de la Provincia de Santa Fe, concretamente la independencia del Poder Judicial de la hermana provincia, pues es un juez natural de la provincia que conoce e interviene en el Concurso Preventivo en que se halla incurso la empresa Vicentín SA. El poder Ejecutivo Nacional nunca puede intervenir en la administración de justicia de una provincia, pues la Constitución Nacional no solo no lo autoriza, sino que lo prohibe expresamente, en este caso, el de ejercer funciones judiciales propia de una provincia autónoma, tal el mandato constitucional. Juan Bautista Alberdi nos enseña que "la Constitución de un país supone un Gobierno encargado de hacerla cumplir; ninguna Constitución, ninguna ley se sostiene por su propia virtud". En la inteligencia de la Constitución Nacional está presente el control del poder público, organiza el derecho de los habitantes y la organización política del Estado sobre la base de la división de poderes, enseña Horacio Rosatti en su Tratado de Derecho constitucional. Al poder Judicial le cabe la alta responsabilidad de ser la intérprete última de la Constitución Nacional. Nuestro sistema constitucional abraza el control difuso de constitucionalidad a cargo del Poder Judicial federal y provincial. Esto es, el control de constitucionalidad de una ley, un decreto o acto de autoridad pública, está a cargo de los jueces de la República en la actuación de un caso concreto, y lo pueden hacer por propia iniciativa (de oficio), o ante pedido concreto del interesado, así regla la Constitución Nacional. Y claramente el DNU522/2020 está sujeto a este control de constitucionalidad por el juez del caso concreto en el que se involucra. El del concurso preventivo. Numerosos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos guía con total claridad el desarrollo del constitucionalismo para garantizar el equilibrio del poder, donde el control de constitucionalidad a cargo de los jueces constituye la esencia misma del deber constitucional de administrar justicia. Conocemos esta potestad a partir del caso "Marbury vs Madison" (1803), cuando en los EEUU el Juez Marshall dejó esta célebre enseñanza. Nuestra Corte Suprema de Justicia señala lo excepcional del control de constitucionalidad que el juez Marshall consideró conveniente hacerlo en una causa, en lo que no solo se declaró incompetente, sino que también la cuestión ya se había vuelto abstracta. Esta misma situación está presente en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1887 en el caso "Sojo". Incluso tiene señalado con firmeza no solo el control de constitucionalidad que le cabe al Poder Judicial, sino también el deber de expedirse ante la falta de una acción de protección de los derechos constitucionales, así lo hizo en el año 1957 en el caso "Siri" y en el año 1958 en el caso "Kot", entre otros muchos casos en los que se pueden verificar el ejercicio del control de constitucionalidad difuso por los jueces de los tribunales argentinos conforme está reglado en la Constitución Nacional. Para finalizar cito palabras del padre de nuestra Constitución Nacional, Juan Bautista Alberdi, que dice: "Siendo el desarrollo y la explotación de los elementos de riqueza que contiene la República Argentina, el principal elemento de su engrandecimiento, su constitución debe reconocer entre sus grandes fines, la inviolabilidad del derecho de propiedad y la libertad completa del derecho del trabajo y de la industria". Derechos consagrados efectivamente en la primera parte de nuestra Constitución nacional.
(*) Abogado Especialista en Derecho Procesal Constitucional Especializando en Derecho Penal