Piden la detención de los apoderados y una médica de geriátrico clausurado
El abogado Ignacio Trimarco confirmó que solicitó las detenciones de los apoderados y directivos de ese establecimiento, Hugo Visca y Luis Megyes, y de la médica a cargo, Carla Raffo, además de pedir nuevos allanamientos. El pedido de detención considera a Visca, Megyes y Raffo responsables de los delitos de abandono de persona agravada por haber resultado un grave daño en el cuerpo y la salud de la víctima, además de propagación de enfermedad peligrosa, previstos y reprimidos por los artículos 106, segundo párrafo, y 205 del Código Penal. La presentación fundamenta que atento que la pena máxima que corresponde al concurso de dichos delitos supera los ocho años, además de que por la naturaleza del hecho, cometido en plena pandemia contra personas dentro de uno de los grupos de riesgo, no se admitiría la posibilidad de que accedan al beneficio de la condena condicional. También solicitaron que se libren órdenes de allanamiento respecto de las oficinas que el hogar de ancianos "Apart Incas SA" posea, además de la sede de avenida de los Incas 3093 de Buenos Aires.
--- El pedido alcanza toda la documentación que contenga información sobre las personas residentes en el establecimiento, registros de atención médica, registros de empleados y si gozaron de licencia médica, registros de personas autorizadas a ingresar al establecimiento, tales como visitas y proveedores. Todo ello desde el día 20 de marzo de 2020, fecha en que el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº297/2020 que impuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Asimismo, toda documentación de la que surjan las medidas de seguridad adoptadas desde el dictado de dicha norma, tanto en relación a los directivos, empleados, personal médico, visitas y proveedores, como en el caso de los residentes que salieran del establecimiento para visitar familiares y/o allegados y regresaran allí. La evidencia secuestrada durante las seis horas de allanamiento realizadas en el geriátrico "Apart Incas" del barrio porteño de Belgrano fue sometida a un proceso de desinfección antes de ser analizada, dado que "estuvo expuesta al virus", informaron fuentes de la investigación. Durante el allanamiento al geriátrico, que el martes a la noche debió ser evacuado luego de que se detectaran 19 casos de coronavirus, se secuestraron computadoras, documentación vinculada a las personas allí alojadas (legajos, historias clínicas) y todo lo vinculado al personal que trabaja en el establecimiento (cantidad, licencias, horarios). Además se secuestró "documentación respaldatoria sobre las autoridades (quiénes eran, cómo era la división de responsabilidades, cómo se facturaba y quién), libros de visitas en el registro de intervención de autoridades de la salud y cámaras de seguridad", según detallaron. El allanamiento, que duró seis horas, fue realizado por miembros del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y unos 20 agentes de la Policía de la Ciudad, por una orden emitida por la jueza Lorena Tula Del Moral, quien hizo lugar al pedido del fiscal Maximiliano Vence. El fiscal Vence busca determinar cómo y cuándo se produjo el primer contagio de coronavirus dentro del establecimiento que albergaba a adultos mayores, y si las autoridades aplicaron los protocolos correspondientes para evitar la propagación del virus, o si se pudo haber producido un caso de "abandono de personas". También se buscará esclarecer si el geriátrico tenía protocolos establecidos, si el personal había sido capacitado para reaccionar frente a las posibles situaciones de contagio de COVID-19 y si había recibido información pertinente por parte de las autoridades sanitarias porteñas. Fuentes de la investigación señalaron que no se descarta que la acusación alcance también a autoridades del Gobierno de la Ciudad, si es que se determina que desde "Apart Incas" se notificó la situación al Gobierno porteño desde un comienzo y, aún así se produjeron demoras en la activación de los protocolos correspondientes. Aunque por ahora no hay imputados identificados en el expediente.
"Atenderemos a los 135 distritos de la provincia"
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que si bien "las necesidades no son iguales en todos los municipios", la provincia de Buenos Aires "se compromete a atender a cada uno de los 135 distritos" en el contexto de la pandemia de coronavirus. "Esta semana dialogamos con todos los intendentes municipales de la provincia para repasar las necesidades financieras que atraviesan a partir de la pandemia", posteó Kicillof en sus redes sociales. Recordó además que "ante esa situación, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso una asistencia financiera inmediata de $1.000 millones para ser distribuidos a los municipios, a través de Aportes del Tesoro Provincial (ATP), en base al Coeficiente Único de Distribución (CUD)". El jueves, la administración provincial oficializó la creación de un fondo especial para asistir financieramente a los municipios, a los que en forma inmediata les distribuirá 1.000 millones de pesos para hacer frente a las dificultades económicas que les genera la actual emergencia sanitaria. Lo hizo a través del decreto 264, mediante el cual creó el "Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal", que tiene el objetivo de contribuir con el pago de sueldos de los empleados municipales para permitir así el sostenimiento de las prestaciones básicas de los municipios en el marco de la crisis. Kicillof apuntó que también se creó el "Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal" de ocho mil millones de pesos "para distribuir en los próximos meses". Esa ayuda financiera "será reembolsable y se otorgará tras la solicitud de cada municipio", y que con ello "garantizan el pago de los salarios a todos los agentes municipales".