Proyecto de Código Procesal Civil y Comercial más moderno del país
- El proyecto, contiene una exposición de motivos en los que se desarrollan sus antecedentes, sus ideas fuerza y una exhortación final al Estado Provincial para desarrollar una política pública que cumpla las demandas de la sociedad, generando no sólo la normativa procesal, sino también los cambios necesarios, atendiendo sistémicamente otras variables, como la infraestructura, los recursos tecnológicos y la capacitación de las personas que participan en los procesos judiciales. El diseño consta de un Título Preliminar y Cinco Libros. En el Título preliminar, se exponen los principios, valores y sistema que rigen al proceso. Es destacable la garantía a la tutela judicial efectiva, consagrada en la reforma constitucional de 1994 (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, conforme los artículos 8 de la Convención Americana de Derecho Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), que adecua el CPCYC a las exigencias constitucionales derivadas de esta garantía. Entre otros, principios como la inmediatez (entre el juez, las partes y el material probatorio), la concentración y la oralidad, resultan notas destacadas. En este sentido, debe resaltarse el diseño de una estructura de oralidad única en el país y excepcional en América latina, al recoger los alegatos de apertura, una nueva dinámica de interrogatorios y contrainterrogatorios, regular las objeciones y los alegatos orales, como así también un razonable equilibrio entre los deberes y poderes de los jueces y las facultades y cargas procesales de las partes. El Libro Primero contiene varias novedades. Por ejemplo, referidas a los modos de intervención de los abogados, adecuándolos a las formas consagradas en el nuevo Código Civil y Comercial; la regulación del domicilio y el expediente electrónico que agilizará notablemente los procesos y; favoreciendo el acceso a justicia, innova con un capítulo vinculado a las personas en situación de vulnerabilidad. Sanciones, medidas coercitivas y pecuniarias compulsivas a las partes, promueven la moralidad del proceso vinculada al deber de decir verdad, actuar con lealtad, buena fe y colaboración. A los jueces, se les imponen deberes precisos que los responsabilizan por la dirección del proceso. Luego, se pulieron las normas sobre nulidades, beneficio de litigar sin gastos, medidas cautelares (incorporando la novedad de la medida cautelar anticipatoria y las medidas anticautelares), preservación y producción anticipada de la prueba, recursos y, a la vanguardia en la Argentina, se incorporó la regulación de la prueba electrónica. El Libro Segundo sustituye las categorías tradicionales de procesos, al instaurar cuatro tipos: el proceso ordinario por audiencia, el proceso abreviado, los procesos urgentes, y los procesos especiales. El proceso por audiencias prevé dos actos complejos centrales: la audiencia preliminar y la audiencia final, con el reemplazo del registro mediante actas escritas por la video grabación. El proceso abreviado prevé la posibilidad de organizarlo mediante formularios y con plazos muy breves. Entre los procesos especiales, se destacan el desalojo, el de limitación de la capacidad de las personas y, la novedad del proyecto, el proceso monitorio. En relación con el proceso ejecutivo, se ha innovado en la forma de su notificación, agilizándola. El Libro Tercero desarrolla el procedimiento de ejecución de sentencia de tribunales argentinos y extranjeros, lo referente a la liquidaciones bienes, destacándose la regulación de la subasta electrónica. El Libro Cuarto regula el proceso sucesorio, adaptándolo al procedimiento establecido en el Código Civil y Comercial, de manera clara y sencilla. El último Libro regula el arbitraje tomando, como fuente las normas internacionales vigentes en la materia y las conclusiones de los eventos científicos, lo que podría convertir a Corrientes en sede de los arbitrajes del país, por su moderna regulación. Como resultado del proceso, cabe destacar el mecanismo participativo para su formulación que, a tenor de los resultados, debería guiar las modificaciones procesales pendientes en materia laboral y contencioso administrativo, para que en 2021 Corrientes resulte el espejo en el que puedan mirarse Argentina y América Latina.
(*) Abogado, Magíster en Litigación Oral, Miembro Titular de la Comisión Redactora por la Universidad de la Cuenca del Plata.