Imputaron a los padres de Tamara Salazar

Sin justicia. Con una muerte sin culpable. Con un fallo cuestionado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Con la corte correntina y una extraña dilación en la resolución de una apelación. Y con la imputación a los padres de una joven asesinada, porque su enojo se tradujo en violencia contra paredes de cemento, vidrio de ventanales y madera de muebles. En enero de 2016, Tamara Salazar, de 19 años y madre de un niño, quien vivía en el barrio San Marcos de Capital, fue hallada muerta en una alcantarilla al costado de la Ruta Provincial Nº5, a la altura del kilómetro 41, en cercanías a Lomas de González. La investigación apuntó a Raúl Escalante, un hombre con quien mantenía una relación amorosa y el último con quien fue vista con vida. Si bien para el Ministerio Público Fiscal, así como para la querella, las pruebas eran contundentes y suficientes para condenar a Escalante, el TOP Nº1 no lo entendió así. Para el trío de magistrados, la "insuficiencia probatoria" fue sinónimo de presunción de inocencia. Esa siesta del 26 de abril de 2018, con el fallo absolutorio, los padres de Tamara, Jorgelina Romero y Sergio Salazar, encabezaron una violenta protesta que fue secundada por familiares, amigos y militantes feministas y de organizaciones de Derechos Humanos. La turba provocó destrozos dentro y fuera de las instalaciones judiciales. Precisamente, por estos daños, imputaron a los padres de Tamara. La causa es por "daños a bienes del estado, amenazas y lesiones". Ayer se presentaron ante la Justicia y se abstuvieron de declarar. El abogado defensor de los padres de la joven mujer muerta, Hermindo González, apuntó que: "No es el camino de un Estado de derecho lógico". En este sentido, destacó que "me llama la atención, porque esta cuestión fue analizada por la justicia oportunamente. No se debió judicializar, debido al estado emocional en que estaba la pareja, al tiempo que se determinó que, si bien estuvieron entre los manifestantes, no fueron organizadores ni instigadores". Tras el fallo absolutorio, el STJ ordenó un nuevo juicio por la muerte de Tamara. Tal decisión fue apelada por la defensa de Escalante, quien pidió que el expediente pase a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. El STJ debe resolver qué hacer con el pedido. Hasta ahora, no lo hizo.