Piden sancionar a la intervención

A raíz de sucesivas irregularidades en la gestión de la comisión Directiva durante el período 2013-2016, el gobierno provincial dispuso la intervención del Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia el 5 de mayo de 2016. En un primer momento hubo resistencia por parte de la anterior presidente María de las Mercedes Solís de Zambrano que motivó la mediación de la Policía de Corrientes, para que entregue las llaves de las oficinas. Con el tema judicializado, finalmente Zambrano renunció ante "las presiones y el hostigamiento", y se conformó una comisión normalizadora. Finalmente, en octubre de ese mismo año el por entonces gobernador Ricardo Colombi suscribió el decreto designando a Julia Fernández Alcaraz al frente del Centro de Jubilados. "Dicha intervención se estableció con instrucciones precisas de restablecer el orden y la normalidad institucional, asimismo convocar a elecciones para la designación de las autoridades naturales teniendo en cuenta que se trata de una asociación civil sin fines de lucro la que sólo puede ser intervenido de modo excepcional y por períodos breves", recordó Franco. "Consideran que la intervención fue prorrogada en varias oportunidades por causas inconsistentes", agregó. En sus argumentos la asesora legal Ana María Maciel explicó que la causa presentada en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 contra el Ejecutivo solicita que se efectivice la sanción prevista por el decreto Nº 2645 del 23 de octubre de remoción de la intervención, como así también el otro decreto de prórroga Nº 903 del 23 de abril del corriente año efectuado en los mismos términos.

"Vencido la fecha, acreditato todos los elementos probatorios de desacato y del derecho de los socios a tener sus autoridades legitimas por no existir elementos que impidan su regularización y por estricta aplicación de la Convención Interamericana de los Derechos de los Adultos Mayores, es imperioso que la justicia se expida sobre la medida cautelar solicitada", indicó. Franco consideró que "hay un uso discrecional de los recursos del Centro de Jubilados para hacer campaña y posicionar a una delegada de Caá Catí, porque están armando una lista propia y aquellos que no comulgan con las ideas de la intervención son removidos". Los sectores que representan a los jubilados también recurrieron a caminos administrativos como una presentación sobre el caso al presidente de la Cámara de Diputados Pedro "Perucho" Cassani. A ello se suman las notas dirigidas a las autoridades del Consejo Federal de Adultos Mayores.