La base técnica y argumental de la ley de servicios de comunicación audiovisual salió de la universidad, más precisamente de algunas universidades de gestión estatal. Algunos doctores en comunicación, expertos y teóricos de la economía de los medios son celebrados cada tanto como autores intelectuales de la norma, concebida en 2009, el sexto año de poder del kirchnerismo justo después de la derrota electoral que le siguió al extenso conflicto con el sector agropecuario (marzo-junio de 2008) pero estratégicamente antes del recambio legislativo.

Ese sello Made in Universidad ha servido tanto para celebrar las maravillas de la ley (cercana a una suerte de verdad revelada por Unesco, ONU, OEA y Unión Europea y otras entelequias de un supuesto consenso progresista global), como para denostarla por alejada de la realidad. Julio Bárbaro y Jorge Lanata, entre muchos otros, suelen decirlo con todas las letras.

El proceso actual de estancamiento y deterioro de la ley que iba a refundar el sistema de comunicación en el país es hijo de aquella soberbia academicista, que sedujo también a sectores del progresismo genuino (los mismos que ahora votan con las dos manos la confiscación de las acciones de Repsol en YPF) que terminó de abrir el camino a la aprobación de la norma. ¿Alguien vio a Pino Solanas y compañía hablando de minería o pobreza en CN23, en Radio Nacional, en Tiempo Argentino, en 676 o en Página 12? 

Este estancamiento nada tiene que ver con el puñado de cautelares que beneficia a un puñado todavía más chico de grupos de medios sino con la falta de aplicación incluso de los artículos con mayor consenso o de los más aburridamente administrativos (¿por qué C5N, CN23 o Crónica TV, entre muchos otros, no publican la carpeta pública en Internet tal como están obligados; si la publicaran conoceríamos la composición accionaria de sus propietarios).

Prestigiosos estudiosos de la comunicación -que prácticamente nunca bajaron al barro del empleo real, y mucho menos del empleo en el sector privado, y ni qué hablar del emprendimiento a riesgo propio- fueron citados como auténticas autoridades cuya voz no podía otra cosa sino fulminar a los disidentes, reduciéndolos a meros ignorantes o condenándolos por mercenarios de sus patrones (o su patrón único: “la Corpo”). ¿No es la misma música que suena hoy cuando el nuevo mesías hijo de la universidad (Axel Kicillof) grita en el Congreso?

Algunos de esos académicos, intelectualmente honestos, empezaron a trazar líneas paralelas para quedar a salvo de lo que finalmente llegaría, la vergüenza (cuando no el temor) por lo que el kirchnerismo está haciendo en el ámbito de la libertad de información al aplicar o dejar de aplicar arbitrariamente la LSCA (como prefiere llamarse en los claustros a la ley de medios): una cosa es la ley (buena) y otra cosa es la aplicación que se está haciendo (mala), dicen. 

Fue raro ver el año pasado a dos prestigiosos intelectuales (aunque no se muy bien qué gremio es ese) debatiendo en el programa de Juan Pablo Varsky como si ambos no hubiesen aportado directa o indirectamente al texto legal finalmente aprobado. 

Mientras tanto, una multitud de “ayudantes de cátedra” de distintas categorías tuitean interpretaciones varias a un lado y otro de la línea con la que el kirchnerismo divide a los vendepatria (“los otros”) de los que se están adueñando de la patria (ellos mismos).

La demora en la aplicación de la ley de medios para los grupos afines (o para volver afines a los que quedaron flojos de papeles) y la compra irregular (que viola varios artículos de la ley) por parte del empresario kirchnerista Cristóbal López de los medios que fueron de Daniel Hadad volvió a agitar el terreno de “la soberbia academicista comunicacional”. Un profesor de la UBA, integrante además de los jurados que intervienen en el hasta ahora fallido concurso de licencias de televisión abierta, convocó a la unidad a “los que luchamos por una Ley de medios” para lograr que “la respeten tanto Clarín como los ’amigos’ del gobierno”. 

Las leyes, por sí solas, sin insuficientes para cambiar la realidad. La ley de medios prometía más voces y también prometía que íbamos a “hablar todos”. Lo que está pasando realmente en la Argentina de hoy va en el sentido contrario. 

Los medios comunitarios todavía no tienen licencias y siguen operando al margen de la ley, los aborígenes están sumidos en una pelea interna creada por los que quieren quedarse con las radios que por derecho les corresponden, las universidades están económicamente impedidas de tener medios si no se “alinean” (como las de Córdoba o la de La Plata), el tercer sector no tiene aún medios significativos, las cooperativas no lograron todavía ingresar de manera concreta al mercado de la TV paga, no hay más canales de televisión abierta ni más competencia en el de la TV paga, la televisión digital terrestre es un monopolio estatal con algunas voces privadas que acceden por “invitación”, no hay plan técnico ni se conoce si quiera el censo de medios que realizó Afsca Y la enumeración podría seguir. Estos son los resultados concretos a cerca de 3 años de la sanción de la ley y más de uno de su reglamentación. 

Los académicos que acríticamente impulsaron esta ley (o la defendieron luego de la misma manera, lo que choca con la escuela a la que mayoritariamente adscriben) deberían pedir disculpas, teorizar algo nuevo y distinto o reconocer que esta realidad les da vergüenza. Y lo que podría venir, les produce miedo.