En un contexto de constantes alzas en los precios de los combustibles, el Gobierno habría decidió enviar al Congreso un proyecto que declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación” al 50,01 por ciento de las acciones clase D de la petrolera YPF, hoy en manos de la española Repsol y, en menor medida, de sus socios argentinos del Grupo Petersen, perteneciente a la familia Eskenazi.

A nivel local, uno de los referentes de esa bandera, Eligio Vernes (propietario de la estación de Artigas y Ferré), señaló a época  que “nosotros no sabemos qué pasará. Quizás se dé un escenario mejor. Porque la verdad no estamos pasando por un buen momento, todo es incertidumbre y nadie nos consulta, ni nos dice nada”. 

El estacionero explicó además que “hay una fuerte disputa y estamos a la expectativa de que ocurrirá con el tema del aprovisionamiento y los precios”.

 

Millones en danza

Según medios nacionales, las acciones sujetas a expropiación son 100 millones del Grupo Petersen -todas las que tienen los Eskenazi- y 96.558.000 títulos de los que tiene Repsol. En total, YPF tiene actualmente 393 millones de acciones clase D, que hoy pertenecen en un 57,43 por ciento a Repsol y en un 25,46 por ciento al Grupo Petersen, mientras que un 17,09 por ciento flota en bolsa y un 0,02 por ciento ya está en poder del Estado argentino.

El proyecto también dice que el Estado podrá tomar la conducción de la empresa ni bien sea sancionada la ley, aunque no haya un acuerdo por el precio. Para eso, recurre a los artículos 57 y 59 de la ley de expropiaciones.

En el borrador, también se prevé la remoción total de la actual conducción de YPF y también se establece que la provincias petroleras (OFEPHI) tendrán lugar en la nueva composición accionaria. 

Mientras eso se define en Buenos Aires, las estaciones locales miran desde lejos la contienda pero no dejan de estar preocupados.